El oficialismo y el PRO de la Cámara de Diputados buscarán firmar este martes el dictamen de la ley para bajar la imputabilidad de 16 a 14 años para quienes cometen delitos graves.
De esta manera, la Libertad Avanza (LLA) y sus aliados del macrismo y la UCR intentarán retomar la iniciativa, que estuvo monopolizada en el cuerpo la última semana con la interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la creación de la investigadora sobre la estafa del caso de la criptomoneda Libra.
La estrategia del oficialismo es tener el martes firmado el despacho mayoría para tratarlo antes de fines de mayo, informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.
Tras dos semanas en que debieron postergar el debate, la presidenta de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, volvió a citar a una reunión a las 16 con el fin de firmar un despacho donde se buscará que tenga el máximo consenso.
La iniciativa se debe tratar por el plenario de las comisiones de Legislación Penal y Justicia, de Familia y de Presupuesto, que presiden Manuel Quintar (LLA), Roxana Reyes (UCR) y José Luis Espert (LLA), respectivamente.
El oficialismo espera contar además con el apoyo de los diputados del PRO, la UCR y la Coalición Cívica e Innovación Federal, y un sector de Encuentro Federal y del Frente Renovador.
La baja de imputabilidad también es respaldada por los diputados que responden al jefe del Frente Renovador, Sergio Massa.
La iniciativa ya se debatió en siete reuniones el año pasado y este año hubo dos reuniones, una el 12 de marzo y otra el 19 de marzo, previo a la sesión en la que se debatió el acuerdo con el FMI.
Fuentes legislativas precisaron a la Agencia Noticias Argentinas que si bien el Gobierno quiere establecer la edad en 13 años para condenar a un menor que cometió un delito grave, el consenso que hoy existe es que se puede bajarla edad hasta los 14, como proponen, entre otros, el diputado massista Ramiro Gutiérrez.
El proyecto del Gobierno establece que no se le podrá imponer al menor una pena de reclusión perpetua y que será el máximo de prisión de 20 años, aún si la escala penal fuera más elevada producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.
Otro de los puntos de la propuesta del Gobierno es que para la resocialización, el régimen penal de minoridad incluya programas educativos, de formación ciudadana, deportivos y tratamientos médicos cuando sea necesario.
Además, se propone la creación de la figura del supervisor, encargado de acompañar y guiar al joven infractor en su proceso de rehabilitación y reintegración a la sociedad.
También permite revisar la pena cuando se hayan cumplido los dos tercios de la condena, para que el resto de la pena se pueda cumplir en su domicilio.
Además de la cárcel y el domicilio, el proyecto propone otros lugares para el cumplimiento de la pena como un instituto abierto o un instituto especializado de detención de menores.
Francos solicitó en la sesión informativa que brindó el 15 de abril que el Congreso avance con la sanción del proyecto para bajar de 16 a 13 años la edad de imputabilidad, aunque hay consenso para que se pueda establecer en 14 años, en sintonía con proyectos presentados por opositores y el PRO.
El jefe de Gabinete recordó que el Gobierno envió al Congreso ese proyecto en junio del año pasado y señaló, al defender esa propuesta, que «quien comete un delito de adulto debe pagar una pena de adulto».