El gobierno de Javier Milei derogó el decreto que establecía custodia presidencial para el ex mandatario Alberto Fernández en el exterior.
«Mediante Decreto IF-2023-148458977-APNMSG, se derogó el Decreto N°735 del día 8 de diciembre de 2023 firmado por el ex presidente Alberto Fernández, que determinaba la obligatoriedad del Estado argentino de brindarle custodia tanto a él como a sus familiares directos, aun viviendo en el exterior», informó el Ministerio de Seguridad.
La cartera que conduce Patricia Bullrich señaló que esa medida «implicaba la reestructuración de cuestiones operativas y presupuestarias que resultan contrarias al uso eficiente de los recursos y elerario público, en detrimento de las políticas impulsadas por el Estado Nacional».
“¡Se terminan los privilegios de la clase política! Poco antes de terminar su mandato, Alberto Fernández dictó un decreto que le concedía custodia de por vida a él y a sus familiares, incluso afuera del país. Vamos a una Argentina austera. Basta de gastos inútiles y privilegios para pocos que pagamos todos”, sostuvo Bullrich en su cuenta de la red social X.
El decreto 735/2023 fue firmado por Fernández días antes de dejar el cargo y establecía un cambio en las funciones del sistema de custodia y de la Casa Militar, el organismo que está a cargo de la seguridad del Presidente.
La Policía Federal Argentina (PFA) habitualmente custodia a todos los ex mandatarios en el territorio nacional, en caso de que requieran de este resguardo especial, o tengan que realizar viajes puntuales.
La prerrogativa se ampliará ahora a quienes hayan ejercido alguna vez la Presidencia y la Vicepresidencia, se desplacen dentro o fuera del país, y podrán utilizar este beneficio sin un tiempo límite para su aplicación.
Este miércoles, la Fundación Apolo, a través de sus representantes Yamil Santoro y José Magioncalda, con el patrocinio del Dr. Christian Cao, había presentado un amparo para detener el decreto que habilita custodias en el exterior para expresidentes de la Nación.
El escrito pedía que el Tribunal ordene al Poder Ejecutivo y/o a toda otra autoridad pública que tome parte del acto impugnado, cesar y/o abstenerse de aplicar el privilegio/título irrazonable y a perpetuidad que surge del Decreto 735/2023.