La última jugada del ministerio de Capital Humano, homologando 19 acuerdos colectivos firmados entre sindicatos y cámaras empresarias, no calmó las aguas del arco gremial. Porque desde la CGT hasta las CTA pasando por el sindicalismo más combativo siguen observando que las negociaciones paritarias contienen un techo oficial para que la inflación no se descontrole.
En la CGT, los entornos de distintos popes le recalcan a Agencia Noticias Argentinas que los últimos pactos homologados por la cartera de Sandra Pettovello fueron la excepción y no la regla. Porque, generalmente, cuando alcanzan entendimientos con los ejecutivos con aumentos salariales por encima del 2%, promedio de inflación mensual, se chocan con el freno de la secretaria de Trabajo. Un freno que, en La Libertad Avanza, se le atribuye al ministro de Economía, Luis Caputo.
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“Se nota muchísimo que no tienen margen para homologar por encima de esa cifra”, determinan en la CGT sobre el rol del área que lidera Caputo. A ese propósito libertario, con el fin de contener la suba de precios, se suma que muchos empresarios se adaptan a la norma.
En las charlas, dicen que ante la crisis económica tampoco pueden otorgar alzas de remuneraciones. Lo que deja como conclusión, para el gremialismo, que el poder adquisitivo está lejos de una recuperación.
Desde ya, no creen en el número del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que divulgó la semana pasada que las remuneraciones aumentaron 2,7% mensual en agosto, marcando una suba real de 1 punto porcentual con respecto a la inflación del mes de julio (1,7%).
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El tema siempre ronda en las conversaciones que tiene uno de los secretarios general cegetistas, Cristian Jerónimo. “Cuando uno firma por arriba del porcentaje, no homologan las paritarias, hay poco de libertad. Siempre se jactan de que no interfieren en la discusión entre privados, y lo primero que hacen es no homologarte la inflación”, lamentó en una de las últimas entrevistas que brindó. Y no confía en absoluto en la vocación de diálogo del oficialismo, más allá de abrir el juego con ciertos sindicatos con la homologación de convenios pendientes de validación.
El 21 de octubre pasado, Trabajo le dio certeza legal a los entendimientos que se hicieron en el marco de la Ley de Negociación Colectiva N.º 14.250. Según Capital Humano, la ley funciona como “una herramienta institucional para formalizar los consensos alcanzados entre trabajadores y empleadores”. Por eso, suscribió lo firmado entre la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) con las principales entidades del agro.
A esa rúbrica se añadió la validez de las conversaciones de diferentes rubros, como la enseñanza privada, el transporte automotor de pasajeros de Córdoba, las estaciones de servicio, los servicios sanitarios de la provincia de Buenos Aires y los medios de comunicación.
La cartera sostuvo que su accionar reflejó “su compromiso con la promoción del diálogo social, la negociación colectiva y la construcción de consensos entre los distintos actores del mundo del trabajo”. Y que la acción contribuye “a la previsibilidad de las relaciones laborales y al sostenimiento de la paz social”. Pero puertas adentro de la dependencia oficial también hay otro mensaje: los funcionarios le piden responsabilidad a las partes para sostener el proceso de baja de inflación que comenzó Milei. No les gusta hablar de techo, eso sí.
En otras palabras, no quieren “convalidar cualquier acuerdo” y lamentan las ventajas que consideran que ciertos dirigentes sindicales tratan de sacar en las mesas de negociación.