El Gobierno oficializó la designación de Francisco Jorge Adorni, hermano del vocero presidencial Manuel Adorni, como director representante del Ministerio de Defensa en el directorio del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAFPRPM), un organismo central en la administración de las jubilaciones y pensiones de las Fuerzas Armadas.
La medida quedó establecida mediante la Resolución 543/2025 de la cartera encabezada por el ministro Luis Petri. Asumirá en reemplazo de Betina Betsabé Surballe, a quien Petri eligió para presidir la obra social de los militares, tras el desplazamiento de su titular, Roberto Fiochi.
De esta manera, Adorni encabezará el Directorio del organismo, que integran tres representantes de las Fuerzas Armadas —el general de brigada Carlos Caneva, el vicealmirante Juan Carlos Abbondanza y el brigadier mayor Pedro Girardi, todos retirados—, la contadora Marcela Singer por el Ministerio de Economía y el abogado Oscar Romero por la Secretaría de Trabajo. La dirección ejecutiva sigue a cargo de Marina Sawinski.
El Instituto de Ayuda Financiera, creado en 1983, es el ente encargado de gestionar los recursos destinados al pago de haberes de más de 300.000 retiros y pensiones del personal militar, un régimen previsional especial que representa uno de los mayores niveles de gasto por beneficiario dentro del sistema público. Este organismo también administra recursos para el otorgamiento de préstamos.
Su designación al frente del IAF se suma a un ascenso progresivo dentro del Ministerio de Defensa, donde desde marzo ocupaba también la jefatura de la Unidad de Auditoría Interna. El contador público egresado en la Universidad Nacional de La Plata llegó a ese cargo tras desempeñarse como asesor de Luis Petri en el área de control de procedimientos internos.
Antes de incorporarse al equipo del gobierno nacional, trabajó durante más de dos décadas en el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires. Según fuentes cercanas al oficialismo, mantiene un buen vínculo con Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y en los últimos meses fue tenido en cuenta como posible candidato en territorio bonaerense.
Su nombre había cobrado notoriedad a comienzos de la gestión libertaria, cuando se difundió que el salario asignado a su puesto de asesor en Defensa superaba los $2,6 millones mensuales. El impacto que generó esta información se vio resaltada por haber surgido en paralelo con la aplicación de importantes recortes en materia salarial y de personal dentro del Estado. /La Nación