El principal gremio docente de La Rioja analizaba no retomar las clases el lunes 27 de julio, después de rechazar el esquema salarial anunciado por el Gobierno de Ricardo Quintela, que incorpora sumas fijas y bonos provinciales, pero destina apenas un 4% de incremento al sueldo básico.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la Asociación de Maestros y Profesores debatía entre realizar un paro inicial de 24 horas o profundizar la medida si el Ejecutivo no reabre la negociación antes de la finalización del receso invernal.
El Gobierno informó que el aumento promedio para los empleados estatales se ubicará entre el 14% y el 15%. En el sector educativo, el paquete combina una suba del 4% al básico, $70.000 remunerativos no bonificables y otros $50.000 mediante Chachos, la cuasimoneda provincial utilizada para completar ingresos.
La administración de Quintela aseguró que, con el nuevo esquema, un docente inicial frente al aula alcanzará un salario cercano a $1 millón. También sostuvo que la mejora representa una inversión adicional de aproximadamente $12.200 millones mensuales para el Estado provincial.
AMP cuestionó esa presentación porque la mayor parte del incremento no se incorpora al básico. Según el sindicato, el porcentaje aplicado sobre ese componente representa una mejora cercana a los $15.000, mientras que las sumas no bonificables no repercuten de la misma forma sobre antigüedad, jerarquías y carrera docente.
La discusión no se limita al monto final que recibe un trabajador. Cuando los aumentos se concentran en cifras fijas, las diferencias entre cargos y años de servicio se reducen y se deteriora la estructura salarial sobre la que se calculan otros adicionales.
El sindicato también afirmó que no existió una paritaria real en la que pudiera discutirse la composición del aumento. La decisión habría sido comunicada por el Ejecutivo sin un acuerdo previo con la organización, lo que dejó abierto el conflicto a pocos días de la vuelta a las aulas.
Hasta el cierre de la evaluación gremial, el paro no estaba formalmente confirmado. Esa precisión es importante: la amenaza puede desactivarse si existe una convocatoria y una propuesta que modifique el esquema cuestionado.
Pero la proximidad del reinicio escolar deja escaso margen. La provincia conocía desde antes del receso los reclamos salariales y decidió anunciar una fórmula que el principal sindicato considera insuficiente, sin conseguir una garantía de normalidad para el lunes.
Quintela y su ministerio de Educación tienen responsabilidad directa sobre la negociación, el financiamiento y la continuidad pedagógica. No pueden presentar una eventual huelga como un hecho sorpresivo cuando las advertencias fueron formuladas antes del regreso.
La incorporación de Chachos agrega además una controversia particular. El bono puede utilizarse en determinados comercios y circuitos provinciales, pero no posee la misma aceptación que el peso ni resuelve todos los gastos de una familia fuera de La Rioja.
El Gobierno deberá explicar qué parte del aumento llegará efectivamente al salario básico, cómo impactará sobre jubilaciones y antigüedad, durante cuánto tiempo se abonarán las sumas extraordinarias y qué previsión existe para reemplazar los bonos por moneda nacional.
La Rioja necesita que las clases vuelvan con normalidad, pero esa continuidad no puede depender únicamente de exigir presentismo a los trabajadores. Requiere una negociación que el Ejecutivo todavía no logró cerrar.
Si las escuelas no abren el lunes, no será por una crisis inesperada. Será el resultado de una política salarial que Quintela anunció como aumento, pero que no consiguió transformar en acuerdo.