La investigación contra Franco Alderete, titular de Lebron Group SAS, será remitida a la Justicia Federal ante la sospecha de que la captación de dinero de inversores podría constituir intermediación financiera no autorizada. El juez Bernardo L’Erario Babot declaró la incompetencia del fuero penal ordinario en una causa que reúne alrededor de 15 denunciantes y cuyo monto involucrado superaría los $ 536 millones.
La decisión respondió a un pedido del fiscal Diego Hevia, de la Fiscalía de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II. Durante la pesquisa, el investigador consideró que las operaciones denunciadas podían exceder una sucesión de estafas individuales y requerían la intervención federal por su posible impacto sobre el sistema financiero.
Alderete rechazó haber cometido una estafa y atribuyó los incumplimientos a dificultades económicas. Mientras enfrenta las denuncias penales, también acudió al fuero civil: el pasado 5 de julio presentó un pedido de quiebra.
Según las presentaciones realizadas ante el Ministerio Público Fiscal, los damnificados entregaron importantes sumas de dinero para inversiones vinculadas con la actividad comercial de “Lebron Suplementos”. A cambio, habrían recibido la promesa de rendimientos desde un 7% mensual para los aportes en pesos y de un 3,4% para los realizados en dólares.
Los denunciantes ubicaron el inicio de los problemas en distintos momentos. Algunos señalaron incumplimientos desde mediados de 2023 y otros desde mediados de 2024. La mayoría indicó que las dificultades comenzaron en febrero de 2025 y se profundizaron en enero de 2026. Los reclamos también se trasladaron a las redes sociales, donde los afectados comenzaron a exponer al responsable de la empresa.
Frente a esas acusaciones, Alderete sostuvo que continúa efectuando pagos y que no puede afrontar actualmente las exigencias económicas de algunos denunciantes. Su postura es que diversos problemas financieros le impidieron cumplir los contratos, sin que hubiera existido una maniobra destinada a estafar a los inversores.
Al resolver el cambio de jurisdicción, L’Erario Babot explicó que los hechos podrían responder a una operatoria de captación de fondos para invertirlos y generar ganancias sin la habilitación del Banco Central. Bajo esa hipótesis, el perjuicio no se limitaría al patrimonio de cada aportante, sino que también alcanzaría la confianza en el sistema financiero.
El magistrado descartó dividir el expediente entre ambos fueros. Consideró que mantener las presuntas estafas en la Justicia ordinaria y remitir únicamente la posible intermediación financiera a la Federal perjudicaría la unidad de la investigación y conduciría a una evaluación fragmentada de lo ocurrido.
Por ese motivo, ordenó enviar la totalidad de las actuaciones a la Justicia Federal. La resolución define qué jurisdicción debe continuar la pesquisa, sin establecer todavía la responsabilidad penal de Alderete ni dar por acreditada la presunta estafa piramidal.
Fuente: Contexto