La investigación por la venta de mercadería que el ministerio de Desarrollo Social destina a sectores carenciados y comedores dejó al descubierto la falta de controles del Estado. La Policía y la Justicia ya tienen identificados a varias personas que comercializaban los productos, pero ahora están tras los pasos de los responsables de haber realizado esta maniobra.
A primera hora del jueves, el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, cumpliendo la orden que le había dado el gobernador, Osvaldo Jaldo, se presentó en la oficina del fiscal Ignacio López Bustos para brindarle un dato clave. Le explicó informalmente cómo era la distribución de los productos. Así se encendieron todas las alarmas y la pesquisa comenzó a redireccionarse.
El sistema, según la información a la que tuvo acceso LA GACETA, es así:
– Módulos alimentarios es el nombre de los paquetes de alimentos que se entregan a personas carenciadas que realizan un trámite para conseguirlo, organizaciones no gubernamentales y sociales, comunas y municipios. Cada módulo pesa aproximadamente ocho kilos y tiene fideos, azúcar, yerba, leche y puré de tomate, entre otros alimentos no perecederos.
– El sistema de compra de los productos es directa. El Ministerio llama a los interesados en vender sus productos y envían sus presupuestos. Luego de un cotejo, se compra al empresario que realizó la mejor propuesta. Al cerrar el acuerdo, envían los víveres a la empresa de transporte Hacha de Piedra que está ubicada en la ruta que une Alderetes con el aeropuerto Benjamín Matienzo.
– La última compra que realizó el Estado es cercana a 600.000 kilos de alimentos, lo que representa casi 75.000 módulos, cuyo valor era en promedio de $8.000 cada uno.
La pesquisa
Hace poco más de dos semanas, Massa recibió denuncias de que personas estarían vendiendo los víveres que eran entregados por Desarrollo Social. Personal de la ex Brigada de Investigaciones confirmó la versión y realizó varios allanamientos. En las medidas, solicitadas por el fiscal Sale, las autoridades secuestraron mercadería y detuvieron a tres sospechosos, a los que un juez dictó la prisión preventiva.
“Seguimos investigando y aportando datos que pueden ser útiles a la Justicia. Vamos a ir hasta el fondo, tal como lo pidió el gobernador Jaldo”, explicó el Ministro en una entrevista con LA GACETA. Sin embargo, prefirió no dar detalles por temor a entorpecer la investigación. Pero algunas líneas ya están siendo analizadas por los pesquisas.
Una de ellas es la confirmación de cómo era el sistema de distribución de los módulos. Las personas retiran los paquetes en el depósito que Desarrollo Social tiene en Lavalle al 2.300, mientras que todos los demás lo hacen del depósito de la empresa de transporte que además es la encargada de entregar la mercadería en fardos y pallets, ya que todos estos beneficiarios después se encargan de repartir de manera individual. La firma, según reconocieron fuentes vinculadas a la investigación y al Poder Ejecutivo recibía $25 millones por realizar esta tarea.
“La mayoría de la mercadería secuestrada fue encontrada en fardos. Eso nos permite sospechar que las retiran de la empresa de transporte”, explicó un pesquisa. Un dato que surgió: hay 72 organizaciones sociales que retiran los víveres con este sistema, pero en la provincia no habría más de 24 las reconocidas oficialmente. “Todo es materia de investigación. Hemos aportado toda la información a la Justicia. Vamos a cambiar este sistema”, adelantó Masso. Las nuevas autoridades descubrieron que la entrega de los víveres se hacía sin ningún control estatal, aunque los beneficiarios estaban obligados a presentar un CD con información detallada de cuál era su destino.
LA GACETA pudo establecer que más del 50% de los 600.000 kilos de mercadería eran retirados de los depósitos de Piedra del Hacha. La otra gran pregunta que aún no tiene respuesta es desde cuándo se habría desarrollado esta maniobra. No hay una respuesta concreta, pero sí un dato que podría ayudar a esclarecer: entre los víveres secuestrados aparecen paquetes de arroz, que no fueron adquiridos por esta gestión, sino por la anterior.
Fuente: La Gaceta