El juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 se reanudó este martes con el último de los alegatos de las defensas a cargo del abogado Miguel Arce Ageo, quien representa a dos de los 13 acusados, los exfuncionarios de Vialidad Juan Carlos Villafañe y Raúl Santibañez.
La fiscalía «hizo una construcción errónea» de las acusaciones en su «frondoso alegato», comenzó Arce Ageo en la audiencia iniciada pasadas las 9.30 ante el Tribunal Oral Federal 2.
El letrado, junto a Villafañe y Santibañez, acudieron de manera presencial a los tribunales federales de Retiro, en la sala de audiencias en la que también estaban los integrantes del Tribunal Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.
Las restantes partes seguían el debate por videoconferencia y con la finalización de este alegato se ingresará en la etapa de réplicas, si es que la fiscalía solicita realizarlas y luego la de últimas palabras para llegar al veredicto.
Arce Ageo anticipó que pedirá la absolución de sus dos representados y consideró que «el error más grave» de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola fue que «confundieron los ámbitos de imputación» al «poner el perro delante de los caballos», graficó.
«Es un error de praxis, tengo que primero acreditar que el delito objetivamente se cometió», dijo el abogado.
La fiscalía pidió seis años de prisión para Villafañe, expresidente de la Administración General de Vialidad de la provincia de Santa Cruz (AGVP), como supuesto autor de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública
Para Santibañez, quien tuvo el mismo cargo, solicitó cuatro años de cárcel.
La defensa consideró que los fiscales «no pudieron acreditar bajo ningún punto de vista» que haya habido perjuicio al erario del Estado Nacional.
«Ningún presidente de la AGVP manejó fondos nacionales, nunca», advirtió.
En el juicio se debate el supuesto direccionamiento en la adjudicación a empresas del también acusado Lázaro Báez de 51 obras públicas nacionales en Santa Cruz, presuntos sobreprecios e incumplimientos.
En la causa es juzgada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien la fiscalía pidió condenar a 12 años de prisión mientras que su defensa reclamó ya la absolución en su alegato final.
Además se juzga a Báez, al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, al exsecretario de Obra Pública José López, entre otros.