Después del pedido del fiscal federal ante la Cámara de Casación, Mario Villar, para que Cristina, Máximo y Florencia Kirchner -junto a los otros imputados- enfrenten el juicio oral por lavado de dinero en los expedientes unificados Hotesur y Los Sauces, la vicepresidenta solicitó que el sobreseimiento sea confirmado y que el caso se anule definitivamente.
Cristina Kirchner no quiere enfrentar otro juicio oral, mucho menos con sus hijos. Bajo la premisa de que nunca utilizaron sus empresas Hotesur (firma hotelera de la familia) y Los Sauces (inmobiliaria) para lavar activos, insistió en que el caso se cierre.
Ante la Sala I de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Daniel Petrone, Ana María Figueroa y Diego Barroetaveña, el abogado Carlos Beraldi presentó un escrito donde reiteró que el sobreseimiento sin la realización del juicio oral debe quedar firme, tal como votaron los jueces del Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) Daniel Obligado y Adrián Grunberg. La jueza Adriana Pallioti votó en disidencia.
En un escrito de 62 páginas al que accedió Clarín, Beraldi defendió el criterio de los dos jueces, al señalar que «los magistrados se encuentran obligados a disponer el sobreseimiento de los imputados, en cualquier instancia del proceso y sin necesidad de llevar a cabo un debate oral previo, cuando advierten que los hechos sometidos a su conocimiento no constituyen delito alguno».
Con este argumento, el abogado de la vice replicó a los fiscales Diego Velasco (ante el TOF 5) y Mario Villar (ante la Casación), que sostuvieron que en base a un fallo de la Corte Suprema se habría «obturado la posibilidad de que los Tribunales Orales dicten sobreseimientos sin llevar a cabo la audiencia de juicio», siendo el debate oral el «único ámbito en el cual los magistrados estarían habilitados para definir la culpabilidad o la inocencia de los imputados».
Beraldi planteó que el caso se basa en «una serie de irregularidades sin fundamento» y que por ello «resulta imprescindible, de una vez por todas, dictar una resolución que ponga fin a estas actuaciones, que ya llevan varios años de trámite».
A la hora de explicar porqué el juicio oral no debe realizarse, el abogado de Cristina se preguntó: «¿De qué sirve llevar a cabo un debate oral, que conlleva un considerable desgaste jurisdiccional y la utilización de valiosos recursos, cuando el Tribunal ya tiene certeza sobre la inocencia de los imputados?
Desde el punto de vista procesal, esa pregunta tiene una respuesta fácil: si la Casación decidiera que el juicio debe hacerse, pasaría a manos de otro Tribunal, pues dos de los jueces del TOF 5 ya dieron su opinión.
Hotesur y Los Sauces son las empresas de la familia Kirchner que según varias instancias judiciales fueron utilizadas para lavar 120 millones de pesos entre 2009 y 2015. La investigación sostuvo que esas firmas no tenían fines comerciales -muy por el contrario eran inviables- y que sólo se montaron con el fin de canalizar fondos de origen ilícito.
Estas dos compañías nunca tuvieron sedes comerciales. En ambas, un común denominador fue Lázaro Báez, como inquilino en la inmobiliaria y como responsable de administrar y explotar los hoteles. La acusación lo vinculaba al contratista como una pieza necesaria para «devolver» a los ex presidentes al menos parte del dinero proveniente de los sobreprecios en las obras públicas que sus empresas ganaban en licitaciones cuestionadas en la causa Vialidad, ahora bajo juicio oral y en el que Cristina es la principal acusada.
La defensa de la vice en su momento entendió que la figura penal que “se pretende aplicar en el caso es la existencia de dinero en efectivo u otros bienes fuera del circuito financiero legal, los cuales son colocados en los mercados lícitos a través de distintas maniobras con el propósito de disimular su verdadero origen y poder disponer libremente de ellos. Si no se verifica tal presupuesto resulta improponible tener por configurada una maniobra de blanqueo de capitales. Va de suyo que es lo que aquí sucede».
En definitiva, se reiteró «quien posee sus activos en el mercado legal de capitales no necesita ‘blanquearlos’ para disponer de ellos, pues lo puede hacer libremente sin acudir a ningún artilugio financiero». Así la familia Kirchner volvió a rechazar haber realizado operaciones de lavado de dinero con la ayuda de Báez.
La semana pasada, el fiscal ante la Casación, Mario Villar, insistió en que la mejor manera de dirimir la responsabilidad o culpabilidad de los acusados es en un juicio oral.
Cuando expuso sus argumentos, Villar señaló que la decisión de Obligado y Grunberg fue «arbitraria», y como tal «enmascara bajo la apariencia de un acto jurídico una decisión desamparada de legalidad», por ello -continuó el fiscal- «no son sentencias, no dicen el derecho y los que las dictan no actúan como jueces, sino como voluntades subjetivas apartadas del sistema jurídico que deberían defender».
La defensa de Cristina Kirchner, sin embargo, insistió que como el dinero está «bancarizado» y que por ende, no hay «dinero por fuera del circuito legal», «mal puede lavarse nada».
El representante del Ministerio Público también se había referido a esas tesis, pero para rechazarla. «Ese criterio es equivalente a decir que, si alguien realiza una estafa, no hay lavado si el pago de la estafa se hizo en la cuenta bancaria del autor del delito».