La decisión fue adoptada luego de la audiencia celebrada en el día de la fecha, en la que se debatieron los planteos de las defensas, la intervención del Ministerio Público Fiscal y la oposición de la querella. Con esta resolución, el magistrado dispuso el cierre del proceso penal en esta instancia.
Sin embargo, la querella anunció de manera inmediata que impugnará el fallo, al considerar que la resolución es prematura, que no se alcanzó el estándar legal de «certeza negativa» exigido para un sobreseimiento, y que existen pruebas relevantes que no fueron valoradas en un juicio oral y público.
Entre los elementos señalados por la querella se encuentran pericias médicas y biológicas, evidencia digital incorporada al expediente, registros de comunicaciones, testimonios y otros elementos probatorios que -según sostienen- debieron ser analizados con inmediación judicial en un debate oral, con participación de peritos y posibilidad de contraexamen.
Desde la representación de la víctima remarcaron que el sobreseimiento no implica una declaración de inocencia, sino una decisión procesal que será revisada por instancias superiores. En ese sentido, anticiparon que recurrirán la resolución por las vías legales correspondientes, conforme a lo previsto en el Código Procesal Penal.
Asimismo, la querella subrayó que el tratamiento del caso debe adecuarse a los estándares establecidos en la Ley 27.732 de Protección de Víctimas y en la Ley 26.485, que obligan al Estado a garantizar una investigación efectiva en casos de violencia sexual y a evitar cierres anticipados que puedan implicar revictimización o violencia institucional.
La causa continuará ahora en el ámbito de revisión judicial, donde se analizará la validez del sobreseimiento dictado y la procedencia de los recursos anunciados.