Manuel Adorni se vio envuelto en distintos escándalos durante los últimos meses, desde viajes presidenciales hasta un aumento exponencial en su patrimonio, los cuales derivaron en su renuncia a la Jefatura de Gabinete que presentó esta tarde.
Los viajes
Uno de los primeros hechos fue el viaje de su esposa Bettina Angeletti a Nueva York en la comitiva presidencial, el cual despertó críticas por parte de la oposición y puso en tela de juicio el uso de recursos públicos para costear el viaje. Sin embargo, el exfuncionario afirmó que no hubo irregularidades y señaló que el propio presidente Javier Milei invitó a su esposa.
Poco después salió a la luz otro viaje, esta vez hacia Punta del Este y en un avión privado, durante el feriado de Carnaval. La polémica allí surgió por querer saber quién había financiado ese viaje. Finalmente, el pago se le atribuyó al periodista de la TV Pública y amigo personal de Adorni, Marcelo Grandío.
“Cada uno pagó su parte. Él pagó sus 4 pasajes y pagó 3.600 dólares y yo pagué 800 dólares porque era mi parte”, afirmó Grandío, en alusión al vuelo que partió desde el aeródromo de San Fernando, en el norte del Gran Buenos Aires.
El aumento de su patrimonio
Los problemas escalaron cuando comenzaron las investigaciones por su patrimonio personal. El crecimiento exponencial que se registró puso en entredicho ciertos enriquecimientos ilícitos por parte del ex Jefe de Gabinete.
Un departamento en el barrio porteño de Caballito y una casa en el country Indio Cuá fueron dos propiedades que se conocieron en base a distintas investigaciones periodísticas.
En ese momento, Adorni se defendió afirmando que toda su fortuna la construyó dentro del sector privado, en el cual trabajó «más de 25 años».
«Todo lo que tiene que estar declarado está correctamente declarado, en cada uno de los organismos», había dicho en una entrevista televisiva.
Gastos en tarjetas y criptomonedas
A esto se suman los gastos realizados en sus tarjetas de crédito, los cuales contradecían los números de su patrimonio. Los consumos superaron los $85 millones durante 2025, representando un promedio de $7,1 millones mensuales, un monto que duplica el salario bruto que el exfuncionario percibía en ese momento en la administración pública, el cual ascendía a $3,5 millones.
El hecho que involucra la tenencia de criptomonedas fue uno de los más recientes. Los informes preliminares de la Justicia habrían detectado transacciones en activos digitales, aunque los montos consignados hasta el momento serían de una cuantía inferior respecto a los flujos de dinero en efectivo que ya forman parte del expediente.