Por orden de Cristina Kirchner, el peronismo busca en el Senado hacer valer una firma que le permita sacar dictamen de rechazo a la nominación de Manuel García-Mansilla como ministro de la Corte Suprema de Justicia y, de esa forma, generar las condiciones para convocar a una sesión en la que no sólo intentará bajar el pliego del académico, sino también el del juez federal Ariel Lijo, quien también fue designado en comisión por Javier Milei para integrar el máximo tribunal.
Lo que sucede es que el bloque de Unión por la Patria (UxP) presentó un dictamen de rechazo contra García-Mansilla que tiene las firmas de Anabel Fernández Sagasti, Alicia Kirchner, Juliana Di Tullio, Lucía Corpacci, Sergio Uñac, Claudia Ledesma Abdala y José Mayans. Pero el aval del formoseño y jefe de la bancada K fue cuestionado por la presidenta de la comisión de Acuerdos, Guadalupe Tagliaferri, porque el senador no estuvo en la audiencia pública que se realizó en el Senado el 28 de agosto del año pasado.
«El Presidente viola la Constitución, designa a los jueces de la Corte por decreto y vienen a cuestionar mi firma de senador, es el colmo de los colmos», cuentan que protestó Mayans en el Senado cuestionando la forma en que Milei nombró a Lijo y García-Mansilla, quien ya juró como el cuarto miembro del máximo tribunal de justicia.
Para sostener su defensa, el jefe del bloque de UxP se apoya en dos artículos del reglamento del Senado: el 105, que establece que para emitir dictamen «se requiere la firma de por lo menos más de la mitad de los miembros que reglamentariamente integran la comisión»; y el 123, que precisa que «una vez finalizada la audiencia pública de los candidatos a jueces, la comisión de Acuerdos debe producir dictamen fundado, a la mayor brevedad posible, aconsejando hacer lugar o rechazar el pedido de acuerdo solicitado por el Poder Ejecutivo».
En rigor ninguno de los dos artículos plantea que tiene que estar presente el senador para dar su firma a un dictamen y es costumbre en la Cámara Alta hacer circular el despacho por las oficinas de los legisladores.
Eso sucedió en el caso de Lijo cuyo dictamen se conoció seis meses después de que el candidato pasara por el Congreso para defender su nominación, gracias al apoyo del peronismo.
Lo habitual es que los senadores que no van a una reunión de comisión sean reemplazados por otro miembro del mismo bloque, que es algo que también se dio durante el tratamiento de los pliegos de la Corte, cuando el radical Maximiliano Abad fue sustituido por Pablo Blanco, pero ante el riesgo de que el fueguino firme en contra de Lijo lo reemplazó el correntino Eduardo Vischi. Después regresó a la comisión el senador bonaerense pero el despacho a favor de la nominación del juez federal lo terminó firmando Vischi. Por eso, desde el peronismo responden que la presencia de los senadores es sólo a los fines de garantizar el quórum.
Si el peronismo logra sostener la firma de Mayans, la oposición tendría los 9 avales, la mitad más uno de los miembros de la comisión para habilitar el debate en el recinto, ya que a los 7 de UxP se agregan la de Martín Lousteau y Tagliaferri, que también presentaron un dictamen de rechazo a la designación de García-Mansilla porque consideran que «ha mentido abiertamente» cuando al presentarse ante la comisión de Acuerdos aseguró que no aceptaría un nombramiento por decreto como finalmente ocurrió.
El foco en la UCR
Pero la tensión sigue puesta en la UCR, ya que en ese bloque había senadores que estaban dispuestos a firmar el dictamen impulsado por Martín Lousteau y Tagliaferri u otro despacho, pero a último momento decidieron retroceder porque «no quieren aparecer firmando con el kirchnerismo», reveló una fuente legislativa.
Tal como informó Clarín, la presentación del dictamen de Lousteau y Tagliaferri abrió una instancia de debate interno en el bloque radical, donde Vischi (alineado con el Gobierno) busca frenar cualquier intento de su tropa por llevar el debate al recinto. Blanco había planteado su intención de convocar a una sesión en el Senado para rechazar los pliegos de Lijo y García-Mansilla luego de que Milei firmó el decreto designando a los dos jueces de la Corte en comisión, pero no lo pudo concretar.
Mientras en la UCR buscan una salida orientada hacia «la unidad», en el peronismo esperan que un senador radical ponga este lunes la firma que falta para luego solicitar la sesión especial para tratar los pliegos de Lijo y de García-Mansilla. Las opciones no son muchas, ya que los senadores que pueden dar su aval son Carolina Losada (Santa Fe), quien anticipó que no firmará, Mariana Juri (Mendoza), que responde al gobernador Alfredo Cornejo, y Abad.
Por ahora, el peronismo volvió a mandar un mensaje al Gobierno ratificando que están «dispuestos a conversar, pero en una negociación seria». Como anticipó este diario, la Rosada tiene pendiente el envío de unos 200 pliegos judiciales, que van desde el Procurador a magistrados provinciales, y podría ser prenda de negociación. Es lo que pretende la oposición K y no descartan algunos funcionarios libertarios.
Antecedentes contra los decretos
Además, en un intento por frenar cualquier fuga, cuentan que en la última reunión de bloque de UxP, un senador recordó que se había presentado el año pasado una nota al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la que se le advertía que si el Gobierno designaba a los candidatos por decreto ese bloque iba a rechazar sus pliegos.
«La nota tenía la firma de los 33 senadores y si alguno vota distinto ahora es Kueider o Vischi«, transmitió con ironía el legislador a sus compañeros en referencia a uno de los principales aliados que tuvo el Gobierno hasta que fue expulsado tras ser detenido en Paraguay con dólares sin declarar y el senador radical que votó en contra de un proyecto que acompañó con su firma por presión de la Casa Rosada.
Igualmente, la discusión puede extenderse porque si el peronismo y la UCR llegan a un acuerdo y piden la sesión especial para tratar los pliegos de Lijo y García-Mansilla, después dependerán de lo que decida la vicepresidenta Victoria Villarruel, que como titular del Senado, tiene la potestad para fijar el día y la hora de la sesión.
E incluso si la oposición consigue rechazar los pliegos, en el Gobierno remarcan que no afecta los mandatos transitorios de García-Mansilla (quien ya juró) ni Lijo (si eventualmente lo hiciera) en tanto esté vigente el decreto que los nombró hasta fin de año.
Fuente: Clarín