Avanza la causa contra Alberto Fernández por violencia de género contra Fabiola Yañez y el fiscal Ramiro González ya trabaja en el pedido de elevación a juicio oral.
En abril, la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del exmandatario por “lesiones leves agravadas por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género”, “lesiones graves” y “amenazas coactivas” contra la exprimera dama, con quien mantenía una relación desde al menos 2016 hasta mediados de 2024.
Luego de un proceso que llevó un año, el fiscal pidió la opinión a las partes: Yañez presentó un escrito en el que planteó una pena de 12 años, además de rechazar cualquier compensación como probation.
El caso se encuentra en la etapa final. González cerró la investigación y ya tramita el pedido de elevación a juicio oral para presentarlo ante el juez Julián Ercolini, según precisó Clarín, quien recientemente le contestó a Alberto Fernández y le solicitó que deje de dilatar la instancia final y declare ante un tribunal.
La investigación en etapa final
La investigación determinó que hubo un “contexto de violencia de género signado por la particular relación asimétrica de poder entre Alberto Ángel Fernández y Fabiola Andrea Yañez, por lo menos desde el año 2016 hasta el 6 de agosto del 2024”.
Según el fallo que en abril confirmó el procesamiento de Fernández, el cual lleva la firma de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, la Cámara sostuvo que durante esos años existió un vínculo marcado por la “desigualdad de poder” y “violencia habitual y constante”, especialmente de tipo psicológica, pero también con episodios físicos recurrentes.
Además, se destacó que los ataques se produjeron en un entorno de aislamiento forzado dentro de la Quinta de Olivos, donde Fernández ejercía plena autoridad. “Hay fuertes motivos para sostener que los hechos concretos y objetivos que fueron preliminarmente acreditados en la causa, que incluyeron lesiones y otras formas de violencia de género practicadas por quien mantenía una marcada desigualdad de poder con ella, fueron la causa de un marcado deterioro en las condiciones de salud de la víctima”, señalaron los jueces.
Asimismo, remarcaron que la situación de vulnerabilidad de Yáñez era conocida por el imputado desde el inicio de la relación. “Todo demuestra que la damnificada estaba en una situación de desigualdad de poder, al interior y exterior de la pareja”, agregaron.
Con la investigación cerrada, los abogados de la denunciante presentaron un escrito en el que señalaron: “Corresponde reiterar y remarcar que el imputado no solo fue presidente de la Nación, sino que también en el pasado ejerció distintos cargos como funcionario público, abogado, docente y con reconocimiento social. Cabe destacar que más allá del poder real que aquel tuviera, dicha trayectoria instalaba a nivel simbólico la certeza de esa asimetría”.
Por el otro lado, la defensa del expresidente llevó adelante una serie de planteos, y solicitó nuevas medidas de prueba para intentar ganar tiempo. Sin embargo, Ercolini rechazó todos los planteos.
“La medida dispuesta no veda en forma alguna la garantía de defensa en juicio del imputado sino por el contrario, entiendo que con el avance hacia la instancia posterior, encontrará un marco adecuado de discusión en el debate oral, en donde el ejercicio del contradictorio tiene mayor amplitud que en esta etapa preliminar del proceso”, determinó el magistrado.
En febrero de este año, Ercolini había dispuesto el procesamiento de Alberto Fernández, el embargo de sus bienes por diez millones de pesos y una orden de restricción: le prohibió acercarse a menos de 500 metros de su expareja o contactarla por cualquier vía, ya sea física, telefónica o digital.
En su defensa, el expresidente presentó una apelación de 59 páginas en la que rechazó todas las acusaciones y pidió su sobreseimiento. Alegó que la resolución judicial carece de pruebas directas, que se basa en interpretaciones subjetivas y que los presuntos chats en los que Yáñez relataba situaciones de violencia no fueron extraídos de su dispositivo original.
“La ausencia de evidencia directa no puede ser reemplazada por construcciones subjetivas”, argumentó su defensa.
Mientras avanza la causa por violencia contra la exprimera dama Fabiola Yañez, la Justicia dispuso un régimen de visitas presencial entre Alberto Fernández y su hijo Francisco. La modalidad es provisoria, durante tres meses, y los encuentros van a ser en la ciudad de Buenos Aires, una semana al mes. El nene reside en España junto a su madre.