En las elecciones presidenciales de este martes 5 de noviembre, los estadounidenses sabrán si Donald Trump volverá a la Casa Blanca. Tres semanas después, si se cumple ese escenario electoral, se conocerá si el magnate republicano se convierte en el primer presidente condenado en la historia de los Estados Unidos con prisión efectiva.
El juez Juan Merchan fijó para el 26 de noviembre la sentencia después que un jurado lo halló culpable a fines de mayo de 34 cargos por falsificar documentos de campaña para efectuar un millonario pago a la exactriz porno Stormy Daniels. Según el fallo, el expresidente buscó comprar su silencio para tapar un supuesto romance y así evitar un escándalo antes de los comicios de 2016.
La sentencia se fue posponiendo. Primero debía conocerse en julio, después fue postergada a septiembre y finalmente el magistrado decidió patearla para después de las elecciones.
Pero los votantes de Trump no parecen estar preocupados. Saben que en ningún lugar de la Constitución se le prohíbe asumir a un presidente procesado o, más aún, condenado y con sentencia firme. De hecho, podría darse el caso de que gobierne desde su despacho en una prisión.
¿Podría Donald Trump gobernar desde prisión?
El juez Merchan debe decidir qué pena imponerle a Trump, ya sea como presidente electo o candidato derrotado si pierde las elecciones frente a su rival demócrata, la actual vicepresidenta Kamala Harris.
La pena máxima que le podría imponer es de hasta cuatro años de prisión. Sin embargo, podría inclinarse por una sentencia más corta, aplicarle solo una multa o incluso otorgarle la libertad condicional. La pregunta que se hacen hoy todos los estadounidenses es si el resultado de las elecciones influirá o no en su decisión.
Ver a un Trump presidente con traje de presidiario es un escenario lejano. Pocos creen que el magistrado podría decidir mandar a la cárcel a un presidente electo en medio de un escenario de absoluta polarización. Y más aún después de los atentados frustrados que sufrió el magnate neoyorquino en el tramo final de la campaña, con odios cruzados y discursos violentos.
Si bien no hay antecedentes de un jefe de Estado gobernando detrás de las rejas, sí hubo un candidato presidencial que hizo campaña desde su celda. Eugene Debs, como candidato del Partido Socialista, obtuvo el 6% de los votos en las elecciones generales de 1920. Estaba preso bajo el cargo de sedición porque se había opuesto a la I Guerra Mundial. Salió de la cárcel un año después.
El prontuario de Trump no impidió su candidatura. Y menos le pondría trabas para gobernar, más allá de las limitaciones de movimiento y espacio que tendría en prisión. La Constitución estadounidense establece escasos requisitos de elegibilidad para los presidentes. La lista es muy escueta: tener al menos 35 años y haber nacido y vivido en el país por lo menos durante 14 años. En ningún lugar establece excepciones por antecedentes penales o por estar cumpliendo una condena en prisión.
Ese caso sería único en el mundo. Sin dudas, una sentencia de cárcel generaría una crisis jurídica que podría resolverse en la justicia. Se descarta que en ese eventual escenario su vicepresidente y una mayoría del gabinete intentaran destituirlo tras declararlo “incapaz de cumplir con los poderes y deberes de su cargo”. Entonces, una de las posibilidades que se barajan sería presentar una demanda para su liberación.
El argumento sería simple: su encarcelamiento le impediría cumplir sus obligaciones constitucionales como presidente.
Otra salida es que el gobernador de Nueva York, donde ocurrieron los delitos por los que fue condenado, lo indulte o conmute su sentencia. La Corte Suprema tendría aquí la última palabra. Otra posibilidad es que un fiscal general nombrado por Trump retire los cargos y de por terminados los casos federales. Pero el debate entre los juristas es interminable.
Habrá que esperar que sucede primero el 5 de noviembre y después aguardar tres semanas para conocer cuál será la sentencia.
Juristas estadounidenses creen que si gana las elecciones, todos los casos penales federales en su contra serán desestimados y que las causas estatales quedarán congeladas hasta el final de su mandato. Pero si pierde, la posibilidad de ir a prisión estaría más latente que nunca. Además de la condena por el caso Stormy Daniels, Trump enfrenta otras causas como las del asalto al Capitolio, los intentos de interferencia electoral en las elecciones de 2020 y el de guardar material clasificado sensible en su mansión de la Florida después de dejar la Casa Blanca.