El juicio por el femicidio de Érika Antonella Álvarez comenzará este lunes en Tucumán, con tres acusados, alrededor de 70 testigos y un pedido de prisión perpetua contra Felipe “El Militar” Sosa, señalado como el presunto autor del crimen. El proceso, que se extendería hasta el 11 de diciembre, también podría abrir nuevas líneas de investigación sobre posibles vínculos con el narcotráfico y otras personas que habrían intervenido en los hechos.
El fiscal Pedro Gallo sostendrá la acusación contra Sosa por femicidio y solicitará la pena máxima prevista por el Código Penal. Además, pedirá seis años de prisión para Justina Gordillo y Jorge “Chicho” Díaz, quienes llegarán al debate imputados por encubrimiento.
Un cuarto involucrado, Nicolás Navarro Flores, ya fue condenado a tres años de prisión efectiva mediante un juicio abreviado, después de reconocer su participación en el encubrimiento.
Si no se presentan cuestiones preliminares, la primera audiencia estará dedicada a los alegatos de apertura, durante los cuales la Fiscalía, la querella y las defensas expondrán sus respectivas versiones de lo ocurrido y anticiparán las pruebas que utilizarán para respaldarlas.
El tribunal estará integrado por los jueces Gonzalo Ortega, María Valeria Mibelli y Elina Gómez Moreira, quienes deberán evaluar las evidencias y determinar la responsabilidad penal de cada uno de los imputados.
Además del fiscal Gallo, intervendrá Carlos Garmendia como representante de la familia de Érika. La defensa de Sosa estará a cargo de Marcelo Cosiansi y Rubén Flores; Gordillo será asistida por María Florencia Abdala y Camilo Atim; mientras que Juan Pablo Bello representará a Díaz.
La cantidad de testigos constituye uno de los aspectos más importantes del proceso. Está previsto que declaren aproximadamente 70 personas, entre investigadores policiales, peritos, familiares de la víctima, especialistas forenses y personas vinculadas laboralmente con los acusados.
También comparecerán profesionales que participaron en los estudios de autopsia y en los análisis de los teléfonos celulares incorporados al expediente.
Uno de los testimonios que genera mayor expectativa es el de Navarro Flores, cuyas declaraciones durante la investigación resultaron fundamentales para reconstruir los acontecimientos posteriores a la muerte de Érika.
Su condición de condenado por encubrimiento será un aspecto que las partes podrán utilizar tanto para respaldar como para cuestionar la credibilidad de sus afirmaciones.
La investigación también dejó abiertas otras cuestiones que podrían adquirir relevancia durante las audiencias.
Una de ellas está relacionada con presuntos vínculos de Sosa con la comercialización de estupefacientes.
Los familiares de Érika mencionaron en distintas oportunidades la relación que la joven habría mantenido con Carlos “El Paraguayo” Ferreira, un hombre señalado por sus presuntas conexiones con el narcotráfico y que habría establecido en el noroeste argentino su lugar de residencia y operaciones.
Sin embargo, los eventuales delitos relacionados con drogas no forman parte de la acusación que será examinada en este juicio.
En caso de que aparezcan nuevos elementos durante las declaraciones, el tribunal podría disponer su remisión a las autoridades competentes para que evalúen la apertura de otra investigación.
Otra cuestión que podría surgir durante el debate está vinculada con versiones sobre reuniones sexuales grupales que supuestamente habría organizado Sosa, con la participación de personas relacionadas con sectores del poder provincial y presunto consumo de drogas.
Hasta el momento, esas versiones no fueron confirmadas judicialmente y deberán ser tratadas como hipótesis sin acreditar.
El proceso también incluirá una discusión sobre la reparación económica reclamada por los familiares de la víctima.
Inicialmente, la familia había solicitado una indemnización superior a los $ 500 millones. Posteriormente, se estableció que únicamente los padres estaban habilitados para formular el reclamo, por lo que la suma quedó fijada en más de $200 millones.
A ese monto se agregan los $100 millones que Navarro Flores se comprometió a pagar como parte del acuerdo alcanzado en su juicio abreviado.
Por la complejidad del expediente, la cantidad de personas convocadas y las posibles derivaciones judiciales, el debate aparece como uno de los procesos penales de mayor repercusión pública previstos para este año en Tucumán.
La fecha estimada para su finalización es el 11 de diciembre, aunque el cronograma podría modificarse si las partes desisten de algunos testimonios o surgen nuevas cuestiones procesales.
Durante las próximas semanas, el tribunal deberá escuchar las distintas versiones, examinar las pruebas y resolver si la acusación presentada por la Fiscalía resulta suficiente para dictar una condena.
Hasta entonces, los tres imputados mantienen su presunción de inocencia y su responsabilidad penal deberá determinarse exclusivamente a partir de las pruebas producidas durante el juicio./Contexto