“Señores jueces, es el momento, es corrupción o justicia”, dijo el fiscal Diego Luciani en 2022 cuando cerró las nueve jornadas de alegatos. Meses después, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) dio lectura a la sentencia de juicio: Cristina Kirchner se convirtió, en ese momento, en la primera vicepresidenta en ejercicio del poder en recibir una condena por corrupción. La condena dictada el 6 de febrero de 2022 es de cumplimiento efectivo desde este martes tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia.
Pero hay una condena que se suma a los a los seis años de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Y en este caso es económica. Tras el fallo de la Corte, la ex presidenta y los otros condenados deberán devolver $ 85.000 millones que le robaron al Estado nacional.
Además de Cristina, aparecen en la devolución de esa cifra aparecen Lazaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich.
Los fundamentos de la condena subrayaron la «certeza» del Tribunal respecto a que «mediante la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional”.
Se refirieron así a los 51 contratos que le fueron adjudicados al Grupo Austral, propiedad de Lázaro Báez, ex socio comercial de la ex vicepresidenta.
Las obras viales licitadas en suelo santacruceño fueron “sistemáticamente adjudicadas a un grupo de empresas vinculadas” a Báez, dijo el Tribunal y añadió que la conformación de su holding y el crecimiento económico del mismo, fue “exponencial” y el mismo se vio “directamente asociado con la asignación de obra pública vial en el ámbito de esa jurisdicción”.
En otros términos, los magistrados indicaron que ex funcionarios de Vialidad nacional como de la agencia provincial, “operaron al margen del interés público”, configurando, “detrás de una apariencia de licitud, una sincronizada y unívoca disposición del aparato estatal enderezado a la consumación del delito”.
Sobre esta argumentación se hizo la siguiente aclaración: el móvil que daba sentido a tan compleja maniobra era el beneficio que de ella obtenía, además de Báez, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner”. Para los magistrados, los “incontrovertibles beneficios obtenidos por el empresario no agotan las ventajas económicas que reportó esta defraudación, pues parte del dinero erogado por el Estado tenía como destino final las empresas familiares de la ex Presidenta”.
La sentencia de cumplimiento efectivo refiere a una “notable maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional”. La irregularidades corroboradas incluyen: circuitos exclusivos de pagos para el Grupo Austral, procesos licitatorios amañados, pagos por avances de obra inexistentes, sobrecostos en los contratos, información privilegiada de los concursos públicos, omisión de los controles sobre el holding, entre otros.
Todo ocurrió bajo el paraguas de la “existencia de vínculos promiscuos y corruptos entre funcionarios de la administración pública (nacional y provincial) y las empresas contratistas del Estado propiedad de Lázaro Báez”.
Esos lazos “fueron determinantes para la concreción de una defraudación en la que predominó una ficta legalidad para instrumentar procesos y decisiones administrativas que buscaron asegurar y disimular un beneficio ilegítimo a favor de, por lo menos, dos de las personas imputadas: Cristina Kirchner y Lázaro Báez”.
Así, se determinó que el dinero que se habría sustraído de las arcas públicas como resultado de la maniobra fraudulenta asciende a $ 84.835.227.378,04.
La Corte con su decisión de rechazar con fundamentos, los recursos de queja, no sólo dejó firme los delitos atribuidos a los nueve imputados, sino también los decomisos ordenados por el TOF 2.
Una defraudación multimillonaria
Ahora, el juez de ejecución de la pena -Jorge Gorini- en su carácter de presidente del TOF 2, inicia el recorrido para el recupero de la cifra multimillonaria que expone la maniobra defraudatoria.
La parte resolutoria de la condena sostiene: “Disponer el decomiso de los efectos del delito, que consiste en la suma actualizada de ochenta y cuatro mil ochocientos treinta y cinco millones, doscientos veintisiete mil trescientos setenta y ocho pesos con cuatro centavos ($84.835.227.378,04)”.
El mismo articulado explica que la suma deberá ser ajustada “a través de la intervención de organismos técnicos al momento en que esta sentencia adquiera firmeza” y el resultado de que obtenga de ese análisis, “deberá ser depositado en el plazo de diez días hábiles a contar desde la ejecutabilidad de la presente”.
