El Tribunal Oral Federal número siete rechazó un planteo para apartar a la Unidad de Información Financiera (UIF) de su rol de querellante en la Causa Cuadernos.
El pedido había sido formulado por Benjamín Gabriel Romero, del Grupo EMEPA; Rodolfo Armando Poblete, del Grupo Romero; José María Olazagasti, ex secretario del ex ministro Julio De Vido; Hugo Alberto Dragonetti, dueño de la firma Panedile; Juan Manuel Abal Medina, ex jefe de Gabinete; Claudio Javier Glazman, ex director de Sociedad Latinoamericana de Inversiones; Hernán Camilo Gómez, ex asesor del Ministerio de Planificación y Roberto Baratta, ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión de esa cartera.
La UIF ya desistió de la acusación contra varios de ellos, según se desprende del fallo.
Según el planteo, la UIF está facultada para “prevenir la comisión de dos delitos en particular: el lavado de activos y la financiación del terrorismo”. Pero “no se investiga actualmente la comisión de ninguno de los dos delitos cuya competencia le fue encomendada a la UIF”, sostuvieron los imputados.
El Tribunal Oral, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, respondió que se trata de “una cuestión que ya ha sido discutida”.
“La cuestión fue nuevamente tratada, a raíz de la excepción de falta de acción de la UIF como parte querellante en las presentes actuaciones y el planteo de inconstitucionalidad introducidos en la presente causa por la defensa de Julio De Vido, los que fueron rechazados por el Juzgado instructor”, precisó el tribunal oral.
Los jueces resaltaron “la facultad de ser querellante del Estado Nacional ya que, como persona jurídica, tiene la capacidad de estar en juicio y constituirse como tal”.
En efecto, la normativa autoriza a la UIF a “intervenir como parte querellante en los procesos en los que se investigue la comisión de los delitos tipificados en aquellos casos que así lo ameriten”.