El Tribunal Oral Federal de Paraná condenó a un hombre de 77 años que cruzó tres provincias con media tonelada de dinamita escondida en su camioneta.
Alberto Barnada fue condenado a tres años de prisión en suspenso tras haber sido encontrado culpable del delito de tráfico ilegal de explosivos.
El jubilado misionero se dedicó gran parte de su vida al comercio de equipos viales y mineros, hasta que sorpresivamente fue detenido el año pasado en un control rutero de rutina cuando iba de Córdoba a Misiones.
Barnada había salido el 11 de junio de 2024 desde Misiones. En la caja de su camioneta llevaba escondido 500 kilos de Gelamón V.F. 65%, el nombre comercial de un tipo de dinamita producida en la planta de Fabricaciones Militares en Villa María que se usa en la construcción o en la minería.
El hombre salió de Misiones, cruzó Santa Fe y finalmente llegó a Entre Ríos a través del túnel subfluvial, un cruce en el que está terminantemente prohibido transportar material explosivo por lo peligroso de un incidente bajo el agua.
Según pudo reconstruir la Justicia, Barnada hizo noche en Cerrito, donde dejó la camioneta en las cercanías de una estación de servicio, un detalle que la fiscalía tomó en los alegatos.
“Una camioneta cargada con media tonelada de material explosivo de alto poder estacionada durante muchas horas a media cuadra de una estación de servicio”, subrayó la fiscal ayudante Valeria Esponda, integrante del equipo del fiscal que investigó el caso.
Al otro día, el hombre continuó su camino al que le faltaba la mitad del trayecto hasta llegar a Misiones. Sin embargo, fue detenido en el Puesto Caminero Santa María, ubicado en el kilómetro 496 de la ruta nacional N°12 y en cercanías de la localidad de Cerrito. Se trataba de un control de rutina.
Pero el jubilado se puso nervioso. Cuando los agentes le preguntaron qué llevaba en la caja, respondió que se trataba de agroquímicos. Sin embargo, al revisar encontraron 20 cajas de cartón que decían otra cosa y estaban tapadas por unos trapos.
Cada una de las cajas tenía 15 panes de explosivos. El procedimiento fue presenciado por el ministro de Seguridad y Justicia de Córdoba, Néstor Roncaglia, y los policías que descubrieron la carga fueron reconocidos por el gobernador Rogelio Frigerio.
Barnada no tenía papeles que autorizaran el traslado. Había comprado el material a la empresa FATMAN. Se trata del nombre clave que le pusieron a la bomba atómica que Estados Unidos arrojó en Nagasaki para el final de la Segunda Guerra Mundial.
Si bien se abstuvo de declarar en aquel momento, la identificación explícita del explosivo, la cantidad y su profesión, permitieron a la justicia inferir su conocimiento consciente (dolo) sobre el material que transportaba y el peligro que representaba.
Bomberos especializados en explosivos declararon en el juicio que no tenía elementos anti chispa la camioneta como para asegurar el correcto traslado.
Durante el procedimiento, además de los explosivos, se secuestraron la camioneta, una tablet, un celular, prendas de vestir, herramientas como martillos, rompepavimento y percutores, y aproximadamente $97.150 en efectivo.
En el juicio, la defensa de Barnada, a cargo de Andrés Bacigalupo, había pedido la absolución del hombre y una condena condicional. Argumentó que la ausencia de detonadores impedía un estallido y que el material “era absolutamente inofensivo”.
La fiscalía, encabezada por José Ignacio Candioti, insistió en señalar que el jubilado llevaba más dinamita de la usada en los atentados contra la AMIA.
Pidieron la pena de 4 años de cumplimiento efectivo por entender que Barnada “había cometido un delito de gravedad” y tuvo una actitud “temeraria” al conducir con los explosivos en su camioneta. “Fue una conducta dolosa de altísimo peligro social”, agregó.
El propio imputado brindó testimonio. “En una declaración totalmente confesoria reconoció no haber tenido ninguna autorización, no solo para tener el material explosivo, sino también no cumplir con la reglamentación pertinente en cuanto al transporte de este material”, explicó la fiscal en declaraciones a El Once.
Según la normativa, quienes manipulen este tipo de explosivos debían estar inscriptos en la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) y contar con remitos, facturas y señalización reglamentaria en los vehículos. Es el organismo que estaba vigente en 2024 al momento del caso.
Este viernes, la jueza federal Noemí Berros lo condenó a tres años de prisión condicional. Si bien la condena fue menor a la solicitada por el Ministerio Público Fiscal (MPF), la resolución los avaló.
La fiscalía pidió además que la camioneta utilizada para transportar los explosivos quede para la provincia. Por otro lado, el Gelamón sigue guardado. “Esperamos que sea destruido. No corresponde que semejante cantidad de explosivos quede almacenada”, pidió el fiscal.