El gobierno de Miguel Díaz-Canel impulsó ante la Asamblea Nacional un conjunto de reformas sin precedentes desde el triunfo de la Revolución. La normativa avala la operación de entidades bancarias de capital privado, la inyección de fondos particulares en empresas del Estado, la ampliación del régimen de pequeñas y medianas empresas, y una mayor permeabilidad a las inversiones externas.
La decisión se enmarca en un contexto de aguda crisis, con la economía golpeada por la inflación, los cortes de suministro eléctrico, el desabastecimiento de alimentos y combustibles, y un marcado retroceso del PBI. Según explicó el mandatario, el propósito es sostener el sistema social cubano a través de reformas que eleven la eficiencia y fomenten la llegada de capitales.
Entre los puntos sobresalientes de la iniciativa se encuentra la autorización de bancos y otras instituciones financieras de carácter no estatal, una novedad absoluta en el periodo posrevolucionario. Asimismo, se autoriza la participación de inversores de origen nacional y extranjero en diversos rubros económicos, siempre bajo la tutela del Estado.
Las empresas públicas tendrán la posibilidad de transformarse en sociedades anónimas y ofrecer parte de su paquete accionario a socios privados. Aquellas organizaciones que registren pérdidas recurrentes y no presenten perspectivas de recuperación podrán ser disueltas, una alternativa que en el pasado resultaba prácticamente inviable en el modelo cubano.
El proyecto también prevé la instauración de un mercado cambiario con mayor capacidad de ajuste, una depreciación escalonada del peso cubano, la supresión de diversos controles sobre los precios y la reducción paulatina de los subsidios generalizados, que serán reemplazados por mecanismos de asistencia orientados a los segmentos poblacionales en situación de vulnerabilidad.
Las micro, pequeñas y medianas empresas contarán con mayores facultades para desarrollar sus operaciones, incrementar su plantilla laboral y articular distintos negocios bajo una misma figura jurídica. También se modernizará el marco laboral, con la incorporación de figuras como el pluriempleo y modalidades contractuales más flexibles.
En la esfera agropecuaria, las cooperativas y los productores independientes recibirán estímulos adicionales, acceso a créditos y herramientas para concretar operaciones de comercio exterior. El gobierno confía en que estas disposiciones contribuyan a disminuir la dependencia de los alimentos importados.
Aunque desde el oficialismo se descarta cualquier deriva capitalista, analistas internacionales no dudan en establecer paralelismos con las transiciones emprendidas por China y Vietnam décadas atrás: economías de mercado en expansión, pero con el monopolio político reservado a los partidos comunistas.
En sus declaraciones, Díaz-Canel admitió que no todas las dificultades económicas son atribuibles al bloqueo norteamericano y reconoció la existencia de problemas estructurales internos, como la pesadez burocrática, la caída de la productividad y la parálisis en los procesos decisorios.
La sociedad cubana recibe el anuncio con una mezcla de ilusión y desconfianza. Son muchos los que estiman que las medidas arriban tras una década pérdida en términos económicos, mientras otros cuestionan la celeridad y la profundidad con que se materializarán en la práctica. Aún no están definidos los plazos de ejecución, los reglamentos complementarios ni el verdadero margen de maniobra que tendrá la inversión privada en los sectores considerados estratégicos.
Lo que resulta indiscutible es que el paquete aprobado constituye la mayor sacudida a la estructura económica de la isla desde la caída de la Unión Soviética, y su implementación marcará el rumbo del modelo cubano en los próximos años.