Durante la última sesión legislativa, celebrada el pasado jueves, se aprobó la ratificación de un convenio clave entre la Provincia y el Municipio capitalino, que permitirá la transferencia de fondos nacionales a través del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE). Sin embargo, el debate político que generó la iniciativa se centró más en los serios problemas estructurales del servicio de transporte público en Tucumán que en el acuerdo en sí.
Legisladores de todos los bloques coincidieron en un diagnóstico crítico: la falta de un sistema de pago unificado entre líneas urbanas e interurbanas perjudica diariamente a miles de usuarios.
Desde la oposición, las voces fueron especialmente contundentes. La legisladora Silvia Elías de Pérez calificó la situación como una «vergüenza provincial», al remarcar que los pasajeros deben utilizar diferentes tarjetas para trasladarse entre jurisdicciones. Cuestionó también el sistema de subsidios vigente y la falta de transparencia en la asignación de fondos públicos. “Seguimos subsidiando la oferta y no la demanda. Y no sabemos cómo se reparte la plata”, lanzó.
El radical Manuel Courel apuntó directamente a la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), a la que acusó de bloquear la implementación de la SUBE en los servicios interurbanos para proteger negocios paralelos. En la misma línea, el libertario José Seleme consideró que el actual sistema de subsidios es poco claro y beneficia a sectores empresariales que no rinden cuentas. Ricardo Bussi, por su parte, resaltó la transparencia de la SUBE frente al manejo discrecional de los subsidios provinciales.
En el oficialismo también se oyeron cuestionamientos. El legislador Gerónimo Vargas Aignasse no escatimó críticas hacia Aetat, a la que tildó de “factor de poder” que ha utilizado a los trabajadores como herramienta de presión y ha especulado con subsidios para evitar inversiones genuinas. “Todos lo sabemos: usaron a los choferes para forzar al Estado y evitar que se pongan reglas claras”, sentenció.
Pese a los señalamientos, los legisladores oficialistas defendieron las políticas provinciales. Carlos Najar propuso que el abordaje del problema sea metropolitano, mientras que Tulio Caponio y Roque Álvarez pusieron el foco en los recortes nacionales aplicados por el gobierno de Javier Milei. “Si no fuera por el esfuerzo de la Provincia, el boleto costaría $ 1.500 como en otras jurisdicciones”, remarcó Álvarez. Además, advirtió que el número de usuarios cayó debido a la falta de recursos económicos en la población.
Agustín Romano Norri, desde la bancada radical, valoró la compra de 100 nuevas unidades por parte del gobierno provincial, aunque reconoció que todavía es necesario avanzar en una verdadera coordinación entre los distintos servicios. En tanto, José Cano criticó a la administración de Milei por profundizar la inequidad en la distribución de fondos entre el AMBA y el resto del país.
El convenio con el Ejecutivo municipal se aprobó con el apoyo de la oposición, pese a las duras críticas expresadas durante el debate. Para muchos, representa un primer paso hacia una reforma más profunda que permita unificar el sistema de pago, mejorar la calidad del servicio y transparentar el uso de los subsidios. Pero también quedó claro que la disputa por el control y la transformación del transporte en Tucumán está lejos de haberse saldado.
Fuente: Contexto