El manejo de los fondos municipales fue puesto bajo tela de juicio por la oposición. Legisladores de bancadas no oficialistas cuestionaron los modos en que se administran los recursos públicos y denunciaron falta de transparencia, luego de conocerse que la Justicia Federal resolvió archivar por inexistencia de delitos por el retiro de casi $37.000 millones bajo la modalidad “cheque por ventanilla” de cuentas oficiales de los municipios de Banda del Río Salí, Famaillá, Lules y Monteros, entre 2023 y 2024.
“Que una causa se archive por falta de pruebas no significa que los hechos estén esclarecidos. Significa que no se pudo probar un delito, pero no responde a la pregunta central: qué se hizo con esos fondos”, objetó el legislador Ricardo Bussi.
El presidente del bloque Fuerza Republicana consideró que persisten serias dudas sobre la administración de esos recursos. “No han mostrado ni un solo recibo. Basta recorrer esas ciudades para ver que ese dinero no fue destinado a obras, ni a mejorar la calidad de vida de los vecinos. Tucumán no puede naturalizar que se manejen millones sin explicaciones claras”, cue stionó.
Ex intendentes explicaron que es habitual la operatoria que provocó la denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) por el retiro de fondos. Dijeron que se usan para brindar asistencias urgentes, como medicamentos, entre otros. Afirmaron, a su vez, que se probó la trazabilidad de los dineros, que para cada uno de estos desembolsos hay un expediente y que los órganos de contralor aprobaron las cuentas de inversión. La radical Silvia Elía de Pérez, sin embargo, consideró preocupante que se intenten justificar estas prácticas como operatorias habituales de los municipios.
“Si lo habitual es retirar millones en efectivo sin trazabilidad, entonces estamos frente a un problema mucho más profundo: un sistema que naturaliza la discrecionalidad en el uso de los fondos públicos”, fustigó la legisladora. Remarcó que continuarán exigiendo transparencia, controles reales y rendición de cuentas. “Gobernar no es solo no cometer delitos, es administrar con honestidad, de cara a la gente y con reglas claras que no dejen lugar a sospechas”, acotó.
En tono mucho más duro se expresó José Macome, quien apuntó contra la Justicia Federal por desestimar las pruebas aportadas por la Procelac y la Unidad de Información Financiera. “Aprobar una cuenta de inversión no es un certificado de honestidad; sabemos que en esos municipios los Concejos funcionan como escribanías del intendente”, disparó. Calificó como un “retroceso institucional gravísimo” y una señal de “impunidad selectiva” el cierre de la investigación, y apuntó contra el funcionario judicial Rafael Vehils Ruiz. “El fiscal no investigó lo suficiente”, declaró.
El presidente del bloque Compromiso Tucumán, Claudio Viña, dijo que no es pertinente decir que es una injusticia cuando el fallo no satisface o que es justo si la determinación coincide con las preferencias. “Si la Justicia Federal concluyó que no hay delito, debo suponer que es así”, dijo respecto a la determinación que tomó el juez subrogante Guillermo Díaz Martínez a instancias del fiscal. Sin embargo, apuntó contra la disparidad que hay en la distribución de fondos para municipios según sean más o menos afines a la Casa de Gobierno.
“Con o sin comprobantes, es un despropósito que algunos municipios, sobre todo, el que corre con el caballo del comisario, reciban millones para dádivas o ayudas sociales discrecionales. Rendidas, o no, con comprobantes, lo mismo los sitúa en una posición de privilegio con respecto a otros municipios o candidatos en épocas electorales. La culpa no la tiene el chancho, sino quien le da de comer. Y todos sabemos quién es”, embistió el parlamentario.
También reclamó claridad y transparencia el radical Agustín Romano Norri. “El dictamen es revelador al hablar de una ‘displicencia en la operatoria’ y un ‘manejo arbitrario de recursos’. Que un hecho no sea un delito no significa que sea correcto ni mucho menos transparente. La sociedad tucumana necesita saber qué pasó con esos fondos que, en municipios como Banda del Río Salí o Alberdi, representaron extracciones masivas en fechas sospechosamente cercanas a los comicios de 2023”, expresó.
El legislador capitalino, a su vez, mencionó que no se puede permitir que la discrecionalidad sea la norma. “Necesitamos una reforma política profunda que elimine estos ‘agujeros negros’ financieros”, propuso.
El legislador Manuel Courel, por su parte, consideró gravísimo que se haya determinado el archivo de la causa sin abrir una investigación. “El mismo dictamen del fiscal está admitiendo que ha habido desprolijidades administrativas. Realmente es muy grave que la Justicia no haya hecho lugar a la investigación. Lamentablemente en Tucumán no se investigan los casos de corrupción. Nosotros vamos a seguir denunciando y poniendo en manifiesto las arbitrariedades con las que se maneja el Ministerio del Interior”, arremetió. /La Gaceta