Los cuatro tucumanos detenidos bajo la acusación de haber lavado más de US$14 millones vinculados con el Comando Vermelho negaron los cargos durante sus declaraciones indagatorias. Afirmaron que operaban con criptomonedas, pero que desconocían que detrás de las transacciones se encontraba la organización criminal brasileña.
El juez federal José Manuel Díaz Vélez deberá evaluar ahora las pruebas reunidas por la Fiscalía y los argumentos de las defensas para resolver la situación procesal de Mauricio Alejandro Córdoba, de 28 años; Francisco Alejandro Aragón, también de 28; y sus respectivas madres, Elisa Torres Toledo y Alejandra Agüero. Mientras tanto, los cuatro continuarán detenidos.
La investigación comenzó hace casi cuatro años, cuando la Unidad de Información Financiera detectó movimientos sospechosos entre personas radicadas en diferentes puntos de la Argentina.
El reporte fue analizado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, que identificó una serie de operaciones presuntamente destinadas a introducir fondos ilegales en el sistema financiero.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, Marcelo Clayton Alves de Sousa, señalado como el responsable financiero de la estructura, se instaló en la Argentina para lavar dinero obtenido por el Comando Vermelho mediante el narcotráfico, el tráfico de armas, los secuestros extorsivos y otros delitos.
Alves de Sousa, considerado el presunto organizador de las maniobras, permanece prófugo.
Los investigadores sostienen que en diciembre de 2022 creó un grupo de WhatsApp denominado “Cuenta Arg verificados”. Desde allí, bajo el alias “Sakamoto”, habría impartido instrucciones a personas reclutadas para operar con activos virtuales.
La estructura habría movilizado alrededor de US$500 millones mediante operaciones de compra y venta de criptomonedas.
Según la acusación, los integrantes convertían los activos digitales en fondos con apariencia lícita a través de diferentes transacciones. El dinero era transferido posteriormente a cuentas propias o de terceros y finalmente enviado a Alves de Sousa.
A cambio de esas tareas, los operadores recibían una comisión cuyo monto todavía no fue determinado.
Después de más de tres años de investigación, los responsables de la pesquisa identificaron a los cuatro sospechosos de Tucumán.
El fiscal federal Agustín Chit abrió entonces una causa paralela y concluyó que Córdoba, Aragón, Torres Toledo y Agüero habrían participado en la estructura local.
La Fiscalía estima que entre marzo de 2021 y marzo de 2023 introdujeron en el circuito financiero más de US$14 millones presuntamente relacionados con el Comando Vermelho.
Córdoba y Aragón habrían recibido criptomonedas procedentes de billeteras controladas por la organización brasileña y actuado como operadores técnicos del esquema.
La maniobra habría consistido en vender esos activos a terceros, quienes depositaban pesos argentinos en cuentas bancarias o billeteras virtuales administradas por los imputados. Luego, el dinero era fraccionado y redistribuido a otras personas.
Para concretar las operaciones se habrían utilizado de manera sistemática plataformas de intercambio de criptoactivos, billeteras digitales y cuentas bancarias abiertas a nombre de los investigados o de terceros vinculados con ellos.
La acusación sostiene que la organización tucumana funcionaba de manera estable y coordinada para recibir, convertir y distribuir activos virtuales y dinero fiduciario con el propósito de ocultar su verdadero origen.
En el caso de Torres Toledo y Agüero, la Fiscalía afirma que habrían prestado sus nombres para abrir cuentas utilizadas en la operatoria. Personas allegadas a ambas aseguraron que desconocían por completo esos movimientos financieros.
En febrero, Chit solicitó medidas cautelares sobre los bienes identificados durante la investigación. El juez Díaz Vélez ordenó congelar US$208.693, que fueron depositados judicialmente en una cuenta especial del Banco Nación.
El magistrado también dispuso restricciones sobre ocho participaciones societarias —siete de ellas registradas en el extranjero—, cuatro vehículos, alrededor de 50 productos bancarios y 10 inmuebles, varios situados fuera del país.
Después de reunir nuevos indicios, el fiscal pidió una serie de allanamientos que fueron ejecutados durante los últimos días por efectivos de la División Antilavado de la Policía Federal.
Tres de los acusados fueron detenidos durante los procedimientos. El cuarto se presentó espontáneamente ante las autoridades después de conocer que existía una orden de captura en su contra.
Los agentes secuestraron dispositivos electrónicos y documentación que serán analizados para establecer el alcance de las operaciones y las posibles conexiones con otros integrantes de la estructura.
Durante las indagatorias, los cuatro imputados rechazaron haber conocido el supuesto origen criminal de los fondos. Reconocieron que realizaban transacciones con criptomonedas, pero negaron haber actuado deliberadamente para el Comando Vermelho.
Díaz Vélez deberá determinar si procesa a los acusados, dicta su falta de mérito o dispone su sobreseimiento. La decisión se adoptará a partir de las evidencias aportadas por la Fiscalía y de los descargos presentados por cada defensa./Contexto