El oficialismo buscará este martes en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados dictaminar el proyecto de «Defensa de la Soberanía Nacional», pero hasta el momento no aseguró las firmas necesarias y enfrenta un panorama adverso.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de altas fuentes del interbloque Fuerzas del Cambio, persisten diferencias en torno a una serie de artículos que la Casa Rosada se resiste a modificar o eliminar y que podrían desembocar en una nueva postergación, luego de que la semana pasada se suspendiera el plenario.
En un clima de incertidumbre se reunirán las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto este martes a las 16.00 en el Anexo C de la Cámara baja, en medio de negociaciones que lleva adelante y supervisa la Casa Rosada.
A diferencia de otras leyes que fueron construidas desde el Congreso nacional, en este caso es el Poder Ejecutivo el que impone los términos de la conversación y se reserva la potestad de aceptar o rechazar modificaciones a pedido de la oposición.
Hasta ahora, la única garantía que tienen los bloques dialoguistas y aliados es la modificación del artículo 111 que establecía penalizaciones a «acciones destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva, así como promover o financiar actos de violencia o sabotaje».
«Aceptaron nuestra propuesta que viene de la legislación comparada, para que en vez de criminalizar las campañas de desprestigio que eran muy abiertas encontramos los tipos penales que están más definidos», comentaron las fuentes consultadas a NA.
Por el momento no fueron aceptadas otras propuestas de sectores aliados como la incorporación de dos diputados en el Consejo de Seguridad para que haya presencia de la oposición en ese órgano.
Otro reparo que surge de la lectura crítica del proyecto es «la superposición de las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad en la protección de insfraestructuras críticas».
Desde Fuerzas del Cambio (PRO y UCR) se muestran escépticos respecto de las posibilidades de avanzar este mismo martes con la firma del dictamen, más allá de que estarían dispuestos a acompañar en disidencia, supo NA.
Más allá de que se firme o no el dictamen esta semana, la aprobación del proyecto de Defensa Nacional no tiene el camino demasiado despejado y podría verse desplazado por otros temas de debate que el Gobierno le asigna un interés prioritario como el Presupuesto 2027 y, en menor medida, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
Pero además desde el oficialismo se están topando con un problema de tiempos a la horta de encontrar una fecha plausible de sesión en el calendario.
La visita del Papa y los feriados previstos por tal fin para los días 9 (nacional), 10 (CABA y Córdoba) y 11 de noviembre (PBA) entorpecen el armado de un cronograma de trabajo en el marco de una agenda legislativa que sí o sí le tiene que hacer lugar a la discusión del Presupuesto 2027, la prioridad absoluta de esta última parte del año.
A su vez, la agenda internacional conspira contra la posibilidad de poder reencaminar el tratamiento y aprobación de la ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
El martes 3 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones de medio término en Estados Unidos y se especula con que una comitiva de diputados nacionales de La Libertad Avanza viajará al país del norte para presenciar la jornada electoral y apoyar a los candidatos republicanos.
Los puntos clave del proyecto del Gobierno
El proyecto prevé el endurecimiento de las penas (hasta 20 años de prisión) por la explotación (o cooperación para la explotación) de recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares circundantes, y de inhabilitarlas para operar en la Argentina.
Se reemplaza la actual Ley 26.659 y se amplían las prohibiciones, que ya no alcanzarán solamente a los hidrocarburos sino a cualquier aprovechamiento no autorizado por la Argentina de recursos naturales renovables y no renovables.
Además, habrá un registro público de infractores y el Estado y los particulares tendrán prohibido contratar con los allí inscriptos.
Se incorpora además el juicio en ausencia para los delitos previstos en la nueva ley.
Por otra parte, la iniciativa crea un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el presidente e integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica.
Esta unidad tendrá a su cargo la coordinación estratégica de las áreas diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia, además de intervenir en la protección de infraestructuras críticas.
El Consejo podrá disponer medidas urgentes ante una amenaza grave e inminente, entre ellas restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear temporalmente fondos y activos, suspender autorizaciones o contrataciones, restringir importaciones y exportaciones y elevar temporalmente derechos aduaneros.
Entre las prerrogativas, se autoriza el derribo de aeronaves y hundimiento de buques considerados hostiles como último recurso después de agotar otras instancias de un protocolo de actuación.
Por otro lado, se prohibirán aportes económicos de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras a partidos y campañas políticas.
Asimismo, el proyecto redefine las funciones de la Defensa Nacional autorizando su intervención en seguridad interna ante amenazas externas estatales y no estatales.
Con la incorporación por ley del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) se habilita la inmovilización de bienes y la prohibición de operaciones económicas o financieras con personas y entidades inscriptas por su vinculación con el terrorismo o a su financiamiento.