Un grupo de diputados del bloque La Libertad Avanza presentó este miércoles una denuncia penal contra su ex compañera de bancada Marcela Pagano, en la que la acusan por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, omisión maliciosa en declaración jurada patrimonial y administración fraudulenta, entre otros cargos vinculados a la administración pública.
La presentación fue radicada ante el fuero Criminal y Correccional Federal, considerado competente para investigar delitos cometidos por funcionarios nacionales en ejercicio de sus funciones. Pagano es casualmente la diputada que reveló que Manuel Adorni compró una casa en el exclusivo country de Exaltación de la Cruz que no aparece en su declaración jurada y que fue el punto de partida para la investigación por enriquecimiento ilícito que complica al Jefe de Gabinete y que crece día a día.
Entre los firmantes figuran María Celeste Ponce, Carlos Zapata, María Soledad Mondaca, Jairo Guzmán, Sergio Figliuolo, Lilia Lemoine, Andrea Fernanda Vera, Valentina Loana Ravera, Miguel Rodríguez, Eliana Bruno, Andrés Leone, Atilio Basualdo, Santiago Santurio y María Cecilia Ibáñez, entre otros diputados nacionales.
En el documento judicial, los diputados libertarios señalaron que la denuncia apunta a hechos que podrían configurar delitos contra la Administración Pública Nacional, presuntamente cometidos por Pagano desde que asumió su banca el 10 de diciembre de 2023.
La acusación incluyó posibles irregularidades vinculadas a su situación patrimonial, con foco en la presentación de declaraciones juradas y en la evolución de sus bienes durante su desempeño como funcionaria.
Además del enriquecimiento ilícito, los denunciantes incorporaron figuras como la omisión maliciosa y la administración fraudulenta, lo que amplía el alcance de la investigación hacia eventuales maniobras que podrían haber afectado recursos públicos.
La denuncia fue formalizada con patrocinio letrado del abogado Hernán Emilio Seivane, quien intervino en representación de los legisladores. En el escrito, los diputados fijaron domicilio procesal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y solicitaron que se investiguen los hechos bajo la órbita federal.
Según consta en el documento, la acción judicial busca que se determinen las responsabilidades correspondientes y se esclarezca si existieron conductas incompatibles con el ejercicio de la función pública.
El caso se suma a un contexto de creciente judicialización de la política, donde las denuncias por presuntas irregularidades patrimoniales adquieren protagonismo en el debate público.
La situación de Pagano quedó ahora bajo análisis de la Justicia, que deberá definir si existen elementos suficientes para avanzar en una investigación formal sobre los hechos denunciados.