El presidente Javier Milei puso fin este martes a la universalidad de la salud pública y reglamentó el cobro por la atención a los extranjeros sin residencia permanente en el país. Se trata del primer paso en el plan libertario para liquidar la salud pública y avanzar hacia su completa privatización. Así quedó plasmado en la Resolución 1066/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones.
Allí, el gobierno libertario avanza en la implementación del «Procedimiento operativo para la atención sanitaria de personas extranjeras en los establecimientos sanitarios administrados por el Estado nacional». En el Artículo 1 de las Disposiciones Generales establece que «es aplicable a todos los extranjeros que no cuenten con residencia permanente en el país».
De esta manera, la nueva normativa se suma a la iniciativa de algunas provincias que ya lo habían implementado y formaliza lo establecido por el Decreto 366/2025, que introdujo cambios en la Ley de Migraciones.
El procedimiento aprobado por el gobierno libertario establece que «queda exceptuada de la aplicación del presente toda prestación sanitaria destinada a la evaluación, diagnóstico, estabilización y tratamiento inmediato de una condición clínica que implique riesgo cierto e inminente para la vida, para un órgano o una función, o que requiera una intervención urgente para evitar un daño grave o irreversible en la salud de la persona”.
En este sentido los hospitales nacionales considerarán como emergencias las siguientes situaciones:
.Paro cardiorrespiratorio o insuficiencia respiratoria aguda grave que requiera maniobras avanzadas de reanimación o asistencia ventilatoria.
.Obstrucción aguda de la vía aérea o compromiso respiratorio severo de cualquier etiología.
.Shock en cualquiera de sus formas (hipovolémico, cardiogénico, séptico, distributivo, obstructivo o anafiláctico).
.Síndrome coronario agudo, infarto agudo de miocardio y demás emergencias cardiovasculares con compromiso hemodinámico.
.Accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico y otras emergencias neurológicas tiempo-dependientes susceptibles de tratamiento específico.
.Estado epiléptico o convulsiones persistentes con compromiso del estado de conciencia.
.Traumatismos graves, politraumatismos, traumatismo craneoencefálico severo, lesiones medulares o cualquier otra lesión traumática con riesgo vital.
.Hemorragias masivas o activas con compromiso hemodinámico o riesgo de shock.
.Quemaduras extensas, profundas, eléctricas, químicas o asociadas a compromiso de la vía aérea.
.Sepsis, shock séptico u otras infecciones graves con compromiso sistémico.
.Intoxicaciones agudas, envenenamientos o sobredosis con compromiso de funciones vitales.
.Abdomen agudo quirúrgico, ruptura de aneurisma u otras patologías quirúrgicas con riesgo inmediato para la vida.
.Emergencias obstétricas, incluyendo parto inminente, hemorragia obstétrica, embarazo ectópico complicado, eclampsia, preeclampsia grave, desprendimiento prematuro de placenta y cualquier otra situación que comprometa la vida de la gestante o del feto.
.Emergencias pediátricas o neonatales con compromiso respiratorio, circulatorio o neurológico.
.Cualquier otra condición clínica que, conforme al criterio fundado del profesional médico responsable y a los protocolos asistenciales vigentes, implique un riesgo inminente para la vida o para la conservación de una función orgánica vital.
Asimismo se estableció que «en casos de emergencia, no podrá negársele ni restringírsele el acceso a la asistencia social o a la atención sanitaria a todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera sea su situación migratoria”.
Para acreditar la residencia permanente, los extranjeros deberán presentar el DNI que de constancia de la residencia permanente y, en el caso de extravío o renovación en trámite del documento, “se admitirá temporalmente la Constancia de Residencia Permanente en Trámite emitida digitalmente por la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) a través del sistema Radex”.
Privatización de la salud
En campaña el presidente Javier Milei dejó en claro, en reiteradas oportunidades, que su plan es avanzar hacia la privatización tanto de la salud pública como de la educación pública. Según su visión no deben existir ni salud pública ni educación pública. Son servicios que deben estar prestados únicamente por el sector privado.
Quienes no pueden afrontar este costo serían asistidos por el Estado nacional por medio de un «voucher» para atenderse en algún sanatorio privado o para poder asistir a un colegio privado. Esto no significa sin embargo que podrán atenderse en cualquier sanatorio privado, solo aquellos que acepten dichos vouchers.
Todos los especialistas coinciden en señalar que este sistema genera una competencia por la captación de estos vouchers con prestaciones a la baja para poder ser más competitivos y así pauperizando, aún más, los servicios que prestan y consagrando la desigualdad entre los sectores más pudientes y más postergados de la sociedad.