El Gobierno de Javier Milei presentó el proyecto de ley que envió al Congreso para blindar el uso de los «dólares del colchón». Se trata una reforma del procedimiento tributario y el régimen penal tributario para alentar a la población a usar sus ahorros no declarados, mover el consumo e inyectar divisas al sistema financiero, algo que hasta ahora no ocurrió pese a las medidas previas que flexibilizaron los controles fiscales y de lavado.
“Modificaremos los umbrales por los cuales el Estado podía perseguirte por evasión. Le vamos a dar a los ciudadanos todas las instancias necesarias para que normalicen su situación fiscal sin tener un problema penal”, dijo este jueves por la tarde el titular de ARCA, Juan Pazo, quien instó a la población a adherirse al régimen. «Es sencillo, te adherís, pagás y te despreocupás», agregó.
Pazo brindó una conferencia de prensa en Casa Rosada, acompañado por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, José Luis Espert. En ese marco, dijo que a partir de esta iniciativa «estamos garantizando que ningún otro Gobierno podrá perseguirlos», e informó que ya son 14 las provincias adheridas al nuevo sistema tributario y que otras dos firmarán el acuerdo la semana que viene, mientras Axel Kicillof (Buenos Aires), Jorge Macri (Caba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) se resisten, entre otros gobernadores.
Entre los principales cambios, el texto prevé el incremento de los umbrales a partir del cuál se persiguen delitos tributarios, el aumento de los importes de las sanciones, la reducción de los plazos de la prescripción de las obligaciones tributarias y la incorporación del régimen de declaración jurada simplificada del impuesto a las Ganancias, junto con cambios en el Código Civil y Comercial de la Nación.
Así, se establece un monto de más de $ 100 millones para que se configure el delito de evasión simple, con penas de prisión de 2 a 6 años, y de $ 1.000 millones para evasión agravada. Se trata de un incremento considerable respecto del importe previo de $ 1,5 millones y $ 15 millones, respectivamente, los que quedaron atrasados por la inflación.
«A partir de ahora estos límites aumentarán. Esto significa que, de alrededor de 7.000 causas abiertas hoy en el fuero penal tributario, únicamente quedarán en curso aproximadamente 200”, explicó Pazo.
El otro cambio importante es la reducción del plazo de prescripción de 5 años a 3 años en materia tributaria, un beneficio exclusivo para los contribuyentes inscriptos en el nuevo régimen simplificado de Ganancias que hubieren presentado en término la declaración jurada. Esta es una de las principales «zanahorias» para intentar acelerar la adhesión de quienes tienen fondos sin justificar en el «canuto».
Es que el artículo 56 del proyecto reduce los plazos de extinción de las acciones por las cuales el fisco puede investigar y reclamar retroactivamente a los contribuyentes. La apuesta es que los contribuyentes se inscriban lo antes posible para aprovechar el «blindaje», ya que si demoran el plazo de prescripción comienza más tarde y podría caer dentro de la próxima gestión que asuma en diciembre de 2027.
«Con esta Ley estamos garantizando que ningún gobierno del futuro podrá perseguirlos por su situación patrimonial pasada”, dijo Pazo durante la conferencia.
Por otra parte, se crea un régimen especial para quienes opten por la declaración jurada simplificada de Ganancias, para personas humanas y sucesiones indivisas residentes. La condición es que al 31 de diciembre del año previo y durante los ejercicios fiscales anteriores cumplan con: 1) ingresos totales de hasta $ $ 1.000 millones, 2) patrimonio total de hasta $ 10.000 millones, y 3) no ser considerado gran contribuyente nacional por ARCA.
El proyecto viene a coronar el Plan de Reparación Histórica de los Ahorros anunciado por el ministro Luis Caputo hace dos semanas, al que sumó este jueves la flexibilización por parte de la la Unidad de Información Financiera (UIF) de los controles de lavado para la compra de autos, propiedades y movimientos bancarios.
«Con la norma de la UIF taponaron a los que podían preguntar, como los bancos, escribanos, registro de la propiedad automotor y la propiedad inmueble. Ahora, se nota que el Gobierno está buscando acelerar la adhesión al nuevo régimen, pero tiene dos trabas: que lo apruebe el Congreso y la provincia de Buenos Aires», dijo la tributarista Teresa Gómez.