Este supuesto caso de estafa tiene características que lo diferencian de otros registrados en los últimos tiempos. El denunciado ofrecía inversiones vinculadas con operaciones de compra y venta de azúcar a gran escala. Los nueve damnificados reclaman montos que superan los $740 millones. Además, la Justicia provincial se declaró incompetente y remitió el expediente al fuero federal.
Según relataron los denunciantes, Diego Gerardo Ovejero comenzó hace al menos tres años a captar fondos para adquirir azúcar que luego revendía en el mercado a un valor superior. De acuerdo con las denuncias radicadas, los inversores percibían intereses que oscilaban entre el 12% y el 15% mensual. La rentabilidad dependía del capital aportado y si entregaban pesos o dólares.
Estrategia
Los damnificados señalaron que el supuesto empresario aseguraba ser hijo de un profesional dedicado a certificar la calidad del producto elaborado por los principales ingenios de la provincia. Quienes invertían con Ovejero firmaban contratos, recibían pagarés y obtenían títulos de distintos vehículos como garantía de pago.
“Estamos ante una estafa piramidal clásica, burda y dolorosa, que utilizó como carnada una de las actividades productivas más nobles de nuestra región: el sector azucarero”, sostuvo Ernesto García Biagosch, abogado de uno de los demandantes.
Los denunciantes declararon ante la fiscalía que conduce Diego López Ávila que el supuesto empresario cumplía con el pago de las dos primeras cuotas acordadas. “Esa era una de las principales maniobras que realizaba. Generaba confianza entre los inversores para que comentaran las ventajas del negocio y convencieran a otras personas de sumarse”, sostuvo una de las víctimas, que pidió mantener en reserva su identidad. Luego, según las denuncias, dejaba de cumplir con los pagos comprometidos.
“No ofrecía un negocio legítimo. Montó una puesta en escena invocando contactos comerciales de renombre. Utilizó la supuesta compra y venta de importantes cantidades de azúcar como una pantalla de solvencia. Con la promesa de retornos extraordinarios y ficticios logró ganarse la confianza de ahorristas de buena fe”, indicó José María Molina, representante legal de otro damnificado.
Con el correr de los meses, Ovejero fue denunciado por una nueva maniobra: la entrega de cheques sin fondos o presuntamente apócrifos.
“La estafa no se limitó a la captación de dinero. Cuando la presión de los acreedores aumentó, el imputado recurrió a maniobras abiertamente criminales: entregó cheques falsos y otros sin provisión de fondos, a sabiendas de que jamás serían cobrados, perjudicando a nuestro representado”, afirmó García Biagosch.
LA GACETA intentó comunicarse con Ovejero o con sus defensores para conocer su versión de los hechos. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no habían respondido los mensajes enviados.
Falsas promesas
Cuando comenzaron a acumularse las denuncias, Ovejero inició una serie de negociaciones para intentar resolver la situación. Entre otras alternativas, se presentaba en el Ministerio Público y acordaba con los denunciantes planes de pago para cancelar las deudas. Esa era una vía para evitar que los expedientes continuaran avanzando.
“Nunca cumplió con lo prometido, por lo que fue citado nuevamente y, en lugar de dinero, ofreció entregar una camioneta para reducir la deuda. Pero descubrimos que ese mismo vehículo ya había sido ofrecido a por lo menos otras cinco personas”, destacó Ariel Lezcano, abogado de otro de los damnificados.
El profesional agregó otro dato relevante. “Hubo casos en los que Ovejero firmó acuerdos en escribanías y entregó cheques sin respaldo o cedió en varias oportunidades formularios 08 correspondientes a los mismos vehículos a distintas personas. También citaba a nuestros representados en entidades bancarias para entregarles dinero, pero nunca se presentaba. Dejaba a las personas esperando”, señaló Lezcano.
“A mi representado le ocurrió eso, pero descubrió la maniobra cuando advirtió que había otras personas realizando exactamente el mismo trámite”, añadió en una entrevista con LA GACETA.
Candelaria Hernández y Patricio Char representan a tres denunciantes. “Podemos decir que el modus operandi siempre fue el mismo. Ganándose la confianza de las personas, Ovejero prometía acuerdos que nunca cumplía. Hasta enviaba videos de cargamentos de azúcar que nunca aparecían. Evidentemente, su estrategia es trasladar el caso al ámbito civil y presentarlo como un incumplimiento contractual, cuando en realidad estamos ante una estafa”, indicaron. “Siempre ocurre algo similar con este tipo de personas, pero en este caso fue más allá, porque incluso pidió ser sobreseído. Sin embargo, una jueza rechazó ese planteo al considerar que todavía había mucho por investigar”, explicó Hernández. “No tengo dudas de que en los próximos días se presentarán nuevas denuncias, ya que todavía hay muchas personas que siguen creyendo que les devolverá el dinero que le entregaron”, concluyó la abogada.
Fuente: La Gaceta