El expresidente filipino Rodrigo Duterte fue detenido este martes por orden de la Corte Penal Internacional (CPI), por crímenes de lesa humanidad. El Tribunal considera que hay «motivos razonables» para creer que lideró un escuadrón de la muerte y utilizó su poder presidencial para llevar asesinatos extrajudiciales en nombre de su guerra contra las drogas.
«La sala considera que hay motivos razonables para creer que el señor Duterte es responsable individualmente del crimen de lesa humanidad de asesinato», indica la orden de arresto «secreta» de la CPI del pasado 7 de marzo a la que ha tenido acceso el medio filipino Rappler.
El documento que detalla el razonamiento del tribunal fue enviado por la CPI a Interpol para proceder con el arresto.
Duterte fue detenido en Manila
Duterte fue detenido en el aeropuerto internacional de Manila tras llegar de Hong Kong con su familia, y se convirtió en el primer exmandatario asiático arrestado por el tribunal internacional. Posteriormente fue trasladado a la cercana base aérea de Villamor. No estaba claro a dónde sería trasladado después.
Vestido con una chaqueta oscura, un iracundo Duterte protestó por su arresto tras su llegada y preguntó a las autoridades la base legal de su detención. Sus abogados solicitaron de inmediato al Tribunal Supremo en Manila que bloqueara cualquier intento de trasladarlo fuera de Filipinas para ser entregado a la CPI en Europa.
“Muéstrenme ahora la base legal para que yo esté aquí”, preguntó Duterte a las autoridades en declaraciones capturadas en video por su hija, Veronica Duterte, quien lo publicó en redes sociales. “Ahora tienen que responder por la privación de libertad”.
El inesperado arresto provocó un alboroto en el aeropuerto, donde abogados y asistentes de Duterte protestaron enérgicamente porque, al igual que a un médico y abogados, se les impidió acercarse a él una vez quedó bajo custodia policial. “Esto es una violación de su derecho constitucional”, dijo a los periodistas el senador Bong Go, un aliado cercano de Duterte.
La CPI investiga asesinatos masivos en la represión antidroga de Duterte
La CPI ha investigado los asesinatos masivos ocurridos durante la letal campaña del exmandatario contra las drogas ilegales, cuando era alcalde de la ciudad sureña de Davao y luego como presidente. Las estimaciones del número de muertos durante la represión bajo Duterte como presidente varían, desde más de 6.000 reportados por la policía nacional hasta 30.000 reclamados por grupos de derechos humanos.
“Al llegar, el fiscal general entregó la notificación de la CPI para una orden de arresto al expresidente por el crimen de lesa humanidad”, dijo el gobierno. “Ahora está bajo custodia de las autoridades”.
El arresto de Duterte era necesario “para asegurar su comparecencia ante la corte”, dice la orden del Tribunal Penal, añadiendo que se esperaba que el expresidente ignorara una citación judicial.
El texto indicaba que aunque Duterte ya no era presidente, “parece seguir ejerciendo un considerable poder”.
“Consciente del riesgo resultante de interferencia con las investigaciones y la seguridad de los testigos y víctimas, la sala está convencida de que el arresto del señor Duterte es necesario”.
No hubo comentarios inmediatos sobre el arresto de Duterte por parte de la corte o de la oficina del fiscal de la CPI en La Haya, Holanda.
Familiares de los fallecidos y críticos de Duterte celebran su detención
El arresto y la caída de Duterte sorprendieron y llevaron a las lágrimas a las familias de las víctimas de sus sangrientas campañas contra la droga. Algunas se reunieron de inmediato en una manifestación callejera para expresar su alivio.
“Este es un gran día, largamente esperado para la justicia”, dijo a The Associated Press Randy delos Santos, el tío de un adolescente asesinado por la policía durante una operación antidroga en agosto de 2017 en la metrópoli de Manila.
“Ahora sentimos que la justicia está avanzando. Esperamos que los altos mandos de la policía y los cientos de agentes de policía que estuvieron involucrados en los asesinatos ilegales también sean puestos bajo custodia y castigados”, dijo Delos Santos.
Tres de los agentes de policía que mataron a su sobrino, Kian delos Santos, fueron condenados en 2018 por el publicitado asesinato, lo que llevó a Duterte en ese momento a suspender temporalmente su brutal represión antidroga.
La condena fue una de al menos tres, hasta ahora, contra agentes de la ley involucrados en la campaña antidroga, un reflejo de las preocupaciones de las familias de las víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales de que no obtendrían justicia en Filipinas, por lo que decidieron buscar la ayuda de la CPI.
El exsenador Antonio Trillanes, uno de los críticos más severos de Duterte que lideró la presentación de una denuncia en su contra ante la CPI, dijo que el arresto era histórico y un gran golpe a la impunidad estatal y la tiranía en cualquier parte del mundo.
“Esto es como la caída de un emperador”, dijo Trillanes a la AP. “ El siguiente paso ahora es asegurarse de que todos sus seguidores que han cometido transgresiones criminales como él también sean responsabilizados”.
El gobierno dijo que el exmandatario, de 79, años estaba en buen estado de salud y fue examinado por médicos del gobierno tras su arresto.
El gobierno de Duterte intentó frenar la pesquisa de la CPI
La CPI abrió una investigación sobre los asesinatos relacionados con las drogas durante el gobierno de Duterte desde el 1 de noviembre de 2011 —cuando aún era alcalde de la ciudad sureña de Davao— hasta el 16 de marzo de 2019, ante la posibilidad de que sean delitos de lesa humanidad. Duterte retiró a Filipinas del Estatuto de Roma en 2019, una medida que activistas por los derechos humanos consideran tenía el objetivo de evitarle rendir cuentas por los asesinatos.
El gobierno de Duterte intentó suspender la investigación del tribunal global a finales de 2021, argumentando que las autoridades filipinas ya estaban investigando las mismas acusaciones, y alegando que la CPI —un tribunal de última instancia— no tenía jurisdicción.
En julio de 2023, jueces de apelaciones de la CPI dictaminaron que la investigación podía reanudarse y rechazaron las objeciones del gobierno de Duterte. La corte, con sede en La Haya, puede intervenir cuando los países no están dispuestos o son incapaces de procesar a los sospechosos de los crímenes internacionales más atroces, incluidos genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
El presidente, Ferdinand Marcos Jr., quien sucedió a Duterte en 2022 y se enfrascó en una amarga disputa política con el expresidente, ha decidido no reincorporarse al tribunal global. Sin embargo, el gobierno de Marcos ha declarado que cooperaría si la CPI le solicita a la Interpol que detenga a Duterte a través de una alerta roja, una solicitud para que las agencias policiales en todo el mundo localicen y arresten temporalmente a un sospechoso de un delito.
El propio Duterte admitió haber dirigido escuadrones de la muerte ante un comité del Senado filipino el pasado noviembre, en unas confusas declaraciones en las que aseguró que estaba formado por «gánsteres» que mataban a criminales.
Si Manila acepta entregar a Duterte, el expresidente será enviado a Países Bajos y trasladado al centro de detención gestionado por la Corte en La Haya, donde el sospechoso comparecerá ante un juez en una audiencia inicial para confirmar su identidad e informarles de los cargos y sus derechos, antes de avanzar hacia el comienzo oficial del juicio.
Sí Filipinas se niega o hay resistencia a la entrega, pueden iniciarse negociaciones diplomáticas.