La noticia que llegó desde Río de Janeiro en las últimas semanas con la denuncia formal y el pedido de prisión preventiva contra la abogada santiagueña Agostina Páez, acusada de gestos racistas en un bar de Ipanema, volvió a poner sobre la mesa un mensaje que en el fútbol femenino argentino ya se vivió con crudeza. En Brasil, este tipo de hechos tiene consecuencias judiciales inmediatas, y para extranjeros suele haber una preocupación central que condiciona todo el proceso: garantizar que sigan a disposición de la Justicia.
En deportes, el antecedente más cercano y más impactante fue el de Candela Díaz, Camila Duarte, Juana Cangaro y Milagros Díaz, jugadoras de River, que quedaron detenidas en San Pablo a fines de 2024, tras un episodio que tomó repercusión internacional y que las dejó con su carrera frenada de golpe.
El partido que lo cambió todo
El 20 de diciembre de 2024, River jugó ante Gremio de Porto Alegre en un torneo amistoso llamado Ladies Cup. El encuentro se desbordó, hubo una batalla campal, seis expulsadas del lado argentino y el partido terminó suspendido en el primer tiempo. En ese contexto, las futbolistas quedaron acusadas de realizar gestos racistas hacia un alcanzapelotas y rivales. En particular, una de ellas quedó más comprometida por las imágenes de televisión.
Lo que siguió fue un giro abrupto que excedió por completo lo deportivo. Las cuatro jugadoras fueron arrestadas, pasaron primero por una comisaría de San Pablo y luego fueron trasladadas a una cárcel de mujeres, donde quedaron incomunicadas. Pasaron la Navidad detenidas y recién recuperaron la libertad antes de Año Nuevo, pero sin una salida real del problema.
Aunque fueron liberadas, la Justicia brasileña no les permitió regresar a Argentina. Así empezó la parte más larga y más angustiante del episodio ya que estuvieron más de 50 días en Brasil, lejos de sus familias, con el torneo de Primera División del fútbol femenino argentino ya en marcha y con River compitiendo sin ellas.
Mientras el plantel “millonario” retomaba la actividad en el campeonato local, las jugadoras permanecían en San Pablo a la espera de definiciones. En ese tiempo, según la información disponible, vivían en un departamento costeado por el club, que también se hacía cargo del gimnasio, la comida y los gastos diarios, para que pudieran sostener un mínimo de rutina física mientras la causa seguía su curso.
El club, siempre según lo informado, contrató abogados locales y envió un equipo legal para atender el caso. También había expresado su repudio a los gestos discriminatorios y había anticipado medidas disciplinarias, aunque después el manejo del tema se volvió hermético y con pocas actualizaciones públicas.
En el medio, apareció la posibilidad de que las autorizaran a regresar a la Argentina y que volvieran a Brasil cuando fueran citadas. Pero, de acuerdo a lo señalado, desde la Justicia brasileña existía una resistencia ligada a la falta de garantías sobre el retorno de las futbolistas en caso de que el proceso avanzara a juicio.
En paralelo, las jugadoras recuperaron el contacto con sus familias cuando se levantó la incomunicación y pudieron volver a usar sus celulares. Algunas incluso reanudaron publicaciones en redes sociales.
La espera se cerró cuando la Justicia firmó el permiso para que las futbolistas pudieran salir de Brasil y regresar a Argentina, 56 días después de haber sido detenidas y procesadas.
El regreso, de todos modos, no significó un cierre definitivo ya que el expediente seguía abierto, y la causa podía escalar a una instancia de juicio a mitad de año. A la vez, el impacto deportivo era evidente: además del freno competitivo y emocional, el equipo debía reorganizarse en plena competencia, y las futbolistas necesitaban un proceso lógico de puesta a punto para intentar volver a la normalidad.
Fuente: La Gaceta