La investigación judicial sobre el choque de trenes que dejó un saldo de 45 víctimas fatales avanza con la confirmación de que el siniestro fue provocado por un defecto estructural en la vía y no por errores operativos.
El periodista Ramón Pérez Maura, director de opinión del diario El Debate, denunció por Radio Rivadavia una contradicción directa entre las afirmaciones del Ministerio de Transportes y el estado real de los materiales, señalando que el tramo del accidente no había sido actualizado desde 1992, pese a las promesas de una inversión de 750 millones de euros.
«Sabemos que la vía es la misma de 1992», sostuvo el comunicador, quien subrayó la gravedad de que las vibraciones reportadas previamente por los usuarios fueran desestimadas por las autoridades.
La falta de mantenimiento por parte de ADIF, la empresa estatal responsable, quedó en evidencia al revelarse que el carril afectado no fue inspeccionado en los 58 días previos a la tragedia.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Pérez Maura resaltó que, ante un desprendimiento de un tramo de vía de 35 centímetros, los sistemas de seguridad fallaron de manera estrepitosa al no activar las alarmas automáticas. «Lo que no puede ocurrir es que se haya roto un tramo de la vía y que no haya saltado una alarma que haya parado todos los trenes», sentenció.
La descoordinación fue tal que los equipos de emergencia no supieron de la existencia de un segundo tren accidentado hasta que los propios pasajeros caminaron 800 metros para pedir auxilio.
La crisis de confianza afecta actualmente a todo el sistema de alta velocidad español, con servicios hacia Andalucía interrumpidos y pasajeros que expresan temor ante las vibraciones extremas en otros trayectos. Según el periodista, la estabilidad de los trenes en España dista mucho de los estándares internacionales, impidiendo incluso realizar tareas simples como escribir durante el viaje.
En otro orden, Pérez Maura vinculó esta crisis de gestión con asimetrías jurídicas, ejemplificadas en el reciente archivo de una denuncia contra el cantante Julio Iglesias.
El periodista cuestionó la exposición pública de los acusados frente a la protección de quienes denuncian sin fundamentos competentes, concluyendo que, tanto en la seguridad ferroviaria como en el ámbito legal, «la justicia no es igual para todos».