Las modificaciones que ofrece el Gobierno para lograr que se apruebe finalmente la ley ómnibus y que fueron llevadas este viernes a la Cámara de Diputados por el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el asesor presidencial Santiago Caputo, no implicarían un gran impacto en materia fiscal, según opinan economistas consultados.
Hay que tener en cuenta que ya en su versión original la ley no significaba un gran impacto en lo fiscal, por lo menos en el corto plazo. En el caso de las retenciones, por ejemplo, los productos que más aportan al fisco siguen incluidos, mientras que las economías regionales que ahora quedan exentas solo representan una mínima suma.
Para tener una idea de lo que cambiaría con la decisión de dejar en cero las retenciones a las economías regionales, el economista Ernesto Ambrosetti, dijo que, sobre la base de un informe de la Bolsa de Rosario, el aporte de todos los productos de las economías regionales estuvo en 2022 (año que no fue afectado por la sequía) en los US$470 millones.
En tanto, como se dijo, el Gobierno no está dispuesto a resignar el aumento de los derechos de exportación más relevantes, a la soja (del 31% al 33%), el trigo y el maíz (del 12% al 15%), del girasol (del 7% al 15%) y la carne (del 9% al 15%).
Francisco Mattig, economista de Consultatio, coincidió en que la quita de retenciones a las economías regionales tiene un costo fiscal muy bajo. “En cuanto a la cuestión previsional lo que se negociaba era limitar los aumentos discrecionales por parte del Gobierno e ir más hacia ajustes por inflación. Eso quita discrecionalidad para poder reducir ese gasto, pero de cualquier manera eso va a terminar dependiendo de la inflación. Algo va a perder el Estado por ese lado, pero es muy difícil estimar un número”, explicó.
En tanto, el economista Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), comentó que él no observa un cambio de alto costo fiscal. “Lo que sí podría serlo en un futuro es la no privatización de YPF. Al ser una empresa rentable, tiene un valor presente positivo. Una privatización de una empresa de esas características genera un ingreso de capital. Desde lo fiscal, sería resignar ese ingreso potencial que ibas a tener el año en que la privatices”, dijo.
Por su parte, el economista Gustavo Neffa, director de Research for Traders, señaló que en lo que respecta al apartado que hablaba en el proyecto original sobre la privatización de empresas públicas ahora lo único que se modifica es que se deja afuera de esa posiblidad a YPF, que incluso da ganancias. “Todas las demás son susceptibles de ser privatizadas, lo cual no significa que lo vayan a hacer. Con lo cual, el impacto de estas concesiones es muy bajo”, afirmó.
En lo que concierte a biocombustibles, Claudio Molina, fundador de la Asociación Argentina de Biocombustibles, dijo que lo que se llevó ahora al Congreso es una tercera versión. Está la original enviada al Congreso, luego circuló una segunda con cambios, que fue entregada a pocos diputados, y ahora aparece esta última. “En lo fiscal al Gobierno no le cambia mucho, porque estas modificaciones afectan más que nada a la pulseada entre las petroleras y los productores de biocombustibles, ya que habilitan mayor o menor corte con biocombustibles”, indicó.
Sí agregó Molina que esta última versión modera el crecimiento de participación de biodiesel: en lugar de pasar a 15% dentro de los próximos tres años, pasará a 12,5%; mientras que en bioetanol se puede llegar a 15% en dos años. Cualquier cifra por encima de eso deberá ser aprobada por el Congreso. “A mayor participación de biocombustible, menor recaudación por impuesto a los combustibles líquidos que, por otra parte tienen demorado su ajuste desde hace años”, remarcó.
Así, como la versión original habilitaba un mayor incremento de participación de biocombustibles en naftas y gasoil, se puede concluir que con los cambios propuestos este jueves el Estado recibirá más vía impuesto a los combustibles líquidos.
En cuanto a los cambios en hidrocarburos, Alejandro Einstoss, economista del IAE, destacó que no habrá una incidencia significativa en la recaudación fiscal, derivada de los puntos que “resignó” el Gobierno. Consultado sobre esto, respondió: “En principio entiendo que no cambia nada. Ahí solo hay que seguir cómo quedan las retenciones al crudo, que hasta antes de la presentación de la ley estaban en 8%”, agregó.