El Congreso inicia este lunes el período de sesiones extraordinarias convocado por el presidente Javier Milei, que se extenderá hasta el 27 de febrero. Con una agenda atravesada por las reformas laboral y de la Ley Penal Juvenil que requirió negociaciones políticas, pero que también generaron tensiones y debates con las provincias.
La convocatoria fue formalizada mediante el Decreto 24/2026, publicado en el Boletín Oficial el 19 de enero, y habilita el tratamiento exclusivo de los proyectos incluidos en el anexo de la norma. De ese modo, el Gobierno fijó un marco temporal y temático preciso, que limita el margen de maniobra del Parlamento fuera del período ordinario.
En ese escenario, la Casa Rosada busca avanzar con iniciativas centrales de su paquete de reformas antes de la apertura de las sesiones ordinarias del 1 de marzo. La reforma laboral y la Ley Penal Juvenil concentran la mayor parte de los debates políticos, mientras se mantienen abiertas otras discusiones sensibles, como la modificación de la Ley de Glaciares y la posible sanción de una ley de emergencia por los incendios en la Patagonia.
La estrategia oficial combina reuniones de mesa política, contactos con gobernadores y diálogo con bloques aliados, en un contexto donde los votos todavía no están garantizados, especialmente en el Senado.
Un temario acotado y bajo control presidencial
Entre los proyectos habilitados para las sesiones extraordinarias figuran la Ley de Modernización Laboral, la adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, la designación de Fernando Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario y el eventual acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que aún debe ser enviado por el Ejecutivo.
En los últimos días, el Gobierno confirmó la incorporación de la Ley Penal Juvenil y no descartó sumar nuevas iniciativas. En ese marco, cobró fuerza la posibilidad de debatir una Ley de Emergencia Ígnea para la Patagonia, reclamada por los gobernadores del sur en medio de los incendios forestales y respaldada públicamente por el PRO, un aliado clave de Milei en el Parlamento.
Reforma laboral: el capítulo fiscal condiciona votos
La reforma laboral es el eje central de las extraordinarias, pero también el proyecto que concentra mayores resistencias. El principal foco de conflicto con los gobernadores está en el capítulo tributario, en particular en la reducción del Impuesto a las Ganancias para sociedades, que impacta de manera directa en los recursos coparticipables.
El proyecto prevé bajar la alícuota del 30% al 27% para el tramo 2 y del 35% al 31,5% para el tramo 3. Según cálculos hechos sobre la base de las proyecciones del Presupuesto 2026, la baja total de recaudación sería de $3,1 billones, de los cuales $1,7 billones corresponden a las provincias por la aplicación de la ley de Coparticipación Federal. En promedio simple, las jurisdicciones recibirían durante 2026 unos $144.000 millones menos por mes.
Mientras el ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene conversaciones con mandatarios provinciales en busca de votos, en la Casa Rosada conviven dos posiciones: una que busca sostener el texto sin cambios y otra que admite eventuales ajustes para destrabar apoyos. El oficialismo apunta a lograr la media sanción en febrero, aunque reconoce que las negociaciones siguen abiertas.
En la previa del debate, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, defendió el proyecto y aseguró que “fortalece los derechos de los trabajadores”, al tiempo que sostuvo que la iniciativa apunta a crear empleo formal al reducir costos que hoy desalientan la contratación.
Varios gobernadores dialoguistas que coinciden en los ejes principales de la reforma laboral condicionaron su apoyo a que se establezca un mecanismo de compensación de las pérdidas de recursos que afectarían a sus provincias.
Según pudo saber TN, en Casa Rosada evalúa un esquema de compensaciones paralelas a las provincias para reducir el impacto fiscal de la baja de los fondos coparticipables, que comenzará a regir a partir de 2027 en caso de sancionarse.
Baja de la edad de imputabilidad y debate penal
Otro de los proyectos que el Gobierno busca impulsar en extraordinarias es la Ley Penal Juvenil, con el objetivo de bajar la edad de imputabilidad. La intención original del Ejecutivo es fijarla en 13 años, aunque en Balcarce 50 admiten que podría elevarse a 14 si no se alcanzan los consensos necesarios.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó la inclusión del proyecto en el temario a través de su cuenta de X, tras una reunión de la mesa política en Casa Rosada. En el mismo sentido, Patricia Bullrich afirmó en esa red social: “No más excusas ni dilaciones”, al reclamar el tratamiento de la iniciativa en febrero.
El antecedente inmediato es el dictamen que obtuvo el año pasado en Diputados, cuando un plenario de comisiones consensuó una baja a 14 años, con penas máximas de hasta 15 años y sanciones alternativas para condenas menores. Desde los bloques dialoguistas surgieron advertencias sobre la falta de infraestructura y recursos, y desde el PRO plantearon que bajar la edad a 13 implicaría duplicar la población de menores alojados en el sistema.
El oficialismo prevé que el debate comience en Diputados durante la segunda semana de febrero y no descarta que el proyecto llegue al Senado recién en sesiones ordinarias, a partir de marzo.
Mesa política, aliados y presión opositora
En la antesala del inicio formal de las extraordinarias, la mesa política del Gobierno se reunió en Casa Rosada para definir la estrategia legislativa. El encuentro fue encabezado por Adorni y contó con la participación de Karina Milei, Santilli, Luis Caputo, Martín Menem, Bullrich y Santiago Caputo.
Bullrich, además, mantuvo reuniones con representantes de los bloques dialoguistas del Senado. Tras esos encuentros, aseguró que el acuerdo por la reforma laboral “está consolidado”, aunque reconoció reclamos puntuales de algunos legisladores.
En paralelo, el kirchnerismo redobló la presión sobre los gobernadores para que rechacen la reforma laboral. El senador Mariano Recalde aseguró que “hay un pelotón de 15 senadores que todavía no definieron su voto” y respaldó el rol de la CGT en el rechazo al proyecto. Mientras que los gremios combativos anunciaron una movilización para el día que se trate la reforma laboral en el Senado.
El clima político se tensó aún más tras el cruce entre el Gobierno y el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Luego de que el mandatario cuestionara la iniciativa, Adorni y Santilli respondieron en sus cuentas de X con duras críticas, profundizando la confrontación entre Nación y la provincia de Buenos Aires en la previa del debate parlamentario.
Fuente: TN