El ex intendente de Juan Bautista Alberdi, Luis Campos, y su esposa, la actual legisladora oficialista Sandra Figueroa, fueron citados por la Justicia Federal para declarar como imputados en el marco de una investigación que los vincula con maniobras de narcotráfico, lavado de activos y asociación ilícita. La medida fue ordenada por el juez José Manuel Díaz Vélez, tras un requerimiento del fiscal Rafael Vehils Ruiz, que reunió indicios suficientes para avanzar en el proceso.
El expediente comenzó en junio pasado, cuando se viralizó un audio entre Campos y el empresario Roque “Chipi” Jiménez, en el que se insinuaban vínculos con el narcotráfico y presuntas irregularidades con fondos de obras públicas. La pesquisa inicial estuvo a cargo de la fiscal Mónica García de Targa, pero al detectar delitos de competencia federal, el caso pasó a manos de Vehils Ruiz.
El fiscal reconstruyó un esquema en el que los ingresos de la venta de drogas habrían sido blanqueados mediante contratos de obras públicas, alquileres y actividades comerciales, entre ellas una imprenta ligada al ex secretario de Hacienda, José Roldán, y la empresa Giménez Consulting Group, de “Chipi” Jiménez, contratada por más de $ 500 millones para proyectos que nunca se ejecutaron o quedaron inconclusos.
Además de Campos y Figueroa, la lista de investigados incluye a Roldán, acusado de girar fondos municipales sin justificación a una imprenta vinculada a su hija; Albano Loru, exedil que creó una cooperativa de limpieza pese a la existencia de personal municipal para esa tarea; y Pablo “Maceta” Barrionuevo, señalado por alquilar su camioneta particular a la oficina de Desarrollo Social que él mismo dirigía.
En paralelo, el gremialista José “Cucha Mota” Funez, quien denunció estas irregularidades, fue procesado en la justicia ordinaria, pero quedó en calidad de testigo en el fuero federal, por lo que no será indagado junto al resto.
La ronda de declaraciones se extenderá durante esta semana en los tribunales federales. El miércoles deberán comparecer Roldán, Loru y Barrionuevo; el jueves lo hará Jiménez; y el viernes será el turno de Campos y Figueroa.
El acto procesal permitirá a los acusados conocer formalmente las pruebas en su contra, responder preguntas o guardar silencio, antes de que el magistrado resuelva si continúan en libertad o quedan detenidos.
Aunque Sandra Figueroa goza de fueros parlamentarios, estos no le impiden presentarse a indagatoria. Sin embargo, en caso de que el juez decida procesarla, deberá solicitar a la Legislatura tucumana que le retire esa inmunidad.
La investigación, que comenzó con un audio filtrado y derivó en denuncias de corrupción estructural, ahora se centra en determinar si existió un entramado criminal que combinó fondos del narcotráfico con contratos municipales.
La definición del juez Díaz Vélez en los próximos días marcará un punto decisivo en un caso que sacude a la política del sur tucumano.