Cristina Kirchner denuncia “gravedad institucional” y reclamó una vez más que se investiguen las maniobras del borrado de los celulares del diputado Gerardo Milman y sus asesoras. Adelantó que recurrirá a la Corte Suprema en caso de negativa.
La querella insiste en investigar una reunión en las oficinas de Patricia Bullrich, que fue revelada por una de las colaboradoras de Milman, supuestamente para “borrar prueba”.
Los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal pidieron que se revea la decisión del fiscal Carlos Rívolo quien rechazó una serie de medidas de prueba vinculadas a la denominada “pista Milman” que aún está en instrucción y quedó fuera del juicio que comenzó por el intento de homicidio contra la exvicepresidenta.
Los argumentos del fiscal Carlos Rívolo para no hacer lugar a las medidas son, para los letrados de Kirchner, “insostenibles”.
Según los abogados, el fiscal rechazó la producción de medidas debido a que no se habría encontrado prueba relevante en los celulares secuestrados a Carolina Gómez Mónaco y a Ivana Bohdziewicz y analizados por la DATIP y la PSA.
“Este argumento es del todo llamativo: justamente, las medidas que se solicitan tienen que ver con que el contenido de los celulares relevante para la investigación habría sido borrado, por lo que lo esperable era que no apareciese nada de interés”, advierten los letrados.
La pista “Milman”
El 23 de septiembre de 2023, el testigo Jorge Abello dijo haber escuchado, en el bar Casablanca, al diputado Gerardo Milman decirles a dos asesoras “cuando la maten voy a estar camino a la costa”.
Su declaración, junto con otras evidencias, derivó en la citación a prestar declaración testimonial de Ivana Bohdziewicz y de Carolina Gómez Mónaco.
En esa oportunidad, y debido a evidentes inconsistencias en las declaraciones de las asesoras, los abogados de Cristina solicitaron el secuestro de sus dispositivos celulares.
La jueza María Eugenia Capuchetti lo rechazó, pero la Cámara Federal habilitó la medida. Al apelar, los letrados ya habían advertido del riesgo de que Bohdizewicz y Gómez Mónaco borraran el contenido de sus celulares.
Tras la decisión de la Cámara, la jueza delegó la instrucción en el fiscal Carlos Rívolo, quien volvió a convocar a las asesoras y, en esa oportunidad, secuestró sus teléfonos.
Al entregar su celular, Bohdziewciz admitió haber borrado contenido de su dispositivo.
Las pericias reflejaron la falta de información, pero, aun así, mostraron algunos indicios relevantes, como mensajes de Bohdziewicz de fecha 29 de agosto que decían “Chicas, borren todo lo del chat, mis fotos y demás, de la oficina, plis, por las dudas”, o mensajes de Gómez Mónaco en los que se hace alusión a la necesidad de “bloquear que Florencia se meta, que no se la intervenga, por eso, hay que emprolijarla”, quien podría ser la pareja de Gerardo Milman, según dice la presentación.
La oficina de Bullrich, el perito y el abogado
El 5 de mayo de 2023, Ivana Bohdziewicz se presentó espontáneamente a declarar y narró que Carolina Gómez Mónaco le había solicitado que la acompañase a las oficinas de Patricia Bullrich y Gerardo Milman.
Al llegar, se habría encontrado con Milman y un perito, que, a su vez, hablaban en altavoz con un abogado. El perito y el abogado le habrían pedido su celular para borrarlo, y le habrían recomendado a Gómez Mónaco que cambie su IPhone por un modelo nuevo y que no conserve lo respaldado en el iCloud (sistema de almacenamiento de Apple).
Los abogados solicitaron la producción de una serie de medidas de pruebas tendientes a constatar lo denunciado, que no fueron producidas por el fiscal ni por la jueza.
Entre lo solicitado, insistieron en que se investigue todo lo relacionado con el borrado de celulares denunciado por Ivana Bohdziewicz.
Medidas pedidas
Por ejemplo, pidieron que se requiera al gobierno de la CABA, que informe si existen cámaras en la zona del edificio de Avenida de Mayo 953 (donde se habrían reunido Gómez Mónaco, Milman, Bohdziewicz y un perito) y que envíen copias de filmaciones que abarquen el plazo comprendido entre los días 1 y 30 de noviembre de 2022.
También las filmaciones de las cámaras de seguridad propias del edificio ubicado en Avenida de Mayo 953, entre los días 1 y 30 de noviembre de 2022.
A la administración del edificio de Avenida de Mayo, para que remitiese información relativa a quién es el propietario del tercer piso y a qué oficinas o domicilios funcionan o están radicados en ese piso
Además a la PSA, con el fin de que realizase tareas discretas de investigación para despejar toda duda acerca de la existencia de cámaras de seguridad en el edificio.
A la Cámara de Apelaciones del fuero, para que remita el listado de causas en las que Patricia Bullrich o Gerardo Milman son parte, “para luego, requerir a todas las dependencias en las que tramiten las eventuales causas que los tengan como parte para que informen si, en alguna, designaron peritos de parte y quiénes eran estos peritos (esto, con el fin de identificar al perito en cuestión)”
Entre las medidas, solicitaron que se pida al Ministerio de Seguridad de la Nación, para que acompañase un listado de peritos o especialistas en informática en general empleados por esa cartera entre 2015 y 2019.
En caso que se identificase al perito y al abogado que participaron de la reunión llevada a cabo en Avenida de Mayo (el abogado, cuyo nombre sería “Diego”, por vía telefónica), a la DAJuDeCO, con el fin de que informase si existen comunicaciones entre estas dos personas, Milman, Bohdziewicz, los acusados del juicio Fernando Sabag Montiel, Nicolás Carrizo y Brenda Uliarte.
Además, insistieron con el pedido de allanamiento de las oficinas de Avenida de Mayo (donde habría tenido lugar el borrado). Indicaron que deberían secuestrarse los registros de entradas y salidas, las filmaciones de cámaras de seguridad internas de estas oficinas.
Rechazo fiscal
El fiscal rechazó esa línea de medidas de prueba con el argumento de que, por ahora, de los teléfonos secuestrados a Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco no habría surgido información de interés relativa al atentado contra Cristina Fernández de Kirchner.
Rívolo añadió que, antes de decidir, era necesario contar con los resultados de los peritajes de los celulares de Gómez Mónaco y Gerardo Milman que se encuentran pendientes de análisis.
Los letrados recordaron que cuándo, tras la declaración de Bohdziewicz se le secuestró un nuevo dispositivo, se trató de un iPhone 14 Pro Max, del que no entregó la contraseña y que es un dispositivo no analizable con la tecnología disponible en Argentina: “todo esto hace más verosímil el posible asesoramiento del perito”.
Milman y su posible “involucramiento en el atentado”
“Las medidas solicitadas son elementales. Es que la realización de una reunión para borrar prueba ante la posibilidad de que se secuestren dispositivos en esta causa, convocada por Milman, sería un elemento de convicción obviamente relevante para presumir un posible involucramiento de este último en el atentado. ¿Por qué, si no, estaba tan preocupado Milman por borrar no sólo su teléfono sino también los de sus asesoras?”, se preguntan los abogados.
“Sabemos que Milman entregó un celular posterior al atentado y ocultó líneas a su nombre: no tuvo consecuencias, hace más de medio año que la jueza no procede a los secuestros de sus dispositivos solicitados por el fiscal y habilitados por esta Sala. ¿Se va a dejar pasar, también, la existencia de una reunión para borrar y cambiar celulares, como si no tuviera importancia?”, advirtieron.
“Nos vemos obligados a recordar, porque parece que muchas veces se olvida, que se gatilló una pistola en el rostro de una dos veces presidenta de la Nación”, destacó la presentación judicial.
El juicio
El miércoles pasado, Fernando Sabag Montiel declaró en la primera audiencia del juicio que se sigue por el intento de homicidio: “Yo la quería matar a Cristina y Brenda Uliarte quería que muriera”.
En tanto, la fiscal del juicio Gabriel Baigún anticipó que hará un pedido de ampliación de la calificación legal con el agravante de violencia de género en forma de violencia política.
Fernando André Sabag Montiel, Brenda Elizabeth Uliarte y Gabriel Nicolás Carrizo llegan acusados como autor, partícipe necesaria y participe secundario, del delito de homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el empleo de un arma de fuego, en grado de tentativa, en perjuicio de la exmandataria.