El Ministerio de Seguridad de Tucumán tomó una drástica decisión: la Comisaría Seccional Segunda, ubicada en calle Buenos Aires 479, fue inhabilitada de manera preventiva y provisoria por riesgo inminente de derrumbe, según lo dispuesto por la Resolución N° 748/7, publicada en el Boletín Oficial. La medida, que incluye el traslado inmediato de personas y bienes, responde a un informe técnico que revela el avanzado deterioro estructural del edificio, agravado por advertencias previas de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y promesas incumplidas de remodelación desde 2021.
La resolución surge tras la solicitud del Jefe de Policía de la Provincia, Joaquín Girvau, para reparar urgentemente el inmueble. Según el texto oficial, la Dirección de Catastro y Edificación de la Municipalidad capitalina, el 18 de julio indicó que «la fachada se encuentra en mal estado y en peligro de derrumbe, emplazando al Departamento General de Policía a que proceda a la reparación de grietas previo estudio de las causas de las mismas”.
El peritaje de la División de Ingenieros del Departamento General de Policía fue aún más alarmante, señalando que “el edificio presenta un estado estructural delicado, su infraestructura es precaria en cuanto a la instalación eléctrica y de gas, presenta pérdida de fluidos cloacales, y otros daños, por lo que no se encuentra apta para el funcionamiento del edificio, y afecta a las propiedades colindantes, recomendando la inhabilitación preventiva y provisoria del lugar”.
El deterioro pone en riesgo “la seguridad pública, la salud y el orden público, tanto para las personas que transitan diariamente las instalaciones de la Comisaría Seccional citada, agentes, visitantes, detenidos, familiares, vecinos, público en general, como para los bienes que se custodian en ella”, según la resolución, justificando la necesidad de “adoptar medidas preventivas inmediatas”.
Por ello, el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa resolvió disponer «la inhabilitación preventiva y provisoria del inmueble hasta tanto se reparen las irregularidades edilicias y se constate que se encuentran aptas para el desarrollo de las actividades propias del funcionamiento de la citada repartición policial”.
La resolución también ordena al Departamento General de Policía ejecutar acciones inmediatas, incluyendo “el traslado inmediato de las personas y los bienes que se encuentran destinados y/o alojados en el inmueble” y “el inmediato apuntalamiento provisorio de la estructura edilicia, acorde al estado edilicio actual, a fin de evitar desprendimientos y cualquier otro tipo de daños”.
Además, se instruyó gestionar una locación provisoria para la Comisaría y solicitar al Ministerio de Obras y Servicios, a través de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU), “la intervención de su competencia, para la atención y resolución, con carácter de urgente, de la situación edilicia del inmueble”.
Altas fuentes de la Fuerza comentaron que los reos fueron reubicados en otras reparticiones y se están desarrollando escasos trabajos administrativos solamente. Además, confirmaron que al tratarse de un edificio declarado patrimonio histórico, no puede ser demolido.
Este cierre preventivo revive un problema señalado hace años. En 2021, el entonces ministro de Seguridad, Claudio Maley, anunció un ambicioso plan de remodelación para la Comisaría Seccional Segunda y la Brigada Femenina, ubicadas en el mismo edificio, considerado patrimonio histórico. En ese entonces, el director de la DAU, Alfredo Quinteros, (actual interventor) señaló que “se hizo un proyecto en el cual se van a recuperar y ampliar partes nuevas, vamos a tratar de intervenir 2100 metros cuadrados, lo que va a hacer que tenga un buen funcionamiento, recordando que allí funciona no solamente la comisaría segunda sino también la Brigada Femenina”.
El proyecto, que incluía mantener la fachada histórica, avanzó hasta el nivel de anteproyecto, pero quedó estancado en la búsqueda de fondos y licitaciones. Quinteros estimó entonces que “a partir de la mitad del segundo semestre estaríamos en condiciones de comenzar la obra”, una meta que nunca se cumplió.
La inhabilitación actual pone en evidencia la falta de avances en un edificio clave para la seguridad de la capital tucumana. Mientras el Ministerio de Seguridad coordina el traslado y las reparaciones urgentes, los vecinos y agentes esperan que esta vez las promesas de mejora se concreten, evitando riesgos mayores en una estructura que, por su estado, amenaza no solo la operatividad policial sino también la seguridad de toda la zona. /Tendencia de Noticias