Fuentes judiciales explicaron a Clarín que el juez Gorini armará legajos con los bienes de cada uno de los condenados para actualizar el monto y comenzar con el recupero del dinero estipulado como resultado de la maniobra defraudatoria.
En el caso de Cristina Kirchner hay que recordar, que ante la Oficina Anticorrupción (OA) en su última declaración patrimonial, dijo poseer bienes por 250 millones de pesos. No cuenta bienes inmuebles ya que en marzo de 2016 cuando inició su derrotero judicial, cedió todo a sus hijos -Máximo y Florencia Kirchner-, todo en partes iguales. Sólo conserva el usufructo de la residencia de Río Gallegos, de El Calafate y el piso de Uruguay y Juncal ubicado en el barrio porteño de Recoleta.
Multas y decomisos
Una condena cuenta con el pago de multas y el decomiso trabado por el tribunal de juicio.
Respecto a la multa, la misma constituye una pena resultado de la condena, de los hechos corroborados. Por otro lado, el decomiso es una accesoria de la pena. “Las penas son reclusión, prisión, multa e inhabilitación”, explicó una fuente judicial a Clarín.
El artículo 21 del Código Penal establece el procedimiento para seguir en cuanto a la ejecución de esa multa. “Primero hay que intimarlo al imputado y si no la paga, hay que tratar de ejecutarla con los bienes que tenga o con los ingresos, si tiene alguna relación de dependencia o de alguna manera ejecutar bienes de su propiedad”, detalló una fuente judicial. Incluso el artículo habla de la posibilidad de que se paguen cuotas, “siempre que él haga algún tipo de ofrecimiento en ese sentido”.
En caso que, por tratarse de un monto elevado, los condenados se nieguen a pagar lo exigido, el TOF 2 podrá avanzar en la ejecución de bienes que ya están embargados en el marco de este expediente.
Cuando el juez Julián Ercolini procesó a Cristina Kirchner en el caso Vialidad le trabó un embargo de 10.000 millones de pesos. Por entonces, se había estipulado que la defraudación correspondía al monto de las 51 licitaciones: $ 46.000 millones.
El mismo artículo que le da herramientas a la justicia para avanzar en el cobro de las multas, establece la posibilidad de que si no se puede ejecutar nada, que esa multa se convierta en días de prisión. “Pero esa es la última posibilidad. Hay que agotar todas las posibilidades procesales tendientes a cobrar esa multa. Y si no se logra, recién ahí puede existir una conversión en días de prisión”, indicaron fuentes judiciales a Clarín.
El decomiso es otra discusión. En este caso es el Artículo 23 el que explica que la finalidad de esta medida es la reparación de daños.
La justicia federal ya cuenta con el fallo que ordena los decomisos por 85.000 millones de pesos. La instancia siguiente es avanzar en el recupero del dinero que se constituyó como el daño ocasionado al Estado, esto es: el perjuicio.
La demanda civil: $ 22.300 millones
Esta situación dispara otro reclamo económico que pesa sobre Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti, y demás acusados: la demanda civil por daños y perjuicios.
Ese planteo tramita en el fuero Civil y Comercial y en 2016 cuando la inició la administración de Mauricio Macri se determinó que todos los condenados debían responder de forma solidaria por la suma de 22.300 millones de pesos.
Esa cifra se desprende del cálculo inicial del expediente, las 51 licitaciones otorgadas al Grupo Austral representaron una erogación de $ 46.000 millones.
Sucede que, según se determinó, el 50% de esas rutas fueron abandonadas, contratos que contaban con un avance de obra que iba del 16 al 36% pero que se cobraron con sobreprecios.
Así se fijó el primer cálculo: la mitad de las rutas inconclusas que fueron pagadas constituyen los daños y perjuicios reclamos por el Estado.
El gobierno de Alberto Fernández no hizo nada en ese juicio multimillonario contra quien era su compañera de fórmula. Sin embargo, el presidente Javier Milei determinó que se impulse el reclamo y así lo vienen haciendo los abogados de la Dirección de Vialidad Nacional.
Pero como le sentencia de juicio dejó atrás la cifra de los 46.000 millones de pesos, llevándola a 85.000 millones como monto del perjuicio, en la demanda civil el gobierno libertario pedirá una actualización de la indemnización que deberán afrontar la ex vicepresidenta y los demás acusados.
Fuente: Clarín