En el marco de la investigación por la presunta estafa vinculada al lanzamiento de $LIBRA, la querella encabezada por el diputado Juan Grabois solicitó que se cite a indagatoria al presidente Javier Milei; a su hermana, Karina Milei; al trader Mauricio Novelli; y al resto de los implicados en la promoción de la criptomoneda. La petición, presentada este viernes ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi, se apoya en las últimas revelaciones obtenidas del teléfono celular de Novelli, donde se hallaron conversaciones y registros de llamadas entre el empresario y el Presidente en las horas justo antes y después del tuit con el que anunció el lanzamiento del token.
Para la querella, esta evidencia demuestra que existía un vínculo comercial previo entre ambos. «La prueba recolectada acredita que (Milei) negoció personalmente, en ejercicio de la presidencia, las condiciones de un acuerdo por el cual recibiría -directa o indirectamente a través de su entorno- contraprestaciones millonarias en criptoactivos», señala el documento.
No es la primera vez que la Justicia recibe un pedido de este tipo: a mediados de marzo, dos organizaciones de la sociedad civil reiteraron el requerimiento, que ya habían formulado en 2025, para que se cite a indagatoria al mandatario en el marco de la causa que está a cargo del fiscal Eduardo Taiano.
Por su parte, la defensa del empresario cripto Mauricio Novelli reclamó la nulidad de una pericia considerada clave en la causa vinculada al caso $LIBRA y solicitó que todo el material obtenido sea apartado del expediente. El planteo apunta contra el informe realizado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), al que acusa de estar afectado por «una pluralidad de vicios graves» que comprometen su validez.
En un escrito ante el juzgado federal a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, el abogado Daniel Rubinovich sostuvo que la actividad pericial «no reúne la mínima fiabilidad constitucionalmente exigible para permanecer en el proceso» y denunció fallas en la cadena de custodia, accesos indebidos al material y la incorporación de información ajena a los parámetros establecidos.
Según la presentación, se constataron «accesos indebidos, visualizaciones no justificadas y copias locales» de documentación relacionada con la pericia por parte de personal de la misma dependencia. Para la defensa, esta situación implica una ruptura en la cadena de custodia que «impide asegurar la integridad, autenticidad y trazabilidad del material».
El reclamo también cuestiona el alcance del análisis realizado. Señala que el relevamiento «desbordó los parámetros de búsqueda fijados», incorporando información que no había sido autorizada y afectando la intimidad del imputado y de terceros.