La custodia oficial del ex presidente Mauricio Macri y el costo que representaba ese servicio de seguridad en sus recurrentes viajes al exterior fue un tema que generó polémica en los últimos días de la gestión de Alberto Fernández al frente de la Casa Rosada y que ahora el Gobierno de Javier Milei se niega a transparentar.
La novela política se originó con el decreto del ex mandatario peronista que pasaba esa responsabilidad a la Casa Militar y ante la confirmación de que pasaría algunos meses en España, medida que recibió cuestionamientos de la entonces oposición.
Ante la polémica generada, el entonces ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, había manifestado: «No me lo digan a mí, que el que firmaba las licencias a los custodios de Mauricio Macri era yo. Tuve que firmarle, con el estómago un poquito revuelto, los viajes a Macri a la FIFA o a Qatar, pero es lo que dice la ley y yo puse el ganchito».
Cuatro días después de concluido su mandato, Alberto Fernández se despachó en redes sociales sobre la cuestión y adhirió a lo planteado por Aníbal Fernández: «Precisamente por esas normas es que el ex presidente Mauricio Macri contó en muchas ocasiones con el servicio de custodia (a mi juicio con razón) viajando a los más variados lugares del mundo algo que podría entenderse si se tienen en cuenta las funciones que asumió en la FIFA».
E instó: «El periodismo serio de investigación puede solicitar la información que corroboran los gastos».
Sin embargo, y a pesar de que se trata de un servicio financiado exclusivamente con fondos públicos, el Gobierno de La Libertad Avanza se niega a dar información del tema.
Noticias Argentinas cursó un pedido de acceso a la información pública al Ministerio de Seguridad para conocer la cantidad de viajes al exterior que habían tenido que realizar los custodios designados por el Gobierno para hacerse cargo de la seguridad de Macri en sus salidas del país.
Además, la presentación realizada por esta agencia apuntaba a obtener información sobre el costo de ese servicio: el valor de los pasajes y las estadías en otros países, así como también los viáticos que hubieran percibido los agentes designados a la custodia oficial.
Obviamente, no se requería información sobre los nombres de los uniformados u otros datos sensibles: simplemente se buscaba consignar la cantidad de dinero público que se había destinado para custodiar al ex mandatario en sus viajes por el exterior.
Conferencias en universidades de Estados Unidos y España sobre liderazgo; el Mundial de Qatar 2022; viajes a la ciudad suiza de Zurich y otros lugares del mundo en su rol de presidente ejecutivo de la Fundación FIFA: desde su salida de la Casa Rosada, Macri tuvo una intensa agenda internacional.
Pese a ello, el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, se negó a brindar esos datos, alegando que se trata de «información que pueda ocasionar un peligro a la vida o seguridad» del líder del PRO.
En su respuesta denegatoria del planteo realizado por NA, el Ministerio de Seguridad recordó que su Resolución 757/2018 aprobó las «Pautas de organización del servicio de protección de estado y custodia» y el «Protocolo de organización de los recursos humanos y materiales afectados a los tres niveles de protección de Estado y custodia»: el último de estos documentos tiene carácter reservado y ambos son aplicables a la custodia de los ex Presidentes de la Nación.
«Debe tenerse en cuenta que las referidas pautas de organización estipulan la confidencialidad y el secreto profesional de todos los miembros de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales que sean afectados al servicio de protección de estado y custodia, incluyendo toda información relacionada con el protegido, su familia, su entorno, y lo relacionado a los pormenores y situaciones que tengan relación o referencia a su función específica y la del equipo al que pertenece, y a toda la que tenga acceso como consecuencia del desempeño de su actividad laboral», añadió la justificación oficial.
Por ello, la cartera policial consideró que «resulta claro que, en este caso, el solo hecho de responder a las consultas planteadas terminaría por afectar la efectividad o la seguridad de operaciones de las Fuerzas de Seguridad que las realizan».
«Procede, en consecuencia, la reserva de la información y no se corresponde su publicidad», concluyó la respuesta del Ministerio de Seguridad.