La narrativa de la «transparencia y la depuración» que intentó instalar la actual conducción de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán, encabezada por los interventores Guillermo Norry y Antonio Bustamante, sufrió un duro golpe tras la salida a la luz de expediente y registros de pago que comprometen directamente a su equipo de gabinete.
A pesar de haber asumido realizando denuncias públicas contra administraciones pasadas por supuestos dobles sueldos, los papeles oficiales mostrarían que las prácticas que denunciaban de la gestión anterior estarían ocurriendo dentro de la propia Asesoría Letrada y la cúpula directiva.
El expediente Suasnabar: nombrada en la Caja y cobrando en Alberdi
El 26 de febrero de 2026, mediante la Resolución de Intervención N° 159/26, Norry y Bustamante nombraron a Sandra Elizabeth Suasnabar como personal de gabinete de la Caja Popular de Ahorros, asignándole un haber equivalente a un Nivel 5. La propia resolución detalla que, para efectivizar el nombramiento, se habría contado con el certificado de habilitación expedido por el Tribunal de Cuentas de la provincia.
Sin embargo, cuando Suasnabar ya llevaba más de un mes desempeñándose activamente dentro de la institución provincial, los registros financieros habrían comenzado a reflejar acreditaciones cruzadas:
Pago de abril: El 8 de abril, la funcionaria habría recibido en su cuenta bancaria un depósito en concepto de honorarios provenientes de la Municipalidad de Juan Bautista Alberdi.
Pago de mayo: Exactamente un mes después, el 8 de mayo, la Municipalidad de Alberdi le habría vuelto a acreditar en su cuenta un segundo depósito de registrado bajo el concepto de «sueldo».
Estas transferencias consecutivas confirmarían que la asesora de la intervención de la Caja Popular habría estado percibiendo de manera simultánea dos retribuciones del erario público estatal, lo que configuraría una presunta incompatibilidad funcional y salarial.
¿Dónde estaba el Tribunal de Cuentas? Sospechas y lazos familiares
El caso salpicaría de lleno al Tribunal de Cuentas de la Provincia y a su presidente, Miguel Chaibén Terraf. El órgano de control interviniente habría sido notificado formalmente de la designación inicial de Suasnabar dando el «acuerdo» habilitante para el nombramiento.
La falta de alertas o cruzamientos de datos por parte del organismo fiscalizador volvería a poner bajo la lupa la objetividad de los controles institucionales en Tucumán. En los pasillos políticos y del propio organismo, la omisión del Tribunal cobraría una lectura particular a partir de las relaciones de parentesco directo en la cúpula del poder: «el subinterventor de la Caja Popular, Antonio Bustamante, y el presidente del Tribunal de Cuentas, Miguel Chaibén Terraf, serían consuegros», reveló una alta fuente del organismo de control.
De la irregularidad al «premio»: ascenso y aumento salarial
Lejos de iniciar un sumario administrativo o apartar a la funcionaria ante el cobro en dos dependencias del Estado, la conducción de la Caja Popular habría decidido beneficiarla.
El pasado 17 de julio, a través de la Resolución N° 496/26, la Intervención integrada por Norry y Bustamante le otorgó a Suasnabar un ascenso de categoría, llevándola de Nivel 5 a Nivel 3, con carácter retroactivo al 6 de julio.
Frente a la reveladora documentación a la que accedió en exclusiva el programa El Avispero, el abanico de responsabilidades dejaría a la conducción contra las cuerdas: si los interventores conocían los pagos provenientes de Alberdi, habrían incurrido en el encubrimiento de una irregularidad; si lo desconocían, quedaría expuesta una falla severa en los controles sobre el personal de su confianza./EnterateNoticias