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    Femicidio de Érika Álvarez: llamadas y mensajes que complican a Sosa y a los acusados de encubrimiento

    17 de noviembre de 202611 Mins Lectura
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    El análisis de las comunicaciones telefónicas de Felipe El Militar Sosa permitió reconstruir sus movimientos durante las horas posteriores al femicidio de Érika Antonella Álvarez y aportó elementos a la investigación sobre la presunta participación de otras tres personas en el encubrimiento del crimen. Los peritos detectaron una intensa actividad en el celular del principal acusado durante el 7 de enero, con llamadas y mensajes dirigidos a su expareja, amigos, empleados y un abogado, algunos de los cuales despertaron sospechas por su contenido y por el momento en que fueron enviados.

    La información incorporada al juicio permitió establecer una secuencia de contactos que, según la hipótesis de la Fiscalía, se produjo mientras Sosa intentaba deshacerse del cuerpo de la víctima y organizar sus movimientos posteriores. Las evidencias también fueron utilizadas para sostener las acusaciones contra Justina Gordillo, ex pareja del imputado y empleada judicial; Nicolás Navarro Flores, amigo de Sosa y primer condenado en la causa; y Jorge Chicho Díaz, trabajador de las empresas del acusado.

    Aunque los especialistas no consiguieron recuperar el contenido de las conversaciones telefónicas, sí pudieron determinar sus horarios, duración e interlocutores. Además, rescataron intercambios de WhatsApp que ahora forman parte de las pruebas examinadas durante el debate.

    Uno de los contactos más frecuentes fue Navarro Flores. De acuerdo con la reconstrucción presentada en el juicio, el femicidio se habría cometido entre las 5 y las 7 de la mañana del 7 de enero. Sin embargo, las comunicaciones entre ambos comenzaron antes: Sosa llamó a su amigo a la 1.33 y volvió a hacerlo a las 7.15, 7.22, 7.48, 7.53, 7.55, 8.02 y 8.08.

    De esas ocho llamadas, solamente dos fueron atendidas y las conversaciones sumaron poco más de tres minutos. Ante la falta de respuestas, a las 8.18 Sosa le envió un mensaje preguntándole si acudiría a su encuentro.

    Posteriormente continuaron los contactos. A las 9.56, Navarro Flores le escribió para consultar sobre un supuesto trámite de transferencia de un bien. Los investigadores consideran la posibilidad de que esa conversación tuviera un significado diferente del expresado literalmente, especialmente porque para entonces Sosa ya habría recibido asesoramiento jurídico.

    La secuencia adquirió mayor relevancia cuando se estableció que el acusado se dirigió al domicilio de Navarro Flores poco antes del momento en que, según la Fiscalía, abandonó el cuerpo de Érika en un descampado. A las 11.31 le envió un mensaje solicitándole que bajara, pero no obtuvo respuesta.

    Entre las 11.35 y las 15.41 volvieron a comunicarse mediante mensajes que incluyeron una invitación a jugar al pool y una propuesta comercial. Los investigadores analizan si esas referencias encubrían otros asuntos.

    Durante la tarde intercambiaron nuevas comunicaciones y acordaron encontrarse alrededor de las 18 en la vivienda donde se habría producido el asesinato. De esos diálogos también surgió que Navarro Flores le habría ofrecido a Sosa utilizar un galpón perteneciente a su familia.

    Otro contacto relevante fue Fernando Etienot, abogado de las empresas del principal acusado. Sosa intentó comunicarse con él a las 7.24 y a las 7.29, sin obtener respuesta inicialmente. El profesional le devolvió la llamada a las 7.29 y conversaron durante un minuto y cuarenta segundos.

    Cuatro minutos después, Etienot le envió un mensaje con el número 107, correspondiente al servicio de emergencias médicas. A continuación, le preguntó si necesitaba que enviara una ambulancia.

    Entre las 7.34 y las 7.44, el abogado intentó llamarlo otras cinco veces, pero ninguna comunicación fue atendida. A las 7.45 volvió a escribirle para obtener una respuesta. Finalmente, Sosa se comunicó con él a las 7.50 y a las 8.31, en conversaciones que totalizaron algo más de dos minutos.

    Etienot compareció ante el fiscal Pedro Gallo y confirmó que había mantenido ese intercambio con el acusado. Sin embargo, el representante del Ministerio Público no pudo profundizar sobre el contenido de las conversaciones debido al secreto profesional. El abogado fue convocado como testigo para declarar durante el juicio.

    También apareció en los registros Jorge Luna padre, señalado como propietario de la vivienda que alquilaba Sosa y donde se habría cometido el femicidio. El acusado intentó llamarlo a las 7.25, pero no fue atendido. Luna se comunicó con él después de las 9.

