El misterio del Boeing militar que aterrizó en el fin del mundo finalmente tiene una explicación oficial, aunque las respuestas no bastaron para calmar el clima de sospecha en Tierra del Fuego. Lo que este domingo se vivió como un aterrizaje «fantasma» sin tripulantes identificados, hoy se reveló como una misión clave de legisladores estadounidenses en una zona que Washington mira con lupa. La llegada de la delegación se produjo apenas tres días después de que el Gobierno nacional interviniera el puerto de Ushuaia, un movimiento que la oposición leyó como el primer paso para entregarle el control estratégico de la zona a Estados Unidos.
La Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires rompió el silencio y precisó que se trató de una “delegación bipartidista del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes”. Según el comunicado, los congresistas viajaron a la Patagonia para abordar una agenda técnica que incluyó el procesamiento de minerales críticos, la gestión de residuos mineros y la investigación en salud pública. A pesar del listado, el hecho de que se trasladaran en un Boeing C-40 Clipper de la Fuerza Aérea mantuvo en alerta a sectores locales.
Desde el Gobierno provincial, la reacción fue de absoluta desconfianza. El secretario jurídico de Tierra del Fuego, Emiliano Fossatto, advirtió que la visita generó «mucha inseguridad» debido a que no existió ninguna comunicación previa con las autoridades locales. Fossatto señaló que la ubicación del puerto de Ushuaia es demasiado valiosa como para creer que se trató de una simple visita de rutina sobre ambiente.
La senadora nacional Cristina López fue un paso más allá y exigió explicaciones urgentes al Poder Ejecutivo sobre el destino de la Base Naval Integrada. López denunció en sus redes sociales que Tierra del Fuego «no es una base militar extranjera» y reclamó transparencia sobre los acuerdos que el presidente podría estar cerrando a espaldas del Congreso. La legisladora opositora vinculó directamente la llegada de los funcionarios con la teoría de una base naval conjunta, una posibilidad que el Gobierno nacional desmintió en reiteradas oportunidades, pero que sigue alimentando el debate político.
El despliegue del Boeing C-40 Clipper no fue un detalle menor. La aeronave partió de la Base Conjunta Andrews, en Maryland, e hizo escalas en Puerto Rico y Buenos Aires antes de tocar suelo. Equipado con sistemas de comunicación encriptada y áreas de descanso para pasajeros distinguidos, el avión simbolizó para la CGT y sectores opositores al Gobierno un «atropello a la soberanía». De hecho, la coincidencia entre la intervención del puerto, los despidos de trabajadores locales y el aterrizaje militar terminó generando un escenario de desconfianza.
Milei ya recibió en Ushuaia a Laura Richardson y a Alvin Holsey, ambos jefes del Comando Sur, para supervisar proyectos de infraestructura. Aunque el Gobierno insistió en que la Base Naval es un proyecto puramente argentino, la frecuencia de las visitas y la llegada de este grupo de funcionarios reforzó la idea de que el Atlántico Sur se convirtió en una prioridad de seguridad nacional para la Casa Blanca en su competencia global con otras potencias.
La intervención del puerto como detonante
El conflicto estalló el jueves 22 de enero, cuando el Gobierno nacional decidió intervenir el puerto de Ushuaia, desplazando a las autoridades locales y desvinculando a decenas de operarios. Para el gobernador Gustavo Melella, esta medida fue un «avasallamiento al federalismo» que buscó despejar el camino para concesiones logísticas a favor de Estados Unidos. La falta de informes oficiales sobre el motivo de la intervención, sumada a la llegada del avión militar tres días después, disparó las alertas de sindicatos y legisladores fueguinos.
Desde 2022, Argentina construye en Ushuaia una Base Naval Integrada que busca “centralizar la logística antártica y el control del tránsito marítimo”. Aunque el proyecto está lejos de terminarse por falta de fondos, despertó el interés recurrente de Washington. Las visitas de altos mandos del Comando Sur en 2024 y 2025 pusieron el foco en este lugar, generando un debate nacional sobre si la obra terminará siendo una instalación binacional que facilite las ambiciones militares de Estados Unidos.
El avión que trasladó a los legisladores es una versión militar del Boeing 737-700, diseñada específicamente para el transporte de miembros del Congreso y del Gabinete estadounidense. El seguimiento satelital mostró que el vuelo operó bajo el código RCH del Comando de Movilidad Aérea, lo que inicialmente alimentó las sospechas de que los pasajeros eran militares de alto rango antes de que la embajada confirmara la identidad de los mismos.