La investigación por presunta comercialización de éxtasis, ketamina, LSD y otras drogas sintéticas en Tucumán sumó nuevos elementos que podrían ampliar significativamente el alcance de la causa judicial abierta el pasado sábado.
La pesquisa, que tuvo un origen fortuito tras un accidente de tránsito en Yerba Buena, reveló una modalidad de venta inusual para este tipo de delitos, la existencia de posibles clientes vinculados al ambiente de las fiestas electrónicas y evidencias que alimentan la hipótesis de que el principal acusado no sólo distribuía sustancias prohibidas, sino que también podría haber participado en su elaboración.
El principal imputado es Enrique Sánchez Loria, de 36 años, quien quedó detenido por disposición judicial luego de que una investigación derivara en el secuestro de una importante cantidad de drogas sintéticas valuadas en al menos $ 60 millones.
El expediente comenzó de manera inesperada el 10 de abril, cuando Sánchez Loria protagonizó un accidente vial sobre la avenida Aconquija, en Yerba Buena.
Mientras era asistido por efectivos policiales, los uniformados encontraron en una mochila que llevaba consigo cinco tubos que contenían una sustancia sospechosa. Posteriormente, especialistas de la Dirección General de Drogas Peligrosas confirmaron que se trataba de material compatible con drogas sintéticas, dando origen a la investigación.
A partir de ese hallazgo, un equipo encabezado por los oficiales Diego Rojas y Carla Lazarte inició una serie de tareas investigativas. En una primera etapa, lograron establecer que el sospechoso residía en un departamento ubicado en calle Jujuy al 200, en la capital tucumana.
Posteriormente, mediante seguimientos y vigilancias encubiertas, detectaron movimientos compatibles con la comercialización de estupefacientes, verificando que el acusado realizaba entregas tanto en la vía pública como dentro del edificio donde vivía.
Durante la audiencia de formulación de cargos, la auxiliar fiscal Elina González explicó que los investigadores también tomaron testimonios a vecinos del inmueble. Según indicó, muchos de ellos se mostraron reticentes a declarar debido al temor que les generaba el sospechoso, a quien consideraban una persona peligrosa.
La representante del Ministerio Público señaló además que las averiguaciones permitieron identificar entre los potenciales compradores a personas de elevado poder adquisitivo relacionadas con el circuito de las fiestas electrónicas, una circunstancia que refuerza la línea investigativa desarrollada por la Dirección General de Drogas Peligrosas.
Con los elementos reunidos, el fiscal José Sanjuán solicitó una orden de allanamiento sobre la vivienda del acusado. La medida fue autorizada por la jueza Ana María Iácono y ejecutada el sábado bajo la coordinación de los comisarios Jorge Nacusse y Rufino Medina.
Antes de concretar el ingreso al inmueble, los investigadores observaron una situación que despertó nuevas sospechas. Un hombre identificado como Nicolás Avellaneda ingresó al edificio y salió pocos minutos después.
Al ser interceptado, los efectivos encontraron entre sus pertenencias una sustancia que tenía consignado el nombre de otra persona, una dirección de entrega y la suma de $ 34.000, monto que presuntamente correspondería al valor de la transacción. A raíz de este hallazgo, los investigadores consideran que podría haber participado de alguna manera en la operatoria investigada.
Durante el allanamiento, los policías secuestraron 458 pastillas de éxtasis, más de 600 tubos Eppendorf utilizados habitualmente para el fraccionamiento y dosificación de drogas sintéticas, cinco frascos de ketamina líquida y 29 troqueles de LSD, conocidos popularmente como “pepas”. También incautaron $ 5 millones en efectivo, U$S 700 y cuatro reales.
Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue la metodología utilizada por Sánchez Loria para organizar la distribución de las sustancias.
Según detalló la Fiscalía, las bolsas que contenían diferentes cantidades de éxtasis estaban identificadas con nombres de presuntos compradores y datos como domicilios o números telefónicos, una práctica considerada inusual dentro de actividades ilícitas de este tipo. Por ello, se sospecha que la distribución se realizaba mediante un sistema de reparto o que los clientes retiraban personalmente la mercadería en el departamento.
Los investigadores consideran además que las lesiones sufridas por Sánchez Loria en el accidente podrían haber afectado temporalmente ese mecanismo de distribución.
La audiencia judicial también estuvo marcada por un fuerte debate sobre la legalidad del origen de la investigación. Los defensores Jorge Montalván Rentería, representante de Sánchez Loria, y Maximiliano Mavsovich, abogado de Avellaneda, plantearon la nulidad de las actuaciones al sostener que los policías revisaron la mochila del principal acusado sin autorización judicial, vulnerando garantías constitucionales.
Durante su declaración, Avellaneda aseguró que es únicamente consumidor y negó cualquier vínculo con actividades de comercialización. Sánchez Loria, por su parte, decidió no responder sobre los cargos formulados, aunque insistió en desvincular a su consorte de causa y reiteró en varias oportunidades que la mochila fue inspeccionada sin su consentimiento.
La Fiscalía solicitó prisión preventiva por cuatro meses para ambos acusados, mientras que las defensas se opusieron. En el caso de Sánchez Loria, su abogado pidió que, en caso de dictarse una medida cautelar, se le otorgara arresto domiciliario debido a que tiene a su cargo el cuidado de dos hijos menores de edad durante la semana.
Finalmente, el juez Guillermo Taylor rechazó el pedido de exclusión probatoria formulado por las defensas y dispuso medidas cautelares para los imputados.
En su resolución ordenó que Nicolás Avellaneda permanezca detenido durante 15 días, mientras que Sánchez Loria continuará privado de la libertad por un plazo de 120 días mientras avanza una investigación que podría revelar nuevas derivaciones dentro del circuito de comercialización y eventual producción de drogas sintéticas en Tucumán.
Fuente: Contexto