El Tribunal de Cuentas fue creado durante la reforma de la Constitución provincial avalada por José Alperovich. Bajo esta reforma, las autoridades del organismo obtuvieron cargos vitalicios y privilegios similares a los de los jueces de la Corte Suprema.
Tras una exhaustiva investigación, el programa El Avispero reveló denuncias de extorsiones para la aprobación de gestiones y gastos. Incluso el mismo programa denunció que recibió amenazas por las revelaciones de los negocios de Terraf.
El organismo, encargado de controlar los fondos del Estado, es presidido por Miguel Chaiben Terraf.
ANTECEDENTES DE PRESIONES DENTRO DEL TRIBUNAL
Dos auditores, Otto Vázquez y Mario Barcelona, denunciaron sobreprecios en casas de Lomas de Tafí. Tras estas denuncias, ambos fueron relegados en sus puestos y asignados a oficinas precarias, evidenciando represalias por sus acciones. Además, diversos funcionarios públicos aseguraron al programa que el presidente del Tribunal de Cuentas realiza intimidaciones para poder aprobar los gastos que solicitan.
EL ENTRAMADO DE NEGOCIOS FAMILIARES DE TERRAF
Esteban González, yerno de Terraf, trabajó como su empleado. Luis González, padre de Esteban, realizó negocios millonarios con el Estado, vendiendo bienes y mercadería por más de $500 millones en 24 acuerdos, a pesar de ser consuegro de Terraf. Esta relación pone en duda la transparencia de estas transacciones.
La investigación de El Avispero reveló que Esteban González cobraba dos sueldos, uno de la Legislatura y otro de la Caja Popular, y fue denunciado por malversación de fondos. Luis González, el padre, hace negocios millonarios con el aval de Terraf. Otros familiares de Terraf, incluidos dos yernos y un sobrino político, también están involucrados en negocios con el Estado, sumando millones en ingresos.
DENUNCIA DE UNA EMPLEADA DE UN ORGANISMO PÚBLICO
Luis González, de 84 años, figura como proveedor del Estado. Sin embargo, una empleada de un organismo público contactó a El Avispero, afirmando que el verdadero proveedor es un hombre joven de unos 50 años, que también se hace llamar Luis González. Esto sugiere un posible caso de suplantación de identidad.
DENUNCIA PENAL CONTRA TERRAF
El abogado Marcos Aníbal Rougés denunció a Miguel Chaiben Terraf por «mal cumplimiento de deberes de funcionario público». Según Rougés, Terraf no se excusó de intervenir en contratos de su consuegro, Luis Eduardo González, con el Estado provincial. La denuncia menciona 24 operaciones de venta autorizadas por Terraf durante 2022-2024.
A pesar de la demanda, Terraf siguió aprobando ventas al Estado. El 26 de junio, día en que se denunciaron sus maniobras, se concretó una venta, seguida de otras dos el 27 de junio. Hasta la fecha, hay 27 acuerdos irregulares, sin contar aquellos aún no conocidos.
FISCALÍA DEL ESTADO FRENÓ UNA LICITACIÓN
La Fiscalía del Estado, a través del decreto 1232/2024, declaró fracasada una transacción aprobada por Terraf donde Luis González intentó vender 240 bidones de agua y 12 dispensers. El motivo fue inconveniencia económica. Hay antecedentes de represalias de Terraf en situaciones similares.
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA
Durante el gobierno de Alperovich, se detectó que el interventor del Instituto Provincial de la Vivienda beneficiaba a sus familiares. Terraf, quien detectó estas irregularidades en su momento, ahora parece estar utilizando el mismo mecanismo para beneficiar a sus propios familiares.
Esta compleja red de influencias y negocios familiares pone en evidencia las profundas irregularidades en el Tribunal de Cuentas, comprometiendo la transparencia y el buen manejo de los fondos públicos.