El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reunirá este jueves con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca en Washington D. C.
La cita, que será la segunda entre ambos líderes tras su encuentro del año pasado en Malasia, había sido inicialmente prevista para comienzos de este año, pero no llegó a concretarse.
Según fuentes de la Casa Blanca, se tratará de una visita de trabajo centrada en “cuestiones económicas y de seguridad de interés común”.
El encuentro se produce en un contexto de tensiones diplomáticas recientes entre ambos países, que incluyen la expulsión de un agente brasileño en Miami y medidas recíprocas adoptadas por Brasilia.
A esto se suman diferencias políticas de fondo: Lula, de 80 años, ha sido un crítico recurrente de la política exterior de Trump, especialmente en temas como el multilateralismo, el comercio internacional y el cambio climático.
Además, la visita coincide con un momento delicado en la política internacional, marcado por la escalada entre Estados Unidos e Irán en torno al estratégico estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio global de hidrocarburos. Sin embargo, la agenda bilateral apunta a prioridades más concretas.
Uno de los principales focos será el comercio. Brasil busca la reducción de aranceles impuestos por Washington a productos clave como vehículos, autopartes y metales.
Según explicó el vicepresidente Geraldo Alckmin, algunos de estos gravámenes alcanzan hasta el 25% en el sector automotor y hasta el 50% en productos como acero, aluminio y cobre. “El objetivo es buscar un mejor entendimiento”, afirmó.
Por su parte, Estados Unidos ha mostrado interés en los vastos yacimientos brasileños de tierras raras, considerados estratégicos para industrias tecnológicas y militares. Lula ha manifestado disposición a recibir inversiones, aunque insiste en que Brasil mantenga el control de toda la cadena productiva.
En materia de seguridad, ambos países mantienen diferencias sobre la posible designación como organizaciones terroristas de las principales facciones criminales brasileñas, como el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho. Brasil rechaza esta calificación y defiende su tratamiento dentro del marco legal vigente.
El canciller brasileño Mauro Vieira advirtió que una designación de ese tipo podría derivar en sanciones contra entidades brasileñas e incluso abrir la puerta a acciones externas en territorio nacional.
Pese a las divergencias, Brasil buscará reforzar la cooperación bilateral en la lucha contra el crimen organizado, con énfasis en el control de flujos financieros y la desarticulación de redes ilícitas.
El viaje de Lula, que había sido postergado desde marzo sin explicaciones, se inscribe también en un contexto político interno, en el que el mandatario brasileño aspira a la reelección en octubre para alcanzar un cuarto mandato no consecutivo.