    La relación telefónica con Justina Gordillo constituyó otro de los puntos examinados por los investigadores. Los primeros mensajes entre ambos fueron enviados a las 0.45 y estuvieron relacionados con una discusión previa. Más adelante intercambiaron comunicaciones sobre una gestión escolar vinculada con sus hijas, asunto que continuaron tratando hasta después de las 9.

    No obstante, desde las 7.34 comenzaron a registrarse llamadas entre Sosa y Gordillo. Según la cronología de la investigación, ella habría sido la última persona de su círculo íntimo en recibir una comunicación telefónica del acusado después del horario estimado del asesinato.

    La Fiscalía sospecha que durante ese contacto Sosa pudo haberle informado sobre la muerte de Érika, aunque el contenido de la llamada no fue recuperado. Desde entonces y hasta aproximadamente las 8.30 se registraron más de diez comunicaciones, con duraciones de entre uno y nueve minutos.

    Las conversaciones continuaron durante la jornada. Después de las 17, Sosa le escribió a su ex pareja para plantearle la posibilidad de transferir a su nombre las empresas que estaban bajo su titularidad. Para los investigadores, ese intercambio podría estar relacionado con las recomendaciones legales que el acusado habría recibido durante las horas anteriores.

    En cuanto a Jorge Chicho Díaz, los peritos determinaron que sus contactos con Sosa habían comenzado el 6 de enero, cuando el empresario le pidió que acudiera a su domicilio para realizar tareas relacionadas con una motocicleta, limpiar la pileta y cortar el césped.

    El 7 de enero volvieron a comunicarse a partir de las 18.45. Los mensajes recuperados estuvieron vinculados con la coordinación de los horarios en que Díaz debía presentarse en la vivienda.

    Los especialistas también identificaron comunicaciones realizadas desde una línea inicialmente atribuida a un usuario desconocido. Los mensajes enviados durante el 6 y el 7 de enero permitieron establecer que se trataba del propio Díaz, quien buscaba recuperar un teléfono celular que había olvidado en la casa de Sosa.

    Otro intercambio que llamó la atención de los investigadores se produjo después de las 9 del día del crimen. Sosa se comunicó con una línea registrada a nombre de Miguel Carabajal, aunque los pesquisas sospechan que era utilizada por una empleada de alguna de sus empresas. En esa conversación solicitó un listado de las personas que tenían asignados los teléfonos móviles de las firmas.

    Posteriormente continuaron los contactos. A las 9.56, Navarro Flores le escribió para consultar sobre un supuesto trámite de transferencia de un bien. Los investigadores consideran la posibilidad de que esa conversación tuviera un significado diferente del expresado literalmente, especialmente porque para entonces Sosa ya habría recibido asesoramiento jurídico.

    La secuencia adquirió mayor relevancia cuando se estableció que el acusado se dirigió al domicilio de Navarro Flores poco antes del momento en que, según la Fiscalía, abandonó el cuerpo de Érika en un descampado. A las 11.31 le envió un mensaje solicitándole que bajara, pero no obtuvo respuesta.

    Entre las 11.35 y las 15.41 volvieron a comunicarse mediante mensajes que incluyeron una invitación a jugar al pool y una propuesta comercial. Los investigadores analizan si esas referencias encubrían otros asuntos.

    Durante la tarde intercambiaron nuevas comunicaciones y acordaron encontrarse alrededor de las 18 en la vivienda donde se habría producido el asesinato. De esos diálogos también surgió que Navarro Flores le habría ofrecido a Sosa utilizar un galpón perteneciente a su familia.

    Otro contacto relevante fue Fernando Etienot, abogado de las empresas del principal acusado. Sosa intentó comunicarse con él a las 7.24 y a las 7.29, sin obtener respuesta inicialmente. El profesional le devolvió la llamada a las 7.29 y conversaron durante un minuto y cuarenta segundos.

    Cuatro minutos después, Etienot le envió un mensaje con el número 107, correspondiente al servicio de emergencias médicas. A continuación, le preguntó si necesitaba que enviara una ambulancia.

    Entre las 7.34 y las 7.44, el abogado intentó llamarlo otras cinco veces, pero ninguna comunicación fue atendida. A las 7.45 volvió a escribirle para obtener una respuesta. Finalmente, Sosa se comunicó con él a las 7.50 y a las 8.31, en conversaciones que totalizaron algo más de dos minutos.

    Etienot compareció ante el fiscal Pedro Gallo y confirmó que había mantenido ese intercambio con el acusado. Sin embargo, el representante del Ministerio Público no pudo profundizar sobre el contenido de las conversaciones debido al secreto profesional. El abogado fue convocado como testigo para declarar durante el juicio.

    También apareció en los registros Jorge Luna padre, señalado como propietario de la vivienda que alquilaba Sosa y donde se habría cometido el femicidio. El acusado intentó llamarlo a las 7.25, pero no fue atendido. Luna se comunicó con él después de las 9.

    La relación telefónica con Justina Gordillo constituyó otro de los puntos examinados por los investigadores. Los primeros mensajes entre ambos fueron enviados a las 0.45 y estuvieron relacionados con una discusión previa. Más adelante intercambiaron comunicaciones sobre una gestión escolar vinculada con sus hijas, asunto que continuaron tratando hasta después de las 9.

    No obstante, desde las 7.34 comenzaron a registrarse llamadas entre Sosa y Gordillo. Según la cronología de la investigación, ella habría sido la última persona de su círculo íntimo en recibir una comunicación telefónica del acusado después del horario estimado del asesinato.

    La Fiscalía sospecha que durante ese contacto Sosa pudo haberle informado sobre la muerte de Érika, aunque el contenido de la llamada no fue recuperado. Desde entonces y hasta aproximadamente las 8.30 se registraron más de diez comunicaciones, con duraciones de entre uno y nueve minutos.

    Las conversaciones continuaron durante la jornada. Después de las 17, Sosa le escribió a su ex pareja para plantearle la posibilidad de transferir a su nombre las empresas que estaban bajo su titularidad. Para los investigadores, ese intercambio podría estar relacionado con las recomendaciones legales que el acusado habría recibido durante las horas anteriores.

    En cuanto a Jorge Chicho Díaz, los peritos determinaron que sus contactos con Sosa habían comenzado el 6 de enero, cuando el empresario le pidió que acudiera a su domicilio para realizar tareas relacionadas con una motocicleta, limpiar la pileta y cortar el césped.

    El 7 de enero volvieron a comunicarse a partir de las 18.45. Los mensajes recuperados estuvieron vinculados con la coordinación de los horarios en que Díaz debía presentarse en la vivienda.

    Los especialistas también identificaron comunicaciones realizadas desde una línea inicialmente atribuida a un usuario desconocido. Los mensajes enviados durante el 6 y el 7 de enero permitieron establecer que se trataba del propio Díaz, quien buscaba recuperar un teléfono celular que había olvidado en la casa de Sosa.

    Otro intercambio que llamó la atención de los investigadores se produjo después de las 9 del día del crimen. Sosa se comunicó con una línea registrada a nombre de Miguel Carabajal, aunque los pesquisas sospechan que era utilizada por una empleada de alguna de sus empresas. En esa conversación solicitó un listado de las personas que tenían asignados los teléfonos móviles de las firmas.

    La investigación también incorporó mensajes enviados por un hombre de apellido Zamora, quien sería trabajador de una de las compañías del acusado. A las 18.06, este le informó que Díaz le había entregado unos estuches con objetos que Sosa había solicitado guardar.

    Los investigadores sospechan que esos elementos podrían haber sido armas de fuego que el principal acusado mantenía en su domicilio.

    La hipótesis se apoya, entre otros indicios, en un intercambio de mensajes en el que Sosa manifestó su intención de retirar de la vivienda unos objetos que describió como cuadros de elevado valor económico. Argumentó que planeaba viajar la semana siguiente y que temía sufrir un robo.

    Zamora le respondió que esos elementos ya habían quedado guardados. Para los investigadores, la referencia a los cuadros podría haber sido una manera de aludir a las armas sin mencionar expresamente su naturaleza.

    Esta interpretación todavía debe ser examinada junto con el resto de las pruebas incorporadas al expediente.

    El análisis de los teléfonos permitió reconstruir contactos, horarios y posibles desplazamientos durante una jornada decisiva para la investigación. Sin embargo, la imposibilidad de conocer el contenido de las llamadas impone límites a las conclusiones que pueden extraerse únicamente de esos registros.

    Por ese motivo, las declaraciones testimoniales y el examen conjunto de las evidencias serán determinantes para establecer qué significaron las comunicaciones, si existió una coordinación destinada a ocultar el crimen y cuál fue la responsabilidad individual de cada uno de los acusados.

    Mientras tanto, la Fiscalía sostiene que los registros digitales constituyen una pieza central para reconstruir las horas posteriores al femicidio de Érika Antonella Álvarez y esclarecer las circunstancias en las que Sosa habría intentado desprenderse del cuerpo de la joven.

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