La Unidad de Información Financiera (UIF) informó este martes que logró decomisar en forma anticipada un departamento valuado en 165 millones de pesos, parte de la fortuna ilícita que le adjudican a Daniel Muñoz, el fallecido secretario privado de Néstor y Cristina Kirchner como presidentes. La medida se tomó en el marco del avance judicial sobre su herencia que incluye además propiedades en Argentina y en el exterior, tras revelarse un circuito internacional de lavado de dinero de la corrupción K. A su vez, desde el organismo a cargo del otrora fiscal Paul Starc destacaron el rol activo del ente en los procesos penales, una postura en contraposición con medidas previas del Gobierno.
El inmueble ubicado en Villa Urquiza forma parte de una causa que incluye decenas de propiedades de lujo tanto en Argentina como en el extranjero. Entre ellas, cuatro parcelas en las islas caribeñas de Turks & Caicos, un territorio cercano a Cuba y República Dominicana que en los papeles pertenece a Gran Bretaña. Esos terrenos ya habían sido incautados en 2024.
El decomiso anticipado del departamento fue autorizado tras un pedido que hizo la UIF, y que estuvo fundado en «pruebas contundentes», según un comunicado oficial. Además, se tuvo en cuenta la muerte de Muñoz, ocurrida en 2016. Según indicaron, el inmueble fue adquirido con «fondos de origen ilícito».
Desde la UIF destacaron que la medida es una herramienta que se utiliza durante el proceso y que se implementa frente a la existencia de pruebas sólidas y antes de que haya una sentencia definitiva, con el fin prevenir que los bienes desaparezcan mientras tramita la causa.
Según la postura de Starc, la medida está alineada con los estándares internacionales dispuestos por el Grupo de Información Financiera Internacional (GAFI) que insta a los países «a implementar medidas legales u operativas para identificar, rastrea, congelar u decomisar bienes delictivos» y desde donde destacan la importancia de habilitar el decomiso de bienes sin necesidad de que exista una condena firme a en los casos de lavado de activos y corrupción.
Desde la UIF destacaron que el proceso activo que desarrollan en los procesos penales «detectando maniobras complejas, aportando pruebas y promoviendo medidas cautelares que aceleren la devolución de los bienes ilícitos» resulta fundamental para que, según lo establecido en la Ley 25246 y sus modificatorias, los fondos recuperados vuelven al Estado.
Paul Starc, el presidente de la UIF, afirmó además que “recuperar activos de la corrupción es tan importante como condenar».
«Es dinero que debe volver al servicio de la sociedad y no quedar en manos de estructuras criminales. La UIF está comprometida con una política activa, concreta y eficaz contra el lavado de dinero, en articulación con la Justicia y otros organismos del Estado”, añadió .
Además de haber sido apuntado por enriquecimiento ilícito, Muñoz era uno de los involucrados principales en la causa Cuadernos, en la que se investiga un sistema de cobro de sobornos del gobierno de los Kirchner a empresarios de la construcción. En 2022, la Corte Suprema de Suiza había rechazado una apelación para liberar 5,4 millones de dólares que pertenecían al ex secretario de los Kirchner.
En 2024 el Gobierno había dispuesto la subasta pública de otro edificio también de Muñoz, ubicado en Villa Urquiza y que formaba parte de la misma causa.
Las idas y vueltas del Gobierno por el rol de la UIF
A lo largo del tiempo, la UIF ha ido variando su postura y atribuciones en las causas que investigan corrupción y lavado de dinero. Entre el 2019 y el 2023, cuando estuvo en manos del kirchnerismo -en tiempos de Alberto Fernández– el organismo adoptó la postura de no acusar o retirarse como querellante en las causas por corrupción en las que se investigaba a Cristina Kirchner y otros funcionarios de su gobierno, a la vez que se la utilizó para perseguir opositores y periodistas. Mientras tanto, los reportes de operaciones sospechosas que hacía la entidad caían. En tiempos de Mauricio Macri, en cambio, la UIF tuvo un rol de denuncia y participó en las querellas de casi todas las causas de corrupción abiertas.
Con el triunfo de Javier Milei y la llegada de Mariano Cúneo Libarona al Ministerio de Justicia, la UIF tuvo un primer cambio de postura y en diciembre de 2023 Ignacio Yacobucci fue designado como nuevo titular del organismo. Su gestión se caracterizo por una fuerte iniciativa en las investigaciones de la corrupción K. Sin embargo, en enero de 2025, poco más de un año después, Yacobucci abandonaría el puesto.
Aunque la renuncia del funcionario llegó impulsada por una versión oficial que hablaba de una gestión que tenía «abultados gastos», según trascendió, Yacobucci fue desplazado por haberse negado a dejar de ser querellante en causas como Hotesur y Los Sauces contra Cristina Kirchner y el Yategate que investiga al ex intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde.
La presidencia de la UIF la ocupó entonces Paulo «Paul» Starc, el ex fiscal federal de Tres de Febrero. Poco después de su llegada, el Gobierno tomó la decisión de retirar a la UIF como querellante de las causas en las que se investiga la corrupción K.
En abril se sumó una nueva controversia, cuando Javier Milei firmó el decreto 274/2025, que determina que el organismo dirigido por Starc ya no podrá actuar como querellante en causas de corrupción y lavado de activos, lo que limita su rol en este tipo de procesos judiciales.
El comunicado que hizo la UIF este miércoles es un nuevo giro de timón -o al menos el esbozo de una intención- para las políticas adoptadas por el organismo, ya que nuevamente se presenta como una parte fundamental en las investigaciones por corrupción, en contraposición al rol de mero informante al que la había relegado el Gobierno.