El teléfono celular de Luis Alejandro Ontiveros, señalado por un denunciante como quien habría ofrecido un fallo favorable a cambio de dinero en el ámbito de la Justicia Federal de Tucumán, se convirtió en el eje de la investigación. De lo que se descubra en las pericias dependerá si el fiscal Agustín Chit solicita su declaración indagatoria como imputado o, como sostiene la defensa, si se confirma que se trata de una “causa armada”.
El aparato ya fue secuestrado y se accedió a su memoria, aunque los mensajes todavía no fueron analizados. Para evitar vulnerar derechos, la fiscalía y la querella deberán consensuar un listado de palabras clave —como “dinero”, “sentencia” o “Catamarca”— que guiarán la búsqueda. Luego será el juez federal José Manuel Díaz Vélez quien determine el alcance de las pericias.
En paralelo, la defensa de Ontiveros planteó nulidades e incluso la recusación del magistrado, cuestiones que deberán resolverse antes de avanzar.
La causa se inició a partir de la presentación de José Alberto Martínez Salazar Pérez, jefe interino de la División Investigación de ARCA, representado por el abogado Juan Andrés Robles.
Según el denunciante, en 2023 se reunió con Ontiveros, identificado como “sobrino” del camarista federal Mario Leal, quien le habría pedido U$S 100.000 para garantizar un fallo favorable en un expediente que involucraba a su hijo, investigado por presuntas estafas piramidales en Catamarca.
Martínez Salazar Pérez aseguró que Ontiveros argumentó que la maniobra era posible porque su pareja, Solana Esther Casella, relatora de Leal y candidata a jueza federal, “tenía el tema para resolver” y podía intervenir para revertir un pedido de prisión preventiva.
Casella rechazó categóricamente la imputación: “No existe una sola prueba que me vincule a la comisión de un delito. El único que menciona mi nombre es el denunciante, sin aportar evidencia alguna”, declaró.
La letrada también aclaró que durante el trámite de la causa en cuestión se encontraba de licencia por maternidad, lo que le habría impedido cualquier participación.
Por su parte, Ontiveros y sus abogados, Camilo Atim y Facundo Macarón, calificaron la acusación como un “montaje mediático”. Negaron tanto el pedido de dinero como la supuesta intermediación de Casella, y remarcaron que la sentencia fue resuelta por unanimidad de cinco jueces, lo que descartaría cualquier injerencia individual.
En respaldo, recordaron que el informe de Gendarmería calificó de “inaudible” el audio presentado por el denunciante, sin que se escuche en ningún momento una solicitud de dinero.
La investigación, sin embargo, cobró fuerza cuando el fiscal Chit verificó que Ontiveros llegó a una de las reuniones en una Fiat Toro registrada a nombre de la Corte Suprema de la Nación y asignada a la vocalía de Leal. También se documentaron otros vínculos: el uso de una billetera virtual del camarista y las conexiones académicas entre Leal, Ontiveros y Casella en la cátedra de Derecho Privado I de la UNT.
Aunque Leal no figura como imputado, la sola mención de su entorno en el sumario generó inquietud en el Consejo de la Magistratura y entre sus pares en la Justicia Federal tucumana.
Fuente: Contexto