
Una iniciativa que avanzó esta semana en comisiones de la Legislatura provincial reaviva el debate sobre los límites de la regulación estatal en internet durante los comicios. Por lo tanto, impulsan la creación de una “Policía Electoral” en Tucumán para controlar los contenidos en las redes sociales con facultades para exigir la baja de publicaciones en 12 horas y aplicar multas de hasta $30 millones.
Las facultades de la Junta Electoral: baja de posteos en 12 horas y entrega de datos IP
El proyecto de ley, presentado por la legisladora peronista Carolina Vargas Aignasse en noviembre de 2025, obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales el pasado martes 17 de noviembre. Aunque no crea formalmente una fuerza de seguridad, las potestades otorgadas a la Junta Electoral Provincial conforman en los hechos un órgano de fiscalización digital sobre las campañas.
De acuerdo con el articulado —especialmente su controversial artículo 9—, cualquier elector habilitado en Tucumán o el Ministerio Público Fiscal podrá denunciar publicaciones, activando un esquema de intervención administrativa urgente:
.Bloqueo exprés: Ante un requerimiento de la Junta Electoral, las plataformas digitales tendrán un plazo máximo de 12 horas para etiquetar una publicación como presuntamente falsa o manipulada, ocultarla, desmonetizarla o eliminarla, sin que el texto exija una orden judicial previa ni un descargo anterior del autor.
.Multas millonarias: Quienes generen o difundan contenidos falsos, manipulados con inteligencia artificial o descontextualizados enfrentarán sanciones de entre $100.000 y $10 millones, monto que se triplicará hasta los $30 millones si intervienen bots o redes coordinadas. Además, las agrupaciones políticas podrán ser multadas con entre $5 millones y $10 millones.
.Acceso a metadatos: Las redes sociales deberán entregar copias de los posteos, comentarios, interacciones, usuarios, fechas, horarios y direcciones IP.
El debate sobre la libertad de expresión y los antecedentes en la provincia
Los cuestionamientos apuntan a la vaguedad de conceptos como “contenido descontextualizado” para diferenciar una noticia falsa de una crítica política, una interpretación periodística o una controversia propia del debate electoral. Si bien la iniciativa contempla excepciones para la sátira y las expresiones artísticas, deja en manos de una autoridad administrativa la decisión urgente sobre qué expresiones permanecen visibles en plena contienda electoral, tensionando las pautas del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Cabe señalar que Tucumán ya cuenta desde 2020 con la Ley 9.290, que incorporó al Código Contravencional multas y arrestos de hasta diez días por difundir noticias falsas en internet. En consecuencia, si el nuevo proyecto avanza hacia el recinto sin mayores precisiones sobre la revisión judicial previa y la protección de datos personales, ampliará de forma significativa el poder de control estatal sobre el discurso político digital durante las elecciones.
