El fiscal federal Diego Luciani participó en el Encuentro Internacional de la Corrupción Transnacional organizado por Transparencia Internacional en Madrid, con un mensaje claro y contundente: la Justicia argentina no debe ser garante de la impunidad. Con esta declaración, Luciani expuso su preocupación sobre la corrupción estructural que afecta al país y reclamó que las condenas por delitos de corrupción no solo sean efectivas, sino que además incluyan la restitución de los bienes sustraídos al Estado.
“La Justicia no puede ser garante de la impunidad”
Durante su intervención, el fiscal enfatizó que el sistema judicial debe actuar con firmeza y determinación. “La Justicia no puede ser garante de la impunidad. Tenemos que llegar a condenas, y esas condenas tienen que quedar firmes”, afirmó. Luciani, quien lideró la acusación contra la expresidenta Cristina Kirchner en el conocido caso Vialidad, destacó la necesidad de asegurar que las sentencias sean ejecutadas y que los responsables cumplan con las penas impuestas.
Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión por fraude administrativo y corrupción en la administración pública, en el contexto del direccionamiento de obras públicas en la provincia de Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez. La exmandataria fue hallada culpable de beneficiar ilegalmente a Báez, causando un perjuicio millonario a las arcas del Estado, y recibió además la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El fallo aún está en revisión por la Cámara de Casación Penal, y se espera una decisión definitiva el próximo 13 de noviembre.
Devolución de bienes al Estado
Luciani subrayó que, para que las condenas tengan sentido, es imprescindible que los bienes provenientes de la corrupción regresen al Estado. “Si la persona corrupta tiene que ir presa, que vaya presa. Y tiene que devolver los bienes que se llevó del Estado, porque sino el resultado del proceso es la impunidad”, expresó. El fiscal recordó que, durante el juicio, solicitó que los acusados devuelvan 1000 millones de dólares, un monto que él asegura fue desviado mediante prácticas corruptas y que debería reintegrarse al patrimonio público.
Un sistema de control ineficaz
En un análisis autocrítico, Luciani cuestionó el sistema de control argentino, describiéndolo como un mecanismo que favorece la corrupción en lugar de prevenirla. Según el fiscal, “nuestro sistema de control en Argentina fue creado para darle posibilidades a los corruptos. Es un mensaje muy malo para la sociedad, porque los ejemplos tienen que venir de arriba hacia abajo, del Poder Ejecutivo y del Congreso”.
Luciani argumenta que, con la llegada de Alberto Fernández a la presidencia, el panorama en torno a la lucha contra la corrupción se tornó más complejo. Al asumir, Fernández modificó el rol de la Oficina Anticorrupción (OA) y de la Unidad de Información Financiera (UIF), dos organismos clave que dejaron de acompañar las investigaciones judiciales como querellantes en las causas de corrupción. “Cuando cambió el gobierno, la Oficina Anticorrupción dejó de ser querellante. La Unidad de Información Financiera se transformó prácticamente en una defensa más”, afirmó.
Las presiones y las “intromisiones” en la causa Vialidad
Luciani también denunció haber sufrido presiones y “todo tipo de intromisiones” por parte del gobierno durante el juicio. Recordó un episodio en el que el presidente Fernández, durante una entrevista televisiva, hizo referencia al fiscal Alberto Nisman, insinuando un final similar para Luciani. “Alberto Fernández dijo en un programa de TV: ‘Nisman se suicidó, espero que Luciani no se suicide’. Mis hijas estaban mirando ese día la TV. Me preguntaron ¿qué pasa?”, relató el fiscal, visiblemente afectado.
Lucha contra la corrupción: un compromiso con la sociedad
Con su exposición en Madrid, Diego Luciani no solo reiteró su compromiso con la lucha contra la corrupción, sino que también dejó un mensaje de alerta y reflexión sobre el rol de la Justicia y el sistema de control en Argentina. Para el fiscal, no se trata solo de enviar a prisión a los responsables, sino de establecer un precedente que permita restaurar la confianza en las instituciones y garantizar que los recursos del Estado sean protegidos de la malversación y el fraude.
El mensaje de Luciani es claro: las instituciones y los ciudadanos deben demandar que los bienes robados vuelvan al patrimonio público. En sus palabras, “¿cuál es el sentido de todo esto si las sentencias no quedan firmes, si los involucrados no van presos y si no se devuelven los bienes al Estado?”.
El alegato del fiscal Luciani durante el juicio
Asociación Ilícita: Luciani sostuvo que Cristina Kirchner fue la jefa de una asociación ilícita que favoreció al empresario Lázaro Báez mediante la manipulación de licitaciones y la asignación irregular de obras públicas. Según el fiscal, esta estructura delictiva permitió desviar fondos públicos hacia intereses privados.
Manipulación de Obras Públicas: Se acusó a Kirchner de direccionar obras hacia la empresa Austral Construcciones, propiedad de Báez, a través de licitaciones manipuladas y condiciones extraordinarias, lo que resultó en sobreprecios y falta de controles sobre los trabajos realizados. Luciani destacó que muchas obras fueron pagadas aunque nunca se completaron.
Pruebas Documentales: Durante su alegato, el fiscal presentó mensajes de texto entre funcionarios que aludían a «la jefa» y «la Pta.» (presidenta), sugiriendo que las decisiones sobre las obras eran coordinadas directamente con Kirchner. También se mencionaron comunicaciones que indicaban una relación cercana entre Báez y la familia Kirchner.
Colaboradores Clave: Luciani identificó a varios funcionarios del gobierno kirchnerista, como José López y Julio De Vido, como piezas clave en el esquema de corrupción. Argumentó que estos funcionarios habían trabajado con Kirchner desde sus años en Santa Cruz y que estaban involucrados en la ejecución de las maniobras fraudulentas.
Beneficios Personales: El fiscal también destacó que Báez no solo fue un empresario beneficiado por contratos públicos, sino que también tenía vínculos comerciales con la familia Kirchner a través de empresas como Hotesur, lo que reforzaba la idea de un esquema organizado para sustraer fondos públicos.