En medio de una disputa judicial por la competencia de la causa, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, amplió la investigación por la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA, que promocionó el presidente Javier Milei, y ordenó reconstruir los movimientos de las billeteras virtuales asociadas al criptoactivo. El objetivo de la magistrada es determinar el destino de las millonarias sumas acumuladas y, en lo posible, congelar los fondos para proceder a su recuperación.
La jueza dispuso el monitoreo en tiempo real de las billeteras virtuales vinculadas al caso, incluidas las de los miembros del equipo que creó $LIBRA –entre ellos, el estadounidense Hayden Davis– y de las que habrían actuado con información privilegiada. La División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina será la encargada de supervisar los movimientos financieros y reportar de inmediato si parte de los fondos llegan a plataformas de compra y venta de criptoactivos que permitan congelarlos. La medida apunta a “proceder, eventualmente, al recupero de los activos de las víctimas”, según figura en la resolución judicial.
Las maniobras investigadas se centran en tres fechas clave: el 14 de febrero, día del lanzamiento del token; el 15 de febrero, cuando se anunció una inyección de fondos que nunca ocurrió; y el 17 de febrero, cuando un reposteo del presidente volvió a disparar su cotización.
El recorrido del dinero de $LIBRA
La investigación busca establecer cómo se desarrolló la operatoria. El 14 de febrero, en las horas previas al lanzamiento oficial, un grupo de billeteras adquirió tokens por unos 2,5 millones de dólares. Minutos después, el presidente Javier Milei publicó un mensaje en la red social X promocionando la criptomoneda, lo que hizo que su precio se disparara de 0,3 a 2,5 dólares en menos de 15 minutos. Luego alcanzó un pico de 4,65 dólares cuando la agencia Bloomberg informó que el mandatario había validado el proyecto.
A partir de las 21 horas de ese mismo día, las billeteras asociadas al equipo de desarrollo comenzaron a retirar los fondos de liquidez, lo que provocó un colapso del valor del token y pérdidas significativas para los inversores. Se estima que el drenaje de liquidez alcanzó los 90 millones de dólares.
El 15 de febrero, Hayden Davis aseguró públicamente que contaba con 100 millones de dólares para reinyectar en $LIBRA con el fin de recuperar su valor. Sin embargo, esa promesa no se cumplió y la cotización volvió a caer.
El 17 de febrero ocurrió un nuevo episodio bajo sospecha. A las 13 horas, Milei retuiteó un mensaje del economista Darío Epstein con instrucciones para comprar la criptomoneda. Momentos antes de esa publicación, cuatro billeteras adquirieron tokens por un monto equivalente a 3 millones de dólares. Luego del retuit presidencial, el valor del activo volvió a subir abruptamente, lo que permitió a esos operadores obtener una ganancia estimada en 9 millones de dólares. Una hora después, el presidente eliminó la publicación.
En su resolución, Arroyo Salgado afirmó que el caso “$LIBRA” podría constituir una “maniobra de estafa cripto” basada en marketing engañoso, manipulación de mercados y operaciones coordinadas en redes sociales para inflar artificialmente el valor del activo digital y luego vaciar sus reservas. La jueza agregó que el esquema incluiría estrategias conocidas como “rug pull” y “pump and dump”.
Las medidas de prueba que impulsa Arroyo Salgado
Para reforzar su competencia en la causa, la jueza solicitó información a la Casa Militar para confirmar si el presidente Milei se encontraba en la Quinta de Olivos durante las publicaciones en X. Ya se confirmó que estuvo en esa residencia oficial el 14 y el 15 de febrero, y ahora se busca verificar su ubicación el día 17.
También se solicitó a la plataforma X que informe desde qué dirección IP se realizaron los posteos presidenciales y si fueron eliminados. La jueza consultó al fiscal federal Eduardo Taiano para saber si también incluyó en su investigación lo ocurrido el 15 y el 17 de febrero, momentos posteriores al lanzamiento de la criptomoneda, cuando algunos de los principales impulsores del proyecto intentaron despegarse del mismo y eliminar rastros de su participación.
La resolución judicial señala que el proceso busca establecer si existió un hecho delictivo y, además, determinar si las conductas individuales de los implicados constituyeron un aporte a una maniobra fraudulenta. Según la magistrada, también debe evaluarse si esas conductas se realizaron con conocimiento y voluntad de violar la ley y si existió un acuerdo de voluntades entre los participantes.
Entre los imputados en la causa figuran el presidente Javier Milei; los empresarios Hayden Davis y Julian Peh; el escritor Agustín Laje; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y los asesores Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. La investigación procura determinar si sus intervenciones fueron deliberadas y coordinadas.
La disputa por la competencia judicial
Mientras tanto, continúa el conflicto por la jurisdicción del caso. El fiscal federal de San Isidro, Federico Iuspa, presentó un planteo de incompetencia al considerar que los hechos deben investigarse en los tribunales federales de Comodoro Py, bajo la intervención de la jueza María Servini y el fiscal Eduardo Taiano.
Arroyo Salgado remitió el planteo a la Cámara Federal de San Martín, que deberá resolver si apoya la competencia de su Juzgado o si ordena trasladar la causa a Comodoro Py. Si ratifica su jurisdicción, el conflicto podría escalar hasta la Cámara Federal de Casación Penal.
A pesar de esta disputa, la jueza sostuvo que había medidas urgentes que debían ser adoptadas para evitar la dispersión de los fondos y preservar los activos de los damnificados por las maniobras investigadas.