El Gobierno y la petrolera YPF se presentaron ante la jueza Loretta Preska para rechazar un pedido de los fondos demandantes, financiados por Burford Capital, quienes buscan utilizar información obtenida durante el proceso judicial en Estados Unidos en un eventual arbitraje internacional.
Según el escrito presentado por la defensa argentina, a cargo del estudio Sullivan & Cromwel, esa documentación está protegida por un acuerdo de confidencialidad vigente que limita su uso exclusivamente al litigio en curso en tribunales estadounidenses. Ese entendimiento, además, fue homologado por la Justicia hace casi seis años y cuenta con respaldo de un fallo de cámara favorable al país.
En ese sentido, los abogados sostuvieron que el planteo de los demandantes contradice lo pactado entre las partes. Recordaron que la orden vigente establece que el material recolectado durante el proceso, conocido como «discovery», solo puede utilizarse para la tramitación o defensa de esa causa específica, y no en otros procedimientos presentes o futuros.
Desde la posición oficial advierten que los fondos intentan modificar esas condiciones para poder trasladar toda la evidencia reunida en Nueva York a un eventual reclamo ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). El objetivo, según interpretan, sería reforzar su estrategia judicial tras el revés sufrido en Estados Unidos.
También cuestionó la oportunidad del pedido y señaló que los demandantes aún no iniciaron formalmente el arbitraje internacional, por lo que no corresponde habilitar el uso de esa información en un proceso que todavía no existe. En ese marco, consideran que no hay fundamentos para modificar la orden de confidencialidad vigente.
El trasfondo de la disputa está vinculado al reciente fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que dejó sin efecto la condena de primera instancia contra la Argentina por unos 16.100 millones de dólares en el juicio por la expropiación de YPF en 2012. Tras esa decisión, los fondos anticiparon que buscarán revertir el resultado en la Justicia estadounidense y, en paralelo, avanzar con una presentación ante el CIADI.
Este organismo internacional interviene en disputas entre Estados e inversores extranjeros y fue un escenario frecuente de litigios para la Argentina en las últimas décadas. Sin embargo, sus fallos requieren luego validación judicial, generalmente en Estados Unidos, para poder ejecutarse.