La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó un enérgico rechazo a cualquier intromisión extranjera en los aviones internos del país, tras la solicitud del Gobierno de Estados Unidos de extraditar a 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntas actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de armas y narcóticos.
En su habitual conferencia matutina desde el Palacio Nacional, la mandataria mexicana calificó las acusaciones como potencialmente motivadas por intereses políticos y reafirmó que la defensa de la soberanía nacional es un principio irrenunciable de su administración.
“Bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que competen exclusivamente al pueblo de México”, expresó Sheinbaum al leer la posición del Gobierno mexicano sobre el caso.
La mandataria continuó: “Es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia (de Estados Unidos) es político”.
“No existen pruebas claras”
Sostuvo además que “no existen pruebas claras” contra los imputados según un detallado informe de Xinhua que tomó la Agencia Noticias Argentinas.
Sheinbaum comentó que desde la noche del pasado 28 de abril la cancillería mexicana recibió solicitudes de “detención provisional con fines de extradición para 10 ciudadanos mexicanos”.
Agregó que la documentación fue turnada al día siguiente a la Fiscalía General de la República para su evaluación “conforme a la legislación mexicana”.
No obstante, señaló que el 29 de abril el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, hizo público el levantamiento de cargos contra los 10 imputados, lo que motivó un extrañamiento por parte de las autoridades mexicanas al considerar que se vulneraron los procesos de confidencialidad.
Sheinbaum puntualizó que la Fiscalía mexicana analiza los documentos para ver su viabilidad, al tiempo que “iniciará una investigación para llegarse de toda la información necesaria para conocer si existen datos de prueba que determinarán la eventualidad de que la acusación hecha por las autoridades estadounidenses cuente con el fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión”.
“Como presidenta de la República, mi posición ante estos hechos es verdad, justicia y defensa de la soberanía”, reiteró.
La mandataria dejó en claro que si la Fiscalía encuentra pruebas contundentes contra los inculpados, actuará conforme a la ley, al subrayar que “nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito”.
La cancillería mexicana confirmó la víspera las solicitudes de extradición, que apuntan a una supuesta colaboración entre ciudadanos mexicanos y una facción del cártel de las drogas liderada por los hijos del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán, preso en Estados Unidos por cargos de lavado de dinero y tráfico de drogas.
La controversia surge en un momento delicado para las relaciones entre México y Estados Unidos, marcadas por recientes tensiones en materia de seguridad y en vísperas de